¿que esconde la fiscalia?

Hay una antiquísima forma de eludir las responsabilidades institucionales: señalar a otros, y perseguirlos si es el caso, para ocultar la vinculación directa en la comisión de un ilícito.

Esa es una práctica común entre los delincuentes: al verse sorprendidos, señalan como cómplice al primero que se les atraviesa y aprovechándose del muladar de la justicia colombiana, pasan a ser testigos estrella para desviar la acción judicial que correspondería adelantar en su contra.

Es que sorprende que el DAS sea el único organismo que hasta el momento ha sido señalado por las “chuzadas” contra políticos, policías, militares, periodistas y magistrados (juristas que anhelan ser políticos). También llama la atención que solo los funcionarios del DAS están siendo investigados y tanto directores como ex directores han sido los únicos que han tenido que ponerle el pecho a la briza.

Hay que aclarar una cosa: ¿el procedimiento era competencia exclusiva del DAS o la Fiscalía forma parte integral de las interceptaciones? Dice El Tiempo que en la reunión del Presidente con los miembros de las cortes, el director del DAS “dio algunas explicaciones sobre cómo funcionan las salas de interceptación. Les dijo a los magistrados, por ejemplo, que todas las interceptaciones se controlan en la llamada Sala Esperanza y que esta es administrada por la Fiscalía.”

Así las cosas, ¿por qué no se le ha exigido una explicación al Fiscal General de la Nación? Es que el escándalo no debería ser enfrentado solamente por el director del DAS, sino también por el Fiscal Iguarán.

Sin embargo, es obvio que el Fiscal General no tendrá que dar explicaciones, pues sus reuniones como fuente le han permitido blindarse mediáticamente en el escándalo. No obstante, el Fiscal General debería contarle al país quién o quiénes dirigen la Sala Esperanza, qué acciones ha tomado para perseguir y castigar las continuas interceptaciones ilegales que terminan siendo filtradas y divulgadas en especial por dos medios en particular y sobre todo, cómo le va a responder al país por el deterioro de la ayuda internacional que se concentraba en el proyecto Esperanza, encabezado por la Fiscalía, cuya financiación fue reasignada por el gobierno británico.

Iguarán ha pasado de agache en este escándalo, cuando también debería ser el centro de atención de los medios y de las autoridades. Incluso el Fiscal afirma que el tema hiede, pero los hedores nauseabundos también salen de la Fiscalía y él los ha disimulado con aromatizantes esparcidos en opíparas parrandas compartidas con los denunciantes.

De igual forma, es un exabrupto que una de las partes involucradas en las “chuzadas” sea la cabeza investigadora, es decir juez y parte en el proceso, así los medios y el propio Fiscal traten de ocultar la participación del ente investigador en el escándalo. No es posible, ni lícito, que si la Fiscalía tiene por lo menos la mitad de la responsabilidad legal en las interceptaciones, y a su cargo está el sistema central que permite o rechaza el procedimiento; sea la misma Fiscalía la que investigue y tenga la posibilidad de enjuiciar a algunos presuntos implicados del DAS, mientras la institución judicial sale inmaculada del escándalo.

La lista

El tema de las interceptaciones ilegales se ha sesgado exclusivamente a la presunta persecución a opositores y magistrados (valga la redundancia), pero se ha dejado de lado un elemento fundamental: las chuzadas a funcionarios, lo que demostraría que el delito tenía un propósito distinto al que han venido exponiendo los medios y la oposición.

En el cuadro publicado por El Tiempo están, entre otros, Enrique Peñalosa, Aurelio Iragorri (partido de la U), Rodrigo Rivera, Javier Cáceres y José Renán Trujillo… todos ellos cercanos al uribismo. Estos nombres abren un escenario muy distinto al que se ha venido planteando, pues las presuntas chuzadas tendrían que ver, no con persecuciones políticas, sino con un negocio montado por funcionarios del DAS y de la Fiscalía, para vender registros confidenciales al mejor postor, entre otros, a aquellos que se lucran con la difusión de la información.

No obstante, más allá de los políticos escuchados de manera ilegal, la lista demuestra que las chuzadas se convirtieron en verdaderas amenazas contra la seguridad nacional. Los criminales del DAS y de la Fiscalía tenían interceptadas las líneas de la Presidencia de la República, lo que pone en riesgo la seguridad no solo del Presidente y demás funcionarios del Estado, sino del país, por cuenta de los temas sensibles que se pueden abordar en una conversación telefónica.

Evidentemente el asunto es turbio, no por lo político, sino porque queda al descubierto que lo de las interceptaciones era o es un negocio cuya mercancía se ofrece al mejor postor. Esto es grave: ciertamente a los medios que compran el fruto del delito solo les sirven los escándalos. Sin embargo, si la información se refiere al desplazamiento del Presidente a un lugar determinado, o a la ubicación de algunos reinsertados que han desertado de las filas del terrorismo (para eso tenían chuzada la Dirección de reinserción de la Presidencia), el comprador de la mercancía tiene propósitos criminales como atentados terroristas o eliminación de excombatientes convertidos en informantes.

Pero la situación va más allá. En la lista aparece el mayor Carrascal, quien ocupa un alto cargo de seguridad en la base aérea de Catam, precisamente el sitio en el que pernoctan los aviones del Presidente y del Ministro de la Defensa, entre otros. En esa misma dirección apunta la interceptación del teléfono de la esposa del Ministro, pues de los datos que ella comentara desprevenidamente, más los recaudados en las conversaciones que sostenía el militar encargado de la seguridad de Catam, se tenía la confirmación, por cruce de referencias, de información valiosa para atentados terroristas. ¿A quién o a quiénes les interesa esa información? ¿Para qué la necesitan? Esto no se puede responder, porque los criminales se convirtieron en fuentes que gozan de impunidad por cuenta de la reserva periodística y, ¡oh paradoja!, tratan de demostrar que el delito se cometió, entregando pruebas a cuentagotas que solo confirman la existencia de un negocio de espionaje que se vale de los instrumentos de inteligencia del Estado.

La oposición y los medios de comunicación están prestando un flaco servicio al país al sesgar el tema de las interceptaciones y fijar la mira únicamente en algunos funcionarios del DAS. Es preciso que la Fiscalía sea incluida en las pesquisas para que el panorama se comience a aclarar.

Pero además, es urgente que se aborde el delito de manera integral, es decir, la indagación para ubicar no solo a los vendedores sino también a los compradores de la información: si los medios de comunicación han adquirido el material que es resultado de un crimen, no pueden ni deben ser amparados por el secreto profesional de no revelar las fuentes. En países realmente serios, el fruto que provenga del árbol prohibido no solo es descartado como evidencia, sino que en el caso de la actividad periodística, se anula la reserva de la fuente.

De igual forma, los compradores interesados no en los escándalos, sino en material valioso para su accionar criminal, deben ser ubicados y judicializados, pues como dicen por ahí, es tan culpable el que peca por la paga como el que paga por pecar. ¿Qué se ha dicho de los que han pagado por el pecado? ¿Daniel Coronell, Alejandro Santos y Juan Manuel López han puesto la cara en un escándalo que los involucra directamente como beneficiarios del ilícito?

Lamentablemente no han sido ni serán mencionados, pues forman parte de las vacas sagradas del establecimiento colombiano.