Denunciante Novato
 |  El Estado es ineficiente a la hora de proteger a sus mujeres.
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 |  En las últimas semanas el país ha sido testigo de la difícil situación por la que atraviesan miles de niñas y mujeres. Además del maltrato físico, se han hecho evidentes otros tipos de violencia, como el secuestro, las intimidaciones y los asesinatos. Así no parezca común, las cifras de Medicina Legal demuestran que, en promedio, cada tres días es asesinada una niña en Colombia. El caso que ha generado más indignación es el de la niña de siete años en Bogotá, asesinada y violada por Rafael Uribe Noguera.
Solo en 2016 fueron abusadas 15.082 mujeres en Colombia, de las cuales 6.265 están en el rango de 10 a 14 años, según Medicina Legal. Semanas antes de que se cometiera el crimen en Bogotá, la organización Sisma Mujer le envió al Gobierno Nacional un informe sobre el cumplimiento de la Ley 1257 de 2008, la cual, en teoría, protege a las mujeres de todos los tipos de violencia. Pese a que han pasado ocho años desde que se promulgó, los avances son mínimos. Así lo concluye Sisma Mujer.
De acuerdo con la información de Sisma, el Estado no ha logrado ejecutar los principales proyectos que se necesitan para proteger a las mujeres. Para cumplir las metas que el Gobierno se trazó con la ley 1257 de 2008 se necesitan mejoras en acceso a trabajo, educación, salud y justicia. Las falencias y el rezago en las políticas públicas, según la organización, demuestran que la Ley está vigente en el papel.
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Salud
Una de las obligaciones que tenía que cumplir el Gobierno consistía en actualizar los protocolos y las guías hospitalarias para los casos de violencia contra las mujeres. Pese a que el Ministerio de Salud elaboró un protocolo de atención integral en salud para las mujeres, este no ha sido adoptado por las instituciones ni divulgado, según Sisma Mujer.
“El sistema de salud es uno de los más reticentes para incorporar un abordaje integral y especializado de las violencias hacia la mujer, dado que el mismo requiere capacidad, formación y recursos institucionales que al parecer el modelo privado de salud no está dispuesto a brindar”, señala el informe.
En los últimos meses, el Ministerio de Salud comenzó un proceso para activar los protocolos contemplados en la Ley, los cuales estaban estancados desde 2008. Para el ministerio actual no ha sido fácil, pues también tuvo que poner en práctica el protocolo de atención de urgencias para mujeres víctimas de agentes químicos. Este proyecto, según la entidad, sí presenta buenos resultados.
La organización Sisma Mujer reconoce que el Ministerio de Salud ha invertido cerca de 464 millones de pesos en elaboración de protocolos. No obstante, “la atención específica de las violencias contra las mujeres no constituye un aspecto central en la formulación de la política integral de salud vigente”. Es necesario, según los investigadores, que se corrija el problema por la “falta de talento humano capacitado, alta rotación del personal y ausencia de programas de inducción y reinducción con contenidos específicos sobre el abordaje integral en salud de la violencia sexual”.
Trabajo
Para Sisma Mujer resultó paradójico que el Ministerio de Trabajo no hiciera esfuerzos suficientes prevenir los casos de acoso sexual en el trabajo, pues el mismo ministerio confirmó que el 13% de la población que trabaja ha experimentado conductas de acoso sexual en el lugar donde labora. No obstante, Sisma Mujer reconoce que el Ministerio ha realizado esfuerzos para “impactar en la igualdad salarial y la equidad de género en el sector privado”.
Uno de los proyectos bandera del Ministerio de Trabajo ha sido Sello Equipares, al que se vincularon 54 empresas. Dichas compañías se comprometieron a disminuir las brechas entre hombres y mujeres. Otro punto a favor del ministerio es el siguiente: “sobre la participación de las mujeres en espacios tripartitos de deliberación y concertación de políticas laborales, el principal avance reportado es la creación, en marzo de 2016, de la Subcomisión de Género de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales”.
Educación
El Ministerio de Educación se rajó en la evaluación que hizo Sisma Mujer. No logró, como lo ordenaba la ley, “evitar la desescolarización de niñas y adolescentes víctimas de violencias; incorporar en los proyectos pedagógicos el tema de no violencias contra la mujer; ajustar los manuales de convivencia para erradicar los estereotipos que reproducen la violencia y discriminación contra las mujeres en el ámbito educativo y asegurar la asistencia técnica a las entidades territoriales para que las secretarías de educación y las instituciones educativas definan rutas y procedimientos de atención de casos de violencias contra la mujer”.
El Ministerio, como lo dice el informe, se limitó a presentar avances en la implementación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar. Al respecto, Sisma señala lo siguiente: “Sin desconocer la pertinencia de los lineamientos y las herramientas para la convivencia
escolar introducidos por dicho sistema es notoria la ausencia de contenidos específicos referidos a la prevención y el abordaje de la violencia contra las mujeres y niñas”.
Al ser consultado, el Ministerio de Educación señaló que se están desarrollando talleres con las 95 secretarías de educación para actualizar cifras y garantizar el seguimiento de los casos en donde hay violencia contra las niñas y adolescentes. Sin embargo, para Sisma las falencias van más allá de la articulación del ministerio con las entidades territoriales. Uno de los puntos que resaltó la organización es que “no se observan acciones articuladas con el SENA para avanzar en la habilitación ocupacional no tradicional desde el campo de la formación y educación técnica o para el trabajo”.
Justicia
Es el último punto pero no por eso el menos importante. La justicia ha sido un factor central en los casos de violencia contra la mujer. Después del caso de Rosa Elvira Cely, empalada y asesinada en Bogotá, se hicieron evidentes vacíos jurídicos que existían en los procesos de feminicidio (cuando una mujer es asesinada por ser mujer). Juzgar los feminicidios ha sido uno de los retos más complejos de la Fiscalía, pues usualmente tramitan estos casos como homicidios, con lo que disminuye la pena y se les pueden otorgar beneficios a los victimarios.
Sobre los feminicidios, la entidad llamó la atención sobre la impunidad: “solo en el 25 % de los casos investigados se arribó a una sentencia condenatoria, mientras que el mismo porcentaje corresponde a investigaciones vigentes pero inactivas y otro 16,6 % terminó con decisión de preclusión”.
En materia de acoso sexual, la Fiscalía entregó las siguientes cifras: 8.599 mujeres fueron víctimas entre 2008 y 2016, representando el 76% del total. La cifra en el caso de los hombres ascendió a 1.253. Sin embargo, en ese mismo periodo se abrieron 4.190 investigaciones, de las cuales 4.099 fueron archivadas, es decir, el 97%. Solo el 1.86% de los casos llegaron hasta la instancia de sentencia condenatoria.
En relación contra los delitos contra la libertad, integridad y formaciones sexuales, la Fiscalía informó que se abrieron, en los últimos ocho años, “103.689 investigaciones, de las cuales 81.637 han sido archivadas (78,7 %), 17.883 han tenido una condena (17,3 %), 3.956 han sido precluidas (3,8 %), y 213 han terminado por principio de oportunidad (0,2 %)”.
De estas cifras globales, dice Sisma Mujer, “cabe destacar que el mayor número de archivos ha sido sobre el delito de actos sexuales con menor de 14 años (33.090 ), seguido de acceso carnal abusivo con menor de 14 años (15.988 ) y acceso carnal violento (13.818 )”. En los casos de violencia sexual, por ejemplo, “máximo el 17% de los casos que ingresan a la administración de justicia tienen una respuesta a las víctimas, lo cual es claramente deficiente”.
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