Gearóid Ó Loingsigh: El Acuerdo de Justicia: ¿Fin de la Impunidad?

PEDROELGRANDE · 07-10-2015 , 20:49:45

Escrito por Gearóid Ó Loingsigh

El acuerdo sobre la justicia firmado entre las FARC y el gobierno colombiano el pasados 23 de septiembre fue anunciado con bombos y platillos. Al igual que los otros acuerdos, estalló un gran regocijo entre las ONG, el gobierno, una parte de la prensa y los llamados intelectuales. Olvidaron por completo que las FARC en un comunicado del 2014, había declarado que no se someterían a la justicia. Pero como todo lo dicho por las organizaciones insurgentes en distintas partes del mundo, lo que anuncian que no harán, es el más claro indicio de lo que piensan hacer. Así tenemos un acuerdo sobre la justicia.

¿Realmente se justifican el optimismo, el alegría y la esperanza? Y si son justificados, ¿qué significan? Cuando las FARC firmaron los otros acuerdos sobre la cuestión agraria, drogas y participación política tuvimos que aguantar las declaraciones de las ONG y los llamados intelectuales anunciando, no sólo el fin venidero del conflicto sino la transformación del país. Cuando finalmente publicaron esos tres acuerdos pudimos ver cuán equivocados estaban, o mejor dicho, cuán cínicos eran. El Acuerdo Agrario es un documento patético, vacío de contenido, que no sólo no acuerda una mínima reforma agraria, sino que la descarta y enfoca la cuestión sobre las tierras de narcotraficantes y no las tierras de la oligarquía contra la cual las FARC se sublevaron hace tantos años. Además, no dice nada que no exista en la legislación actual de Colombia. Cómo lo señaló, en su momento, la senadora Claudia López:

Es muy importante que hayan hecho público los acuerdos con las Farc. No veo en esos acuerdos nada exótico, al contrario, yo los leo y me pregunto: ¿por esto nos hemos matado 60 años, por esto nos hemos dado tanto plomo, por esto hay seis millones de víctimas? ¿Por esto, por actualizar el catastro, por acordar que se financie el desarrollo rural, garantizar que a la gente no la maten si hace política? Esto a mí lo que me produce es vergüenza de patria. La gran revolución de las Farc terminó exigiendo que se cumplan las leyes que ya teníamos. Qué pena con el país, con las víctimas. Semejante matazón por cosas tan elementales.1

Tiene toda la razón. Ni siquiera el fondo de tierras es nuevo. En Colombia existe desde los años 60 una especie de fondo de tierras, se llamaba Incora y hoy en día se llama Incoder. Funciona mal, no hace lo que se debe, pero es un fondo de tierras, nos guste o no. Claro, este fondo de tierras es corrupto en extremo hasta tal punto que en vez de entregar tierras a los campesinos entregó 38.000 hectáreas, en Vichada, a parapolíticos y amigos del paramilitar Macaco.2 Existe también un modelo agrícola que desmiente cualquier intención de hacer siquiera una reforma parcial. Ese modelo es la entrega de baldíos de la nación a grandes empresas extranjeras y nacionales, lo que un analista ha llamado el modelo Riopaila.

La empresa compró 42 mil hectáreas en el Vichada para lo cual constituyeron 27 S.A.S. (Sociedad por Acciones Simplificada) a las cuales Riopaila les prestó el
dinero para comprar los terrenos. A su vez estas "empresas" le arrendaron los terrenos a Riopaila por el término de 30 años y por el mismo valor de los
baldíos.3
El caso de Riopaila no fue el único y todo eso ocurría mientras las FARC "negociaban" el Acuerdo Agrario. De pronto lo más decepcionante fue que sus puntos claves eran nada más que una copia del acuerdo firmado entre las URNG en Guatemala,4 país donde sabemos sin lugar a dudas que no hubo ninguna reforma agraria, sino una contralreforma agraria a punta de proyectos palmeros, azucareros y mineroenergéticos.

El Acuerdo de Justicia

Entonces, viendo como fue con el Acuerdo Agrario, ¿cómo nos puede ir con el Acuerdo de Justicia? El gobierno anunció el fin del conflicto para marzo del 2016 y salieron los de siempre a decirnos que gran acuerdo era. Valga aclarar que por el momento solo tenemos acceso al comunicado conjunto, el acuerdo como tal no se ha publicado. Aún así, se ha levantado mucha polémica. Aquí no vamos a referirnos a las diatribas de la derecha colombiana representada por Uribe, pues en todos los procesos de paz, las estupideces y bobadas de esa clase de gente solo sirven para distraernos de la realidad.

El acuerdo tiene varios puntos como una jurisdicción especial para juzgar a los guerrilleros, participación de jueces extranjeros, juzgamiento de agentes del estado y mecanismos para establecer la verdad, o mejor dicho asegurar que los que entran en el proceso digan todo la verdad.
Algunos comentarios enfatizaron el hecho de que también se juzgarán a agentes del estado y que el acuerdo reconoce la existencia de delitos políticos y delitos conexos por los cuales nadie será juzgado. Es decir, que el guerrillero que mata en combate no será procesado. Eso es visto como un avance y logro de las negociaciones. Pero debemos recordar que la idea de que el guerrillero es un criminal es algo relativamente nuevo y forma parte del nuevo orden mundial después del ataque a las torres gemelas. Antes se veía como un sublevado en armas, un actor altruista que no buscaba un beneficio personal. Así, ese logro es muy relativo, aunque no por eso, deja de ser importante.

Pero, no es cierto que los crímenes del estado se pongan al mismo nivel de la insurgencia. El acuerdo no dice eso, sino todo lo contrario. Mientras, los "intelectuales" aplaudían sin reservas al acuerdo cómo algo histórico, el Movice (Movimiento de Víctimas de Crímenes del Estado), se atrevió a hacer unas preguntas pertinentes y un cuestionamiento sobre el alcance del acuerdo.

Al Movice le preocupen varias cosas: el mecanismo para seleccionar los casos y los postulantes a la jurisdicción especial; los agentes del estado recibirán un tratamiento especial; no se sabe cuántos fiscales se encargarán de los casos de agentes de estado; la falta de claridad frente a la no repetición de los responsables de crímenes del estado, entre otras cosas. Respecto a los crímenes del estado el Movice afirma:

De otro lado, en la mayoría de crímenes de Estado no se han siquiera vinculado dentro los procesos penales a los máximos responsables y beneficiaros de estos hechos, por lo que el mayor número de casos no se remitirán a la Jurisdicción para la Paz y continuarán en la impunidad, repitiendo lo sucedido con la llamada Ley de Justicia y Paz, en donde la mayoría de los paramilitares desmovilizados nunca fueron investigados por su responsabilidad en crímenes internacionales y por tanto, nunca pasaron por el procedimiento establecido en la Ley 975.5

Efectivamente, en el proceso con los paras nunca tocaron a los máximos responsables, nunca tocaron a las empresas. Salvatore Mancuso declaró que la mayoría de las petroleras en Casanare pagaban a las AUC y sin embargo, no se les abrió investigación. En 2006, José Felix Lafaurie, capo máximo de los ganaderos agrupados en Fedegan, reconoció que los ganaderos habían financiado a los paramilitares de las AUC y además dijo que poseía información sobre los pagos de empresas nacionales, internacionales, palmeras y arroceras.6 No le pasó nada, nunca fue investigado, y tampoco le pidieron la información que tenía. Hay quienes quieren promover la ingenua esperanza entre la gente que gentuza como Lafaurie serán procesados, o que ellos contarán la verdad. Si no pasó en el momento del proceso con los paramilitares, no va a pasar ahora en el proceso con las FARC.

Las organizaciones de derechos humanos andan por el mundo promoviendo ilusiones en los sistemas de justicia y en los acuerdos de paz que se celebraron en otros países, sin siquiera mirar cual fue el resultado real de esos procesos. Así se habla de Sudáfrica como si fuera un gran éxito. Algunos policías no fueron indultados por sus crímenes pero a De Klerk, el máximo jefe de los escuadrones de la muerte, de los torturadores, del sistema de apartheid en sí, pues a él le dieron un premio nobel. Tal fue la impunidad en Sudáfrica que nunca tocaron a ninguna de las empresas beneficiarias del sistema y hoy en día Colombia es víctima de ese proceso, pues la empresa minera Anglogold fue uno los principales beneficiarios y victimarios del apartheid y ahora anda suelta por Colombia. No solo ha podido implantarse en este país, será uno los beneficiarios de la paz en Colombia, como lo fue en Sudáfrica.

En el 2012, la policía asesinó a 34 mineros en Marikana, Sudáfrica. Uno de los directores de la empresa minera era Cyril Ramaphosa, hoy vicepresidente del país. La
impunidad no es solo para las empresas de ayer sino para las de hoy también.

Si miramos a Guatemala, vemos que allí no hubo justicia para las víctimas de crímenes del estado. Después de mucha presión se hizo un intento de llevar al genocida Ríos Montt a juicio responsable por la masacre de 200.000 personas, y el intento fracasó. Fracasó a pesar de que el Acuerdo Global Sobre Derechos Humanos, firmado en 1994 estipuló que: (Continúa en próxima respuesta)

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