Fiscal de bolsillo pide facultades extraordinarias para Santos

La opinión pública es muy simplista. Blanco o negro y punto y en esto de la paz si que se polariza, pero no se detiene a pensar en lo que dice, simplemente acusa, descalifica y condena sin mayores elementos de juicio.

Veamos:

La refrendación popular a los acuerdos conseguidos en La Habana tiene dos fines fundamentales: fortaleza jurídica y legitimidad política. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Si lo que se pacte con las Farc debe consultarse por medio de referendo, todos los temas tratados deben ser puestos en el tarjetón y por cada uno debe haber una pregunta según mandato de la Corte Constitucional. En plata blanca, 40 o 50 preguntas deberán ser leídas y votadas lo que torna en imposible un referendo de tal tamaño. Así, aparte del viacrucis de poder conseguir el umbral, si el presidente más popular de la historia reciente, Álvaro Uribe no pudo sacar el suyo que contenía sólo 15 preguntas y sólo consiguió aprobar una, imaginémonos el desastre de éste, casi un libro con montones de preguntas que cada votante deberá marcar antes de depositar el tarjetón en la urna.

Puede acudirse a la consulta popular en la que hay una pregunta de carácter general, pero puede hacerse sobre un tema que no modifique la Constitución Nacional. Como algunos de los tratados implicas reformas constitucionales, no sirve. El plebiscito, tiene similares problemas ya que la pregunta debe ser sobre un tema que no requiera de aprobación por el congreso y como algunos de los pactados deben ser llevados al legislativo, tampoco sirve.

Entonces es mejor que nos bajemos de la nube y dejemos de pensar en pajaritos de oro sobre el tal cacareado referendo, porque no es posible llevarlo a cabo. ¿Y entonces? Es aquí donde surgen temas como el de las facultades extraordinarias al presidente para que lo apruebe o una consulta paralela a la opinión pública, por fuera de las consagradas en la Constitución, algo así como la séptima papeleta que le abrió el camino a la Asamblea Constituyente y terminó en la expedición de la Reforma de 1991.

No se está conspirando contra el país, ni se está prohijando una dictadura. Simplemente se está pensando qué carajos hacer para que lo pactado en La Habana lo apruebe el pueblo y esto requiere de buscar caminos viables. El colmo sería que se aprobara el fin del conflicto armado y luego fracasara simplemente porque no hay manera de consultarle al pueblo porque la misma ley lo impide. Y si se trata de buscar otros mecanismos, de inmediato se tacha a los que los proponen como consuetas del gobernante.