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| Usuario Expulsado Denunciante Ultra  |  El camino empedrado de la consulta antitaurina
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El camino empedrado de la consulta antitaurina Conceptos académicos adversos, una tutelatón, aparente escasez de recursos y supuesta falta de claridad jurídica le han salido al paso a la intención de animalistas y Distrito de acabar con las corridas en Bogotá.  Siguen surgiendo peros a la consulta antitaurina en Bogotá. Va a cumplirse casi medio año desde que varios grupos de animalistas le pidieron formalmente al alcalde Gustavo Petro que convoque una consulta popular a partir de la cual los ciudadanos decidan si quieren que sigan las corridas de toros en Bogotá. El camino ha sido difícil, no solo por sortear los engorrosos trámites y tiempos propios del Estado, sino porque, sobre todo en los últimos días, el pesimismo crece por cuenta de las declaraciones del Gobierno Nacional y la Registraduría. El más reciente anuncio lo hizo el registrador distrital, Jaime Hernando Suárez, que este viernes anunció que luego de solicitarle los recursos al Ministerio de Hacienda, desde allí le enviaron un comunicado en el que argumentan falta de claridad jurídica sobre el responsable de aportar los recursos, y da a entender que debería ser el Distrito. Para salir de la duda, al parecer, debe elevarse una consulta ante el Consejo de Estado, pero independientemente de la respuesta, los animalistas temen que los tiempos no den. Su propuesta, acogida por el Distrito en cabeza del alcalde Gustavo Petro, es que la consulte se realice el 25 de octubre, cuando hay elecciones en todo el país. De entrada la justificación es económica, pues de hacerse así todo saldría más barato. Sin embargo, detrás también hay un trasfondo de lógica electoral básica: celebrar la consulta en un día no electoral dificultaría la movilización ciudadana a las urnas. Hay que tener en cuenta que para que la consulta sea válida es necesario que vote, mínimo, la tercera parte del censo electoral de Bogotá. Son cerca de 1,8 millones de personas. La respuesta ganadora, el sí o el no, debe obtener al menos la mitad más uno de los votos, unos 900.000. Por eso, de darle más largas es posible que todo el movimiento antitaurino, que inunda las redes sociales, termine fracasando en una jornada electoral atípica en noviembre o diciembre en la que reine la abstención. Cronología El Espectador hace un recuento de las fechas más importantes de este recorrido, que se ha vuelto un camino lleno de espinas para quienes quieren acabar con las corridas en Bogotá. 26 y 27 de marzo Grupos de ciudadanos entre los que se encontraban Bogotá sin toreo, Besos x Bogotá, la Política del amor radicaron en la Secretaría General de la Alcaldía peticiones para que el alcalde iniciara el trámite que requería la convocatoria a una consulta popular en la que se preguntara lo siguiente: “¿Está de acuerdo, sí o no, con que se realicen corridas de toros y novilladas en Bogotá?”. La fecha propuesta es el 25 de octubre, día de las elecciones locales en todo el país. 23 de abril La Universidad Externado, ante convocatoria de la Alcaldía para que se pronunciara, rinde un concepto en el que considera que la pregunta, tal y como está formulada, no puede plantearse toda vez que excluye totalmente la realización de corridas de toros y novilladas en Bogotá a pesar de que sigue vigente el Estatuto Taurino. 27 de abril La Universidad Libre, ante convocatoria de la Alcaldía para que se pronunciara, rinde un concepto en el que afirma que es posible realizar la consulta siempre y cuando se reformule la pregunta, pues tal y como está puede afectar derechos fundamentales. 19 de mayo El alcalde Gustavo Petro radica en el Concejo la solicitud para que estudie la conveniencia de convocar la consulta. 28 de mayo Una comisión de cinco concejales comienza la discusión para definir si es conveniente la convocatoria de la consulta. Son ellos Yezid García (Alianza Verde), Darío Fernando Cepeda (Cambio Radical), Jorge Durán Silva (Partido Liberal), Clara Lucía Sandoval (Partido de la U) y Olga Victoria Rubio (Movimiento MIRA). 10 de julio Comienza la discusión en la plenaria del Concejo. Los concejales de la comisión no se pusieron de acuerdo para presentar una ponencia unificada, así que cada una llega por separado. Los cabildantes le piden a la Administración que, de acuerdo con la nueva ley de participación ciudadana, el texto que envió el alcalde debe ir acompañado de la firma de todo su gabinete de secretarios. El debate se aplaza. 11 de julio Se conocen las primeras declaraciones de Alfonso Portela, delegado de la Registraduría para asuntos electorales, que dice a los medios que el tiempo no alcanza para organizar la consulta para el 25 de octubre pues se requiere un reajuste de los sistemas que se usarán en los comicios de ese día. Asegura que el costo sería de $35.000 millones. 28 de julio 29 de los 45 concejales aprueban la conveniencia de realizar la consulta y esta pasa a revisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que estudie si la pregunta se ajusta a la Constitución. Solo seis concejales votaron por el no. 3 de agosto El colectivo Bogotá sin Toreo formula un derecho de petición a la Registraduría, en cuya respuesta se indica que hacer la consulta el 25 de octubre, día de elecciones, cuesta $11.061 millones, incluyendo la biometría. Sin incluirla el precio es de $1.061 millones. 20 de agosto El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declara la pregunta “ajustada a la Constitución”. 26 de agosto El alcalde Gustavo Petro firma el decreto 334, con el que convoca la consulta para el 25 de octubre “en virtud de los principios de economía y eficiencia”. Este ha sido el principal argumento de los impulsores de la consulta para escoger esa fecha, pues se aprovecharía la logística ya prevista para las elecciones locales de ese día. “Implicaría un aumento en el costo de las elecciones de apenas $300 millones”, declaró. Felipe Negret, presidente de la Corporación taurina de Bogotá, anuncia que interpondrá una tutela contra la decisión del Tribunal y una demanda contra el decreto. 27 de agosto Un grupo de taurinos interpone ante el Consejo de Estado no una, sino varias tutelas contra el fallo del Tribunal, argumentando que el fallo ignoró conceptos de la Corte Constitucional. 4 de septiembre El registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, anuncia que radicó la solicitud de los recursos ante el Ministerio de Hacienda. Afirma, por otra parte, que “existen unos contratos por separado para las elecciones de alcaldes, de gobernadores, de concejales y de juntas administradores locales y no hay que colgarle cosas a esos contratos como si fueran un arbolito de Navidad”. 13 de septiembre El alcalde Gustavo Petro insiste en que los costos son menores y anuncia que entablará acciones legales contra la Registraduría y el Ministerio de Hacienda por incumplir con un mandato ciudadano como este. 18 de septiembre El registrador Distrital, Jaime Hernando Suárez, dijo que recibió una respuesta del Ministerio de Hacienda que “pone en duda si es la Nación la que debe financiar” la consulta. El argumento es que en la nueva Ley de participación ciudadana (1757 de 2015) establece que, según el artículo 33 de esa norma, el alcalde “fijará fecha en la que se llevará a cabo la jornada de votación (…) y adoptará las demás disposiciones necesarias para su ejecución”. Por eso, la nueva propuesta de la Registraduría es que el Ministerio eleve una consulta al Consejo de Estado, para saber quién debe entregar el dinero, que, insiste, son $34.500 millones. FUENTE: elespectador.com  | |
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| SponSor  |  Re: El camino empedrado de la consulta antitaurina
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