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El paraíso (no tan secreto) de nuestros ministros

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Antiguo , 20:47:13   #1
Predeterminado El paraíso (no tan secreto) de nuestros ministros Calificación: de 5,00

Muy buen artículo, el resumen esta en el espectador, pero este es el articulo original.

La corrupción es una mierda, ¿no? En eso estamos todos de acuerdo. Nos asquea ese show eterno al que nos tiene sometidos la política colombiana, en el que cada cierto tiempo un político barrigón y encorbatado, con un charquito de baba blanca en la comisura de la boca, asegura con una sonrisa cínica que no, que nunca se quedó con una tajada de ese contrato, que nunca recibió ese soborno de 500 millones, y que mucho menos buscó influenciar a un funcionario público para que favoreciera un negocio en el que él o su familia tenían platica invertida.

Unos meses después vemos al cínico de turno desfilar ante un juez, condenado por un poco de delitos cuyos nombres parecieran estar diseñados para que el ciudadano del común no los pueda ni memorizar: prevaricato, cohecho, peculado, tráfico de influencias...

En VICE tampoco la vamos con los corruptos. Y por eso decidimos aliarnos con Poderopedia, una plataforma periodística que hace visibles a quienes tienen el poder político y económico en el país, para luego trazar las formas en las que se relacionan entre sí. Poderopedia busca mostrarnos quién manda en Colombia y cómo se mueven esos hilos invisibles del poder en un país donde, como escribió el senador Carlos Fernando Galán 'House of Cards es un juego de niños'.

Poderopedia decidió identificar qué conflictos de interés tienen algunos ministros del Gobierno Santos, a partir de la identificación de las empresas en las que ellos o sus familiares más cercanos han participado. Hacerlo nos permite evitar o alertar sobre riesgos de corrupción en un futuro, pues cuando conocemos de antemano qué intereses tienen los políticos y sus familiares, a ellos les queda más difícil aprovecharse de su poder para presionar a otros o tomar decisiones en sus cargos a favor de sí mismos (o de sus amigos y familiares): el clásico "tráfico de influencias", que en Colombia, dependiendo del caso, tiene una pena de entre 3 y 12 años de cárcel. La mayoría del gabinete de Santos, sin embargo, no opinó igual.

Haciendo un ejercicio básico de ciudadanía (en Colombia el derecho constitucional de petición y la Ley de Transparencia le garantiza a cualquier persona el hacerle preguntas y recibir respuestas por parte de cualquier funcionario público), les pedimos tanto a los ministros como al presidente y al vicepresidente que nos dieran una copia actualizada de su hoja de vida para saber las empresas en las que han trabajado o a las que les han prestado servicios profesionales; les preguntamos de cuáles sociedades han sido socios ellos o sus familiares y con qué entidades privadas han tenido algún tipo de litigio. Sin embargo, de entrada, nos encontramos con un rotundo "NO" de la mayoría (15 de 19).
Poderopedia decidió identificar qué conflictos de interés tienen algunos ministros del Gobierno Santos, a partir de la identificación de las empresas en las que ellos o sus familiares más cercanos han participado.

Así que lo que sigue en adelante es la historia de lo que los ministros no nos quisieron contar.


Respuestas a medias, excusas y silencios

El presidente encabezó el grupo de los que además de negarse a entregar el grueso de la información por considerar que sus empresas, las de su familia y su vinculación con el mundo corporativo, no deben ser de conocimiento de la opinión pública, se fueron por la salida fácil: Santos nos remitió a la breve reseña que se encuentra en sus sitios web. Por ese camino transitaron también Alejandro Gaviria, ministro de Salud; Natalia Abello, de Transporte; Juan Carlos Pinzón (por entonces de Defensa), Luis Eduardo Garzón, de Trabajo y Gina Parody, de Educación.

Otros sí enviaron su hoja de vida completa, pero nos salieron con los mismos argumentos para ocultar su vida comercial: Cecilia Álvarez-Correa, ministra de Comercio, Industria y Turismo; Diego Molano (hasta hace un mes el jefe de la cartera llamada de las TIC); Yesid Reyes, de Justicia, y Néstor Humberto Martínez, de la Presidencia, quien todavía no había renunciado a su cargo. Incluso él, que venía atado a montones de empresarios millonarios porque su firma de abogados tiene clientes del calibre de RCN, Caracol, Pacific Rubiales, Grupo Aval, Grupo Santo Domingo, etc., nos echó en cara lo generoso de su respuesta: "A pesar del derecho a oponer reserva sobre distintos aspectos de mi trayectoria personal y profesional, le anexo copia de mi hoja de vida". ¡Un bacán!

Como no somos abogados ni tampoco expertos en estos asuntos, consultamos a la Fundación para la Libertad de Prensa para tratar de entender las argumentaciones jurídicas que nos dieron estos funcionarios con vidas comerciales tan misteriosas. Allí estuvieron de acuerdo en que, a la luz de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información que ahora tiene Colombia (Ley 1712 de 2014), lo que estábamos solicitando debía ser entregado. La razón es que existe una clara diferencia entre el derecho a la intimidad de un funcionario público y un ciudadano del común, y que en eso han insistido esa ley, nuestra Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Cabe destacar que los ministros de Defensa (Pinzón, en ese entonces), Trabajo y Educación, contestaron los derechos de petición por fuera de los tiempos que establece la norma (máximo 15 días hábiles). Hubo también quienes nos ignoraron. De los ministros de Agricultura, Ambiente, Interior, Hacienda, Relaciones Exteriores y el nuevo ministro de las TIC nunca recibimos respuesta.

Los que sí hicieron juiciosos la tarea fueron el ministro de Minas, el vicepresidente y la ministra de Cultura, quienes nos contaron en qué empresas tienen acciones. Sin embargo, Vargas Lleras se negó a hablar sobre las sociedades de sus familiares, cosa que al menos sí hizo Tomás González. El ministro de Vivienda también contestó todas las preguntas y nos dijo que sus parientes no tienen empresas y que su participación en juntas directivas ha sido sólo en función de los cargos públicos que ha ocupado. Todos aseguraron que no tienen litigios con ninguna entidad privada.

Pese a la olímpica sacada de cuerpo de la mayoría de los miembros del gabiente, decidimos indagar por nuestra cuenta. Los rastreamos en bases de datos de Comfecámaras, hablamos con quienes los conocen y los han investigado anteriormente, escrutamos el Registro Público de Panamá, el de empresas en el Reino Unido y la División de Corporaciones de la Florida.

Finalmente, luego de algunos hallazgos sueltos —por ejemplo, el vicepresidente Germán Vargas Lleras, encargado por el presidente de coordinar los sectores de vivienda e infraestructura, tiene acciones en la empresa Manufacturas de Cemento S.A., que contrata con el Estado— dimos con una historia de mayores dimensiones.

Los intereses del alto gobierno en Panamá, justo cuando el país intenta frenar que anualmente se pierdan miles de millones de impuestos a través de sus laxas regulaciones para la empresa privada.

Panamá, el paraíso

En octubre del año pasado el gobierno colombiano decidió incluir a Panamá en su lista de paraísos fiscales porque, según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), por esa vía se le van al país, por año, alrededor de 4 billones de pesos que deja de recibir en impuestos (poco menos que el presupuesto anual destinado a educación en Bogotá).

El problema con los países a los que se les da ese título es que facilitan la evasión de impuestos y hasta el lavado de dinero. Para empezar, uno puede llegar allá y crear empresas fantasma con muy pocos requisitos y sin necesidad de figurar en los papeles como propietario. Luego va a tener que pagar impuestos muy bajos, o incluso no pagar nada, y, para completar, allá garantizan que el país no dará a nadie información sobre las transacciones que hace su empresa. Esa combinación hace que cualquier extranjero pueda fundar una compañía en un paraíso fiscal y esconder allí las ganancias que en realidad ha obtenido en su lugar de origen, sea de manera legal o ilegal.

Por ese tipo de facilidades, un sinnúmero de empresarios colombianos tiene registrados sus negocios al otro lado de la frontera, entre ellos varios familiares del vicepresidente y los ministros de Educación, Comercio, Agricultura y Salud.

Uno de los casos en los que encontramos más ramas fue el de la familia de la ministra de Educación Gina Parody, que tiene un conglomerado empresarial enorme en el sector marítimo y que registró en Panamá la sociedad Stain Bross en 1987. Además, entre 2001 y 2012, inscribió otras cinco sociedades, cuatro de ellas con Vivian, Arlene y Carlos Dahl, también empresarios de puertos de Cartagena. Los capitales de inicio de esas empresas suman más de $250 millones de dólares y en sus juntas directivas figuran el papá y los hermanos de la ministra.

Este asunto también toca a la ministra de Comercio, Cecilia Álvarez-Correa. Por los temas de su cartera, ella sí tiene que ver directamente con las negociaciones binacionales. En octubre de 2014, en plena crisis con Panamá, se reunió con su homólogo de ese país y, según dijeron varios medios, la agenda era bastante amplia sobre los efectos comerciales y turísticos de declarar paraíso fiscal al vecino. Pero los resultados del encuentro fueron cerrados, ninguno de los dos dio declaraciones ni publicó un comunicado.

Lo que sí es claro es que la ministra Álvarez debió hacer transparente su cercanía personal con el tema, no sólo porque ella y Gina Parody son pareja, y por tanto su familia política tiene intereses en Panamá, sino porque ella también estuvo vinculada como asesora de varias de las empresas de los Parody entre 2009 y 2010.

Otro empresario que tiene profundas raíces en el istmo es Enrique Vargas Lleras, hermano del vicepresidente, ya que es directivo de Stroyneftegazservice —SNGS S.A.—, una firma que se dedica a la explotación de hidrocarburos, que también tiene sede en Colombia y que fue matriculada en Panamá en 2006. Además, los hermanos Vargas Lleras, junto con su papá, tuvieron hasta 2004 otra empresa en ese país, que estuvo registrada por dos años bajo el nombre Anaco Development, pero que, según el propio vicepresidente, no realizó ninguna actividad y por eso fue liquidada, una movida típica de los paraísos fiscales.

En cuanto al ministro de Salud, su hermano, Matías Gaviria, también tiene vínculos comerciales con la frontera, a través de la junta directiva de la filial de Alimentos Cárnicos en Panamá, del Grupo Nutresa. En Colombia es además gerente de Novaventa, que pertenece al mismo grupo.

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Predeterminado Respuesta: El paraíso (no tan secreto) de nuestros ministros

Los contratos innominados

Cuando buscamos cómo se habían constituido esas diez empresas nos dimos cuenta de que siguieron una especie de esquema prediseñado: un formato que ya tienen listo las firmas de abogados en Panamá para fundar una compañía en cuestión de minutos. Sólo el pasaporte, la licencia de conducir, un documento con la dirección de residencia y una carta de referencia de cualquier banco fue lo que le pidieron a Ken Silverstein, un reportero investigativo quien escribió recientemente en VICE un reportaje sobre cómo funciona el mundo de los paraísos fiscales. "Nosotros no le pedimos información sobre su negocio", cuenta que le respondieron cuando quiso crear una empresa allá.

En los documentos que encontramos en el Registro Público de Panamá había varias coincidencias:

1) La mayoría de las sociedades se inscribió con un capital inicial de $10 mil dólares: sólo dos de los Parody declararon cifras en millones de dólares.

2) Los objetos sociales son prácticamente iguales para todas y con un contenido tan genérico que les permite ejercer cualquier actividad y realizar cualquier tipo de intercambio comercial, cosa que dificulta saber a qué se dedica en realidad cada compañía.

3) Muchos tienen el mismo agente residente, es decir, un abogado con licencia en Panamá que debe avalar y presentar a las sociedades para inscribirse. Como ese requisito ha sido monopolizado por varias firmas, no es casualidad que el bufete IGRA (Icaza, González-Ruiz & Alemán) sea el agente de siete de los casos cercanos a los ministros que revisamos y, a la vez, el de una fundación panameña que utilizó el extesorero del Partido Popular de España para controlar una estructura de negocios y transferencias internacionales con la que pudo hacer pagos ilegales y llevar una doble contabilidad en el partido, según información del periódico ABC de ese país. (¿Se dan cuenta del tipo de torcidos que permite el esquema panameño?).
4) A pesar de pertenecer a colombianos, en las actas de constitución de estas empresas dice que quienes las registraron fueron unos ciudadanos panameños que, además, ¡tienen a su nombre otras decenas de miles de sociedades! De hecho, algunas de las compañías de los Parody y los Vargas incluyen a estos multi-registradores en sus juntas directivas. Esto sucede porque en la ley panameña los suscriptores no necesariamente son los mismos accionistas —o sea, los propietarios, de hecho pueden ser intermediarios que conectan a los verdaderos dueños con los agentes locales—.

Con esas características comunes que identificamos, comprobamos en parte lo que critican la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización para la Cooperación el Desarrollo Económicos (OCDE) en su Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales: que el sistema panameño hace difícil conocer a los verdaderos dueños de una compañía o beneficiarios de una fundación, ayuda a ocultar su actividad real, no garantiza que haya información contable disponible y favorece la evasión de impuestos.

Lo llamativo es que esas prácticas, que llevaron a países como Estados Unidos, Francia, México, Argentina, España y Ecuador a considerar a Panamá como paraíso fiscal y a obligarla a firmar 25 acuerdos de intercambio de información, sólo entre 2010 y 2013, son las mismas prácticas que denunció el gobierno colombiano y las mismas que han utilizado los familiares de sus altos funcionarios, junto con otros miles de empresarios, para llevar sus capitales a ese país.

Por ahora las condiciones comerciales para todos ellos seguirán intactas. Luego de una impetuosa protesta por parte de Panamá, Colombia terminó por sacar a su vecino de la lista de paraísos fiscales y pactó la elaboración de un memorando de entendimiento entre ambos para llegar a un acuerdo de intercambio de información bancaria, a ver si el país logra recuperar algo de esa platica 'fugada'.

Con esto, los familiares de los ministros Parody, Álvarez-Correa, Gaviria, y también los del vicepresidente Vargas Lleras se salvaron de afrontar medidas duras, como costos mucho más altos para las transacciones que hacen con sus empresas en Panamá. Por eso, como parte de este ejercicio, Poderopedia trató de contactar a los altos funcionarios para conocer su opinión sobre las conexiones de sus parientes con ese país.

El vicepresidente nos contó que su empresa en Panamá cerró sin realizar ninguna actividad, pero no explicó por qué esa pasividad. Dijo que comparte totalmente las decisiones que tome el gobierno nacional y que sus funciones se limitan a lo que le asignó el presidente en septiembre de 2014 —infraestructura y vivienda, principalmente—.

Finalmente, acostumbrados a que nos ignoren los funcionarios del gobierno, no recibimos ninguna respuesta de los líderes de Salud, Comercio y Educación, a pesar de que hablamos con sus encargados de prensa, Ricardo Amórtegui, María Antonia Castiblanco y Alejandro Rey, respectivamente, y les enviamos varios mensajes de correo electrónico.


***

Con la evasión a nuestras preguntas, la complejidad del esquema empresarial panameño y las dificultades para saber quiénes están detrás de una empresa, tanto allá como en nuestro país, investigar estos asuntos se vuelve bastante dispendioso.
Pero no por eso el ejercicio deja de ser necesario: las actividades comerciales de quienes nos gobiernan y sus allegados se convierten en información de interés público desde el momento en que aquellos se vuelven funcionarios de lo público. Tan es así que cuando los congresistas se posesionan les exigen llenar un libro llamado "Registro de Intereses Particulares" para saber de antemano —antes de que empiecen a debatir leyes específicas— en qué otros sectores se desenvuelven.
Conclusión: si es importante saber qué intereses tienen nuestros legisladores, también deben serlo los intereses de los ministros del gabinete de un presidente de la República. Así este gobierno, empezando por el presidente, se lo pase por la faja.

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Etiquetas
corrupción, gobierno santos, ley de transparencia, ministros, noticias, paraíso fiscal

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