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¿Quién se apiada de los alumnos de la San Martín?
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La intervención estatal a la Universidad San Martín evidenció que la educación superior en Colombia se ha venido ejerciendo prácticamente sin Dios ni ley. Miles de estudiantes se matricularon año a año en esa institución en programas que no contaban con registro calificado desde hace siete años. A raíz de estos hechos, autoridades como el Consejo de Estado empiezan a pedirles cuentas a los responsables.
Así, el alto tribunal le ordenó al Ministerio de Educación y a la Fundación San Martín que amplíen los alcances del plan de contingencia que elaboró hace unos meses para hacerle frente a la crisis que se destapó con la intervención estatal a esa institución educativa.
Para la corporación, ese plan no se debe reducir a devolver los dineros a los estudiantes matriculados en las distintas carreras y programas. También debe ocuparse de las personas que cursaron y aprobaron sus planes de estudio. Debe ofrecerles la oportunidad de obtener su grado en otra universidad, para atender a las expectativas que estuvieron tan cerca de concretar pero que no pudieron alcanzar por ser víctimas del engaño de las directivas de la universidad y de la actitud claramente omisiva de las autoridades educativas.
Así respondió el Consejo de Estado a una acción de tutela que interpuso un grupo de odontólogos que se matriculó en una especialización en cirugía oral y máxilofacial. Para el tribunal contencioso administrativo, la Fundación y el Ministerio deben adelantar las gestiones a las que haya lugar para que los cursantes del posgrado puedan homologar materias en otra universidad, a fin de que tengan la oportunidad de obtener su grado.
Esto significa que la labor que ha emprendido el Gobierno para reparar parte del mal causado a los estudiantes no se debe circunscribir exclusivamente a la parte financiera. En algunos casos la devolución de los dineros pagados por semestre no es suficiente. También se deben considerar los casos de los estudiantes que estaban a punto de graduarse y que no lo hicieron por culpa de este engaño. Por eso, se les debe permitir continuar su proceso en otras universidades.
Los demandantes lograron comprobar que fueron engañados por las directivas de la Universidad San Martín, pues confiaron en un supuesto registro del Icfes para inscribirse en el programa académico desde el 2011. Pese a que lo que ofrecía esa institución a la comunidad académica carecía de registro calificado desde el 2008, continuó promoviendo la vinculación masiva de estudiantes, principalmente mediante los medios de comunicación.
En la demanda se describe además cómo, a pesar de tamaña irregularidad, la Universidad siguió otorgando grados que contaban con el registro del Ministerio de Educación. El silencio que por años guardaron las autoridades educativas es para el organismo judicial una evidencia clara de la conducta omisiva de las instituciones frente al drama de los estudiantes de la San Martín.
Para el Consejo de Estado, el hecho de que ningún organismo se hubiese pronunciado ante el ofrecimiento de estos programas sin licencia convierte a las instituciones en responsables de la frustración de las expectativas de los alumnos. Su silencio, dice el fallo, fue un factor determinante para que miles de jóvenes se matricularan en cursos de pre y posgrado que no tenían el menor asomo de aprobación legal.
“Sólo en enero de este año se tomaron medidas académicas y administrativas de intervención, lo que demuestra claramente su omisión en el deber de vigilancia y control sobre las universidades, corporaciones, fundaciones, entre otras, que prestan el servicio a la educación superior”, dice la providencia.
Mientras las entidades responden a este llamado del alto tribunal, cientos de estudiantes continúan su drama y la Fiscalía avanza en la judicialización de los responsables del descalabro financiero de este claustro que pasó de tener un gran nombre en el país, a una gran estafa.
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