Las caras de la restitución de tierras

En un país sin conflicto armado es posible que al menos una parte de los desplazados vuelvan a las tierras arrebatadas por los violentos de uno y otro lado. De conseguirse podríamos decir que empezamos en serio la construcción de la paz.

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2015/08/01 22:00 Las caras de la restitución La Restitución de tierras en Colombia no es tarea fácil. El país asumió el reto de devolver los predios a las personas despojadas cuando el conflicto aún no ha llegado a su fin. Además, no se puede restituir en toda la geografía nacional sino en las zonas donde el Ministerio de Defensa afirma que existen las condiciones de seguridad para evitar una revictimización. Los desafíos son tan enormes como complejos. Los ocupantes de los predios no son solo guerrilleros, paramilitares o miembros de las Bacrim, sino que en muchos casos se trata de otros campesinos humildes igual de vulnerables a quienes reclaman. La Unidad de Restitución de Tierras también ha tenido que luchar contra avivatos que buscan obtener tierras haciéndose pasar como víctimas y contra complejos casos donde todos los documentos legales están en orden pero los campesinos fueron obligados a vender sino querían la muerte para toda su familia. “Debido a la complejidad muchos países ni siquiera han restituido predios sino que pagan un aproximado de lo que costarían los terrenos de los despojados”, asegura Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras. Desde que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras entró en vigencia en 2011 se han recibido más de 75.000 solicitudes de restitución y se han emitido 1.056 sentencias que han ordenado devolver más de 94.000 hectáreas a 3.127 familias*. Estas restituciones se han realizado en pocos municipios de Colombia, además, muchas solicitudes tendrán que esperar indefinidamente hasta que el orden público permita restituir en otros territorios o mientras que los reclamantes se enfrentan a las amenazas de testaferros y delincuentes. Entre el 2011 y el 2015 han sido asesinados 10 reclamantes de tierras y se han registrado más de 800 amenazas a solicitantes. En mayo de este año el grupo de Restitución de Tierras de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional capturó en Turbo (Antioquia) a tres personas que lograron permanecer en terrenos restituidos a campesinos y que presuntamente los amenazaban desde enero pasado, entre ellos estaría Álvaro Mesa Cadavid, hermano del diputado antioqueño Rodrigo Mesa, que dijo que invertir en el Chocó era como meterle perfume a un bollo. Así mismo, en los últimos 4 años se han capturado 110 personas por afectación a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. SEMANA viajó a Ataco (Tolima) y a Pivijay (Magdalena), dos regiones del país donde se desarrolla esta ley. En la primera el proceso ha avanzado de manera significativa y en la segunda el reto apenas comienza con las visitas de los topógrafos a los predios solicitados. Tranquilidad en las montañas Gran parte de las restituciones se realizan en zonas rurales de difícil acceso. Desde el casco urbano de Ataco se necesitan cerca de dos horas en carro para llegar a la vereda Balsillas, donde viven al menos unas 20 familias, pero donde solo hasta hace unos años la única que contaba con energía era la escuela rural. Las Farc solían dominar la zona y los constantes enfrentamientos entre el grupo armado y el Ejército fueron los responsables de que casi todos sus habitantes abandonaran la vereda entre el año 2000 y 2002. Dora Quijano fue asesinada a tiros el 4 de noviembre de 2001 y su familia aún no se explica por qué la mataron. Era la dueña de la tienda donde todos compraban el mercado o tomaban gaseosa y cerveza luego de arduas horas de trabajo. Según su hija, Esperanza Santofimio, era muy querida en Balsillas. “La sacaron del negocio, nos hicieron salir a todos y la llevaron al lavadero. Luego escuchamos varios disparos. Los tipos se fueron y nosotros entramos, pero ella ya estaba muerta. Le dispararon en la pierna, el ojo, el estómago y el cuello”. El miedo hizo que Esperanza abandonara de inmediato su casa. Sin embargo, en el 2005 retornó pues lo que ganaba en la ciudad no le alcanzaba para subsistir y prefería trabajar el campo aunque tuviera que arriesgar la vida. La tranquilidad solo llegó cuando la guerrilla abandonó el lugar y un juzgado de Tierras le devolvió oficialmente sus seis hectáreas de tierra el año pasado. Por su parte, a Azucena no fue la muerte lo que la llevó a dejar su finca, sino el temor por lo que pudiera pasar con sus hijas. Tenía dos niñas adolescentes y no quería que fueran reclutadas por los guerrilleros para ser sus esposas, así que empacó lo que pudo y las dejó en Bogotá. Regresó en 2005, pero nuevamente los enfrentamientos la hicieron abandonar su finca en 2007. El terror entre los pobladores de Balsillas era uno solo: ser señalado como informante del gobierno. Por eso, después de 2011, cuando la calma empezó a tocar las puertas de este municipio del sur del Tolima y llegaron la Policía y la Unidad de Restitución de Tierras, nadie se atrevía siquiera a dirigirles la palabra. “Lo primero que tuvimos que hacer fue ganarnos su confianza, era lógico el temor después de muchos años sin presencia del Estado. Entendieron que la Policía estaba ahí para solucionar sus problemas y brindarles ayuda, no sólo seguridad”, asegura el general Luis Eduardo Martínez, director de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional. Con el centro médico a más de dos horas de camino, el patrullero y enfermero de combate, Jader Alexis Angulo, se convirtió prácticamente en el médico de la vereda y en el principal responsable de que la Policía fuera aceptada en medio de las montañas de la cordillera central. Angulo atendía las fracturas de los niños, los accidentes de los campesinos e incluso las emergencias por picaduras de alacranes, muy comunes en la región. “Llegué incluso a suturar o a prestarle primeros auxilios a alguien para luego tener que judicializarlo. A la comunidad le damos capacitación en actividades agrícolas y prevención de riesgos”, comenta. Con la llegada de la fuerza pública también llegaron las primeras sentencias de Restitución. Azucena recuperó su tierra, le construyeron su casa y hoy tiene un proyecto productivo con 5.000 plantas de café, tres reses y varios cerdos; mientras que Heriberto Saenz, otro campesino nacido y criado en Balsillas, recibió hace una semana la sentencia donde le otorgabron la titularidad de 18 hectáreas y un dinero para que comprara ganado y sembrara pasto de corte. Igual suerte corrieron las demás familias de la vereda Balsillas y de otras del municipio de Ataco, convirtiéndose en una de las zonas más exitosas del programa de Restitución de tierras, donde se han fallado 134 sentencias y entregado 5.082 hectáreas a 167 familias. Recuperando lo perdido “Yo ya daba esto por perdido, hasta hace poco ni me hubiera atrevido a venir por aquí”, asegura Omaira Ropaín, quien junto a 6 hermanos reclaman un predio en zona rural de Pivijay en Magdalena. Después de que su proceso estuviera quieto durante años, la semana pasada viajó hasta el lugar con topógrafos de la Unidad de Restitución de Tierras para indicar los linderos del predio que los paramilitares le arrebataron hace casi 15 años. El mismo que durante mucho tiempo utilizaron como base de operaciones y donde la familia Ropaín afirma que se sentenciaron y ejecutaron cientos de personas debajo de un gran árbol que hay en medio del terreno. Omaira fue obligada a vender más de 90 hectáreas por solo 35 millones de pesos, aunque al final no le quedó nada porque los paramilitares le descontaron la vacuna que siempre le cobraban por dejarle sacar la leche que vendía en Barranquilla. En Pivijay el proceso de restitución apenas comienza. Si en Ataco la guerrilla fue la principal responsable del desplazamiento, aquí lo fueron los paramilitares. Los reclamantes tienen terror y muchos de ellos prefieren no dar sus nombres ni mostrar su rostro por temor a que los terratenientes y testaferros que puedan quedar en la región tomen represalias en su contra. “En menos de una semana tres personas me han cancelado la cita. Aunque les explico que la zona es segura y que contamos con varios anillos de seguridad de la Policía, siguen con miedo. Esa es una de las cosas más difíciles del proceso en la región”, afirma Iván Achury, topógrafo de la Unidad de Tierras. Sin duda, el Magdalena es una de las regiones con más solicitudes de restitución y sólo en este municipio, no muy distante a Santa Marta, hay casi 500 reclamantes. Eusebio Márquez, un campesino de 80 años, es uno de ellos y no pierde la esperanza de recuperar su finca ubicada a 45 minutos de Fundación. “En el 2000 me querían obligar a venderles, me robaron el ganado y mataron a mi primo, nunca más me pude aparecer por acá. Solo me decían que necesitaban mi finca para poner una base”, comenta. Su primo murió tratando de protegerlo. Cuando se negó a decir dónde se encontraba Eusebio, lo amarraron de pies y manos a un árbol, lo abofetearon y golpearon con un revólver hasta que empezó ahogarse con su propia sangre. Obligaron a un ayudante de la finca a cavar un hueco, para finalmente decirles que entraran en él y darles un tiro de gracia en la cabeza. Se llevaron las 18 reses del campesino y dejaron advertencias con otros vecinos de que “no responderían por brazo o cabeza mocha si lo volvían a ver”. A pesar de que ya midieron las 18 hectáreas del predio que reclama, Eusebio todos los días espera que le digan que el lote es suyo nuevamente. Sin embargo, esto tardará ya que se deben confrontar las mediciones hechas en terreno y esperar que en la etapa judicial se emita una sentencia. Por otro lado, los topógrafos tienen una labor más compleja pues tienen que hacer las mediciones de cerca de 600 predios y la tarea apenas comienza. Cada desplazamiento implica el despliegue de decenas de hombres de la Policía de Carabineros que deben velar por la seguridad de los reclamantes y los funcionarios. “Los predios están a horas de viaje en carro y en muchas ocasiones se camina hasta tres horas más pues la topografía del terreno impide el paso de los vehículos. En un día podemos llegar a medir sólo un predio”, asegura. Una vez llegan a los terrenos hacen marcaciones e ingresan los datos en un GPS, se ponen unas placas de la Unidad de Tierras en los puntos medidos y en Bogotá se procesa la información y se elaboran los planos. Los campesinos esperan las sentencias para ponerle punto final a décadas de padecimiento y cada vez ven más cerca ese momento. “Todo lo dejamos en manos de Dios, pero estamos muy contentos y optimistas, por fin parece hacerse justicia”, concluye Omaira. *Cifras Unidad de Restitución de Tierras, corte marzo 31 2015

Fuente: Semana