Millonaria estafa a tres oficiales

Lo llamativo de este asunto no es la estafa en sí misma, grave y alarmante, pero no es sino una de muchas en que los vivos joden a los demás. Lo que genera suspicacia son los actores del drama, dos generales y un teniente, y el monto perdido, más de cuatro mil millones de pesos. Hay de por medio préstamos, hipotecas, etc., pero de todas formas, ¿apenas con sus sueldos pudieron reunir un capital tan cuantioso? Puede que sí, ni más faltaba, pero queda la duda.

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25 MAR 2015 - 11:47 PM Los militares y sus familias perdieron más de $4 mil millones Millonaria estafa a tres oficiales Empleados del Banco Popular engañaron a dos generales y a un teniente para que, sin saberlo, pagaran las deudas de una compañía. Por: María Flórez El general (r) Marino Gutiérrez Isaza fue comandante de la IV División del Ejército. /Pamela Aristizábal Dieciséis años duró el general (r) del Ejército Marino Gutiérrez Isaza intentando recuperar los US$112 mil que uno de sus más queridos subalternos le arrebató en 1997. Ese año, el general tenía por íntimo amigo al teniente (r) Ramón Nova, a quien le había puesto en el pecho dos medallas “por sus buenos servicios al Ejército”. Valiéndose de su cercanía, Nova le propuso al general invertir en lo que, según él, era una próspera compañía: Arprint S. A., una fusión entre una fabricante de artículos de caucho y la productora de tinta Arprint de Colombia. La primera era propiedad del teniente Nova y de su hermano Daniel; la segunda, de sus amigos Amparo Salazar y Uriel Mesa. En suntuosas reuniones sociales, los dueños de esas empresas le vendieron la idea al general de invertir capital en lo que parecía un próspero proyecto. Entusiasmado, el oficial invitó al general Carlos Méndez y al mayor Héctor Rodríguez. Los tres militares involucraron en el negocio a sus familiares cercanos, entre ellos al conjuez de la Corte Suprema de Justicia Hugo Humberto Rodríguez. Todos se convencieron de invertir en Arprint, no sólo por la estrecha relación que existía entre el general Gutiérrez y los Nova, sino porque la solidez financiera de la propuesta estuvo respaldada por dos funcionarios del Banco Popular: Marco Fidel Urbano, gerente de la regional Bogotá, y Myriam Ramírez, a cargo de una de las sucursales. Ambos les ofrecieron créditos y resaltaron la visión negociante de los Nova. Así, los militares se hicieron socios de la compañía, endeudándose con el banco por US$294 mil. Una acreencia que respaldaron hipotecando sus casas y apartamentos. Pero la ilusión del nuevo negocio se esfumó muy pronto. En menos de dos años los inversionistas se dieron cuenta de que Arprint era una empresa de papel. Además, de que la producción era nula, se enteraron de que las empresas de caucho y tinta con las que se había constituido estaban quebradas. Consciente de que lo habían estafado, el general Gutiérrez acudió a la justicia en 1999. Para sustentar su denuncia le pidió al Banco Popular las fotocopias de los pagarés que había firmado. Su sorpresa fue mayúscula cuando descubrió que su dinero le había sido desembolsado a Arprint de Colombia; es decir, que nunca le fue entregado a Arprint S. A., en contravía de lo que él había solicitado. Por eso, él y el mayor Rodríguez dejaron de pagar su deuda. Méndez, que estaba en servicio activo, se vio obligado a cancelarla “para no manchar su carrera”. No tardó el banco en demandar a las familias Gutiérrez y Rodríguez. Ante un juzgado la entidad entregó los pagarés, ignorando que presentaban diferencias respecto de los que inicialmente le habían suministrado al general. Alarmado, Gutiérrez contrató un grafólogo. El perito determinó que los números que identificaban las hojas tenían una diferencia de más de 36 mil folios, lo cual indicaba que algunas de ellas habían sido sustituidas sin justificación. Además, que los empleados habían usado distintas máquinas de escribir para llenar los espacios, por lo que se habían completado en épocas distintas. El informe fue incluido en el expediente y la Fiscalía le pidió a un grafólogo forense que repitiera el análisis. El técnico determinó que los colores de los logos y de los números de cada página eran diferentes. Más tarde, en el proceso civil, el perito Sigifredo Torres llegó a idénticas conclusiones. Además, dejó constancia de que un empleado del banco se negó a prestarle colaboración y de que “el gerente (de la sucursal), al parecer, ordenó sacar el expediente con los pagarés”. Pese a los obstáculos, la investigación continuó y la Fiscalía llamó a juicio a los hermanos Nova, Amparo Salazar, Marco Fidel Urbano y los dos empleados del banco, bajo los cargos de estafa y fraude procesal. Para el general Gutiérrez y su abogado, Luis Bernardo Alzate, el caso parecía resolverse. Sin embargo, el juez consideró que los documentos no habían sido alterados. Por eso, determinó que los únicos responsables de la estafa eran Salazar y los Nova, a quienes condenó en 2012 a pagar más de $4 mil millones por concepto de indemnización. Un año después el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia. El alto tribunal dejó claro que el desvío de recursos hacia Arprint de Colombia tuvo un objetivo preciso: capitalizar esa empresa para que pudiera pagar una millonaria deuda que tenía con el Banco Popular. De esa manera, los dueños saldaban sus cuentas y el banco recuperaba un capital que parecía perdido. Por eso, la Corte estableció que los gerentes Marco Fidel Urbano y Myriam Ramírez participaron de la estafa. Otro tanto le correspondió a la entidad, que fue hallada responsable por no contratar personal idóneo y condenada a indemnizar a las víctimas. Pero durante la década y media que la justicia se demoró en tomar una decisión definitiva, los militares y sus familias vivieron una dramática castración económica. Reportados en la central de información financiera y con sus propiedades puestas en remate, perdieron toda oportunidad de incrementar su patrimonio. Ahora, los dos generales (r) y la familia del mayor Rodríguez deberán calcular cuánto perdieron en estos largos años de muerte financiera. Aún les queda esperar que el Banco Popular cumpla con celeridad la sentencia de la Corte.

Fuente: El Espectador