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El extraño caso del doctor Álvaro Uribe, ‘Jekyll’,

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El extraño caso del doctor Álvaro Uribe, ‘Jekyll’, el Ejército de Colombia secuestraba a jóvenes para asesinarlos, luego los vestían como guerrilleros y así se cobraban recompensas secretas del ex presidente


Macronews

Respondiendo a una pregunta de la revista Der Spiegel, el expresidente colombiano Álvaro Uribe decía hace unas semanas: “Yo, que tengo mis defectos por mi carnita y mis huesitos, soy un hombre firme y no tramposo”.

Si usted no entiende del todo la frase, querido lector, no se preocupe: eso quiere decir que usted ha tenido la fortuna, la infinita fortuna, de mantenerse al margen de este personaje capaz de mezclar, en una misma respuesta, la cursilería hermética y el cinismo rampante. “Soy un hombre firme y no tramposo”, dice Uribe, confiando sin duda en que su interlocutor ignore u olvide ciertos hechos. El hecho, por ejemplo, de que Uribe hubiera modificado la Constitución colombiana para permitir su propia reelección y los votos definitivos se compraran a cambio de notarías. Uno de los votos comprados era el de la congresista Yidis Medina, y es por esto que el escándalo se llamó ‘yidispolítica’. Otro de los escándalos que han salpicado al expresidente está relacionado con los viejos vínculos de sus partidarios con el paramilitarismo: esto se ha llamado ‘parapolítica’. Puede que Uribe y muchos no tengamos la misma definición de lo que es ser tramposo, pero nadie puede negar que su paso por el poder nos ha dejado un idioma enriquecido.

La Administración de Uribe estuvo rodeada de escándalos. Un tribunal ha condenado a la nación colombiana por el espionaje de que fue objeto el presidente de la Corte Suprema de Justicia durante el uribismo: un gigantesco operativo de los servicios de inteligencia cuyo objetivo era acabar con la reputación del magistrado. La inteligencia colombiana también espió ilegalmente a periodistas y a opositores, y la corrupción en sus filas llegó a ser tan generalizada que el organismo fue disuelto, como si se tratara de una pandilla de amotinados, por el presidente que relevó a Uribe. Hace unas semanas me quedé alucinad con un reportaje aparecido en el periódico español EL PAÍS. Todo un detallado informe sobre el caso aberrante de los soldados que, en palabras del artículo, “secuestraban a jóvenes para asesinarlos, luego los vestían como guerrilleros y así cobraban recompensas secretas del Gobierno de Álvaro Uribe”. Hoy día, varios de los aliados incondicionales de Uribe son prófugos de la justicia; otros muchos están en las cárceles colombianas, y es célebre el discurso que Uribe dirigió en 2007 a los congresistas que lo habían apoyado: “Les pido”, dijo, “que mientras no estén en la cárcel, voten los proyectos del Gobierno”.

Visto todo lo anterior, a cualquiera le resultaría difícil comprender la popularidad que sigue manteniendo el expresidente, no solo en Colombia sin entre los colombianos que viven en Cancún, Riviera Maya, Quintana Roo y México. Pero hay una explicación: tras décadas de atrocidades cometidas por la guerrilla -décadas de terrorismo, secuestros de crueldad inverosímil y minas antipersonales-, los colombianos llegaron a estar muy dispuestos a cerrar los ojos ante los desmanes de Uribe, pues Uribe estaba haciendo retroceder a la guerrilla. No olvido tampoco aquellas imágenes del humillad presidente Uribe cuando tenía que acudir al Congreso rodeado de decenas de ‘guaruras’ y un nada disimulado chaleco antibalas, con tiros y bombas detonando a apenas unas cuadras de distancia. Pero ahora, con una guerrilla debilitada que trata de negociar la paz con el Gobierno de Santos en La Habana, Uribe nos dió una nueva razón para la perplejidad: fue elegido para el Senado colombiano. Se ha convertido así en el pionero de una nueva forma de obsesión por el poder, una suerte de síndrome que habrá de ser nombrado por los politólogos (o tal vez los patólogos). Para la opinión colombiana, tanto la que lo apoya como la que se le opone, sus intenciones son claras: sabotear el proceso de paz. Apoyó a la oposición a Santos, logró que la campaña electoral fuera casi monotemática, con el proceso de paz, con escenario cubano… Menos mal que perdió el candidato de Uribe y que el expresidente es un hombre firme, que no es tramposo. A pesar de su carnita y sus huesitos.





“El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde” de Robert Louis Stevenson, conflicto interior del ser humano entre el bien y el mal





Este estadista colombiano evoca el libro “El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde” (en inglés Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde), a veces titulado simplemente “El doctor Jekyll y el señor Hyde”. Se trata de una novela escrita por Robert Louis Stevenson y publicada por primera vez en inglés en 1886, que trata acerca de un abogado, Gabriel John Utterson, que investiga la extraña relación entre su viejo amigo, el Dr. Henry Jekyll, y el misántropo Edward Hyde.

El libro es conocido por ser una representación vívida de un trastorno psiquiátrico que hace que una misma persona tenga dos o más identidades o personalidades con características opuestas entre sí. En psiquiatría, esto hace referencia al trastorno disociativo de la identidad (anteriormente conocido como trastorno de personalidad múltiple). No se debe confundir esta psicopatología con el trastorno bipolar, otro desorden psiquiátrico completamente distinto, perteneciente a un grupo de enfermedades mentales conocidas como trastornos del estado de ánimo, en el que se alternan fases de manía con fases de depresión. Fue un éxito inmediato y uno de los más vendidos de Stevenson. Las adaptaciones teatrales comenzaron en Boston y Londres un año después de su publicación y aún hoy continúa inspirando películas e interpretaciones interesantes.

Esta novela se ha convertido en una pieza muy fundamental y muy centrada en el concepto de la cultura occidental del conflicto interior del ser humano entre el bien y el mal. También ha sido considerada como “una de las mejores descripciones del período victoriano por su perforante descripción de la dicotomía fundamental del siglo XIX: Respetabilidad externa y lujuria interna.” Y su tendencia a la hipocresía social.

Se han sugerido varias influencias para el interés de Stevenson sobre el estado moral que separa al pecador de su propia moral. Entre ellas se encuentran… La figura de William Brodie, aparente modelo de ciudadano del siglo XVIII, rector de una comunidad y concejal del Ayuntamiento. De día era un ejemplo de conducta cívica, pero de noche se convertía en jugador y ladrón y llegaba a cometer hurtos sin despertar las sospechas de nadie. Ni siquiera estaban enteradas sus dos amantes, con quienes tuvo cinco hijos. También influyó la novela “Memorias privadas y confesiones de un pecador justificado” de James Hogg, en la que un hombre es animado al crimen por otro hombre que resulta ser el diablo.

Los géneros literarios que los críticos han utilizado para calificar la novela de Stevenson incluyen: la alegoría religiosa, la fábula, la novela policíaca, literatura de doppelgänger, cuentos diabólicos escoceses o la novela gótica. Se discute si es un relato de ciencia ficción, debido a que la transformación se produce por la alteración de las sales de la poción.

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Jekyll de Stevenson y las divisiones sociales de clase, las políticas entre Irlanda e Inglaterra, y las existentes entre fuerzas religiosas y seculares





Stevenson nunca llega a decir cuáles son exactamente los placeres que Hyde obtiene en sus incursiones, limitándose a decir que se trata de algo de una naturaleza mala, lujuriosa y aborrecible para la moral religiosa victoriana. Sin embargo, varios científicos a finales del siglo XIX, desde la perspectiva del darwinismo social también empezaban a estudiar otras supuestas influencias “biológicas” en la moral humana incluyendo: alcoholismo, drogadicción, homosexualidad, desórdenes de personalidad múltiple y atavismos.

La división interior de Jekyll ha sido vista por algunos críticos como análoga a cismas que existen en la sociedad británica. Las divisiones incluyen las divisiones sociales de clase, las divisiones políticas entre Irlanda e Inglaterra, y las divisiones entre fuerzas religiosas y seculares.

Es importante, por otra parte, que casi nunca se ha destacado el parentesco entre el asunto central del relato y las posteriores doctrinas freudianas sobre el desdoblamiento del “ello”, sobrecargado de pulsiones sexuales y agresivas desbocadas, y el débil “yo”, de estructura endeble, ante el mismo. La asociación, para el conocedor del psicoanálisis, es casi inevitable. Así, deslumbra que la narración de Stevenson, en el plano de la ficción, se haya anticipado, a grandes rasgos, a la topología del psiquismo, que Freud describiera dos décadas después.

Lo deslumbrante, desconcertante, del relato de Stevenson, es que la historia de estos dobles inquietantes, constituye, a grandes rasgos -como anticipamos- un adelanto de lo que Freud presentó como modelo del psiquismo dos décadas después. Pero no es ésta la única razón para leer y analizar la novela, también impresionan en gran medida, las descripciones de Londres, de su atmósfera sobrecargada. La confusión casi laberíntica por las callejas en que se esfuma Mr. Hyde cuando -a hurtadillas- penetra por la misteriosa puerta de la casona. En tal panorama se difuminan los contornos de los objetos habituales cuando la niebla se arrastra por los tenebrosos callejones y solamente las hieráticas farolas de gas ofrecen su pálida y macilenta luz.





La Fiscalía colombiana registra 4.716 casos de los ‘falsos positivos’, las otras madres de Soacha luchan contra la impunidad





Los soldados colombianos que asesinaron a Leonardo Porras cometieron errores flagrantes al disfrazar su crimen. Gracias al empeño de Luz Marina Bernal, madre de Leonardo, el caso sirvió para destapar un negocio siniestro dentro del Ejército: los falsos positivos. Secuestraban a jóvenes para asesinarlos, luego los vestían como guerrilleros y así cobraban recompensas secretas del Gobierno de Álvaro Uribe. La Fiscalía ha registrado 4.716 casos de homicidios presuntamente cometidos por agentes de las fuerzas públicas. Bernal y las otras Madres de Soacha (el primer municipio donde se supo de esto) luchan desde entonces contra la impunidad. Los observadores internacionales denuncian la dejadez, incluso la complicidad del Estado en estos crímenes masivos.

“Así que es usted la madre del comandante narcoguerrillero”, le dijo el fiscal de la ciudad de Ocaña. “No, señor. Yo soy la madre de Fair Leonardo Porras Bernal”. “Eso mismo, pues. Su hijo dirigía un grupo armado. Se enfrentaron a tiros con la Brigada Móvil número 15 y él murió en el combate. Vestía de camuflaje y llevaba una pistola de 9 milímetros en la mano derecha. Las pruebas indican que disparó el arma”. Luz Marina Bernal respondió que su hijo Leonardo, de 26 años, tenía limitaciones mentales de nacimiento, que su capacidad intelectual equivalía a la de un niño de 8 años, que no sabía leer ni escribir, que le habían certificado una discapacidad del 53%. Que tenía la parte derecha del cuerpo paralizada, incluida esa mano con la que decían que manejaba una pistola. Que desapareció de casa el 8 de enero y lo mataron el 12, a setecientos kilómetros. ¿Cómo iba a ser comandante de un grupo guerrillero? “Yo no sé, señora, es lo que dice el reporte del Ejército”.

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Los militares vinculados a los crímenes continúan en activo, incluso reciben ascensos, y sus delitos gozan de una “impunidad sistémica”





A Luz Marina no le dejaron ver el cuerpo de su hijo en la fosa común. Unos veinte militares vigilaban la exhumación y le entregaron un ataúd sellado. Un año y medio más tarde, cuando lo abrieron para las investigaciones del caso, descubrieron que allí solo había un torso humano con seis vértebras y un cráneo relleno con una camiseta en el lugar del cerebro. Correspondían, efectivamente, a Leonardo Porras.

Este fue uno de los casos que destapó el escándalo de los falsos positivos: miembros del Ejército colombiano secuestraban a jóvenes de barriadas marginales, los trasladaban a cientos de kilómetros de sus casas, allí los asesinaban y los hacían pasar por guerrilleros muertos en combate, para cobrar así las recompensas establecidas en secreto por el Gobierno de Álvaro Uribe. De ahí el término “falsos positivos”, en referencia a la fabricación de las pruebas.

Diecinueve mujeres, cuyos hijos fueron secuestrados y asesinados por el Ejército a principios de 2008, fundaron el grupo de las Madres de Soacha para exigir justicia. A mediados de 2013, la Fiscalía General contaba 4.716 denuncias por homicidios presuntamente cometidos por agentes públicos (entre ellos, 3.925 correspondían a falsos positivos). Navanethem Pillay, alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, denuncia que las investigaciones son muy escasas y muy lentas, que los militares vinculados a los crímenes continúan en activo, que incluso reciben ascensos, y que sus delitos gozan de una “impunidad sistémica”.

Leonardo Porras desapareció el 8 de enero de 2008 en Soacha, prácticamente un suburbio de Bogotá, una ciudad de aluvión en la que se apiñan miles de desplazados por el conflicto colombiano, miles de inmigrantes de todo el país, una población que en los últimos veinte años pasó de 200.000 a 500.000 habitantes, muchos de ellos apiñados en casetas de ladrillo y tejado de chapa, estancados en asentamientos ilegales, divididos por las fronteras invisibles entre bandas de paramilitares y narcotraficantes.

El mediodía del 8 de enero alguien llamó por teléfono a Leonardo. Él solo respondió “sí, patroncito, voy para allá”, colgó y le dijo a su hermano John Smith que le acababan de ofrecer un trabajo. Salió de casa y nunca más lo vieron.

En Soacha todos conocían a Leonardo, el chico “de educación especial” que se apuntaba siempre a los trabajos comunitarios, a limpiar calles y parques, a trabajar en la iglesia, y que hacía recados a los vecinos a cambio de propinas. Algunos abusaban de su entusiasmo: le tenían acarreando ladrillos o mezclando cemento en las obras y al final de la jornada le daban un billete de mil pesos (38 céntimos de euro). “Él no distinguía el valor del dinero -dice Luz Marina Bernal- pero le gustaba mucho ayudar a la gente, era muy trabajador, muy sociable, muy cariñoso. Cuando ganaba unos pesos, me traía una rosa roja y una chocolatina, y me decía: ‘Mira, mamá, me acordé de ti’…”





Un ‘reclutador’ de 21 años, durante uno de los juicios, explicó que engañaban a chicos desempleados, drogadictos, pequeños delincuentes





Alexánder Carretero Díaz sí distinguía el valor del dinero: aceptó doscientos mil pesos colombianos (unos 75 euros) a cambio de engañar a Leonardo y entregárselo a los militares. Carretero vivía en Soacha, a pocas calles de la familia Porras Bernal, y llevaba varias semanas prometiéndole a Leonardo un trabajo como sembrador de palma en una finca agrícola. El 8 de enero le llamó por teléfono, se reunió con él y al día siguiente viajaron juntos en autobús unos 600 kilómetros, hasta la ciudad de Aguachica, en el departamento de Norte de Santander. Allí dejó a Leonardo en manos del soldado Dairo Palomino, de la Brigada Móvil número 15, quien lo llevó otros 150 kilómetros hasta Ábrego. “El muchacho no era normal, hablaba muy poco, miraba muy raro”, dijo Carretero ante el juez, casi cuatro años más tarde. A Leonardo los soldados lo llamaban “el bobito”, explicó.

Carretero era uno de los reclutadores que surtía de víctimas a los militares. Otro de los reclutadores, un joven de 21 años, testigo protegido durante uno de los juicios, explicó que engañaban a chicos desempleados, drogadictos, pequeños delincuentes: “Escogíamos a los más chirretes, a los que estuvieran vagando por la calle y dispuestos a irse a otras regiones a ganar plata en trabajos raros”. Confesó haber engañado y entregado a más de treinta jóvenes a los militares, por cada uno de los cuales cobraba 75 euros, la tarifa habitual. También hizo negocio revendiendo pistolas y balas del mercado negro a los soldados del Batallón 15, que luego se las colocaban a sus víctimas para hacerlas pasar así por guerrilleros.

El reclutador Carretero entregó a Leonardo a los militares el 10 de enero. Le quitaron la documentación y su nombre desapareció. A partir de entonces aquel chico ya solo fue uno de los cadáveres indocumentados de los supuestos guerrilleros que la Brigada Móvil 15 afirmó haber matado en combate, a las 2.24 de la mañana del 12 de enero de 2008, en el municipio de Ábrego. Ya solo fue uno de los cuerpos acribillados, guardados en bolsas de plástico y arrojados a una fosa común. No existió nadie llamado Fair Leonardo Porras Bernal, ni vivo ni muerto, en los siguientes 252 días.

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a madre de Leonardo estuvo 252 días buscando a su hijo en comisarías, hospitales, juzgados y morgues, “su hijo estará de fiesta”, le decían





Esos 252 días los pasó Luz Marina Bernal buscando a su hijo en comisarías, hospitales, juzgados y morgues, levantándose a las cinco de la mañana para recorrer los barrios de Soacha y Bogotá, por si su hijo había perdido la memoria y dormía en la calle. Su hijo estará de fiesta, le decían los funcionarios, se habrá escapado con alguna muchacha. En agosto empezaron a identificar algunos cadáveres hallados en una fosa común de la ciudad de Ocaña, departamento de Norte de Santander: pertenecían a otros chicos de Soacha, desaparecidos en la misma época que Leonardo Porras. El 16 de septiembre una doctora forense enseñó a Luz Marina Bernal una fotografía.

-Era mi hijo. Fue espantoso verlo. La cara estaba desfigurada por varios balazos pero lo reconocí.

Le pedían unos cinco mil euros por exhumar y transportar el cadáver, una cantidad desorbitada para una familia pobre de Soacha. Durante ocho días reunió dinero, pidió préstamos y al fin alquiló una furgoneta en la que viajó hasta Ocaña con su marido y su hijo John Smith. Allí el fiscal le dijo que Leonardo era un comandante narcoguerrillero y que había muerto en combate.

Luz Marina Bernal, 54 años, es una mujer de gestos pausados, con un discurso tranquilo del que brotan verdades punzantes; parece que ha amasado el dolor hasta cuajarlo en una firmeza granítica. Vive en una de las pequeñas casas de ladrillo de Soacha. El dormitorio de Leonardo es ahora un santuario en memoria del hijo asesinado, un pequeño museo con fotografías, recortes de prensa y velas. Luz Marina muestra un retrato enmarcado de su hijo: un joven de hombros anchos y porte elegante, vestido con chaqueta negra, camisa blanca y corbata celeste, que mira a la cámara con la mandíbula prieta y unos ojos claros deslumbrantes. Son los mismos ojos claros de Luz Marina, que acerca mucho el retrato a su cara.





John Nilson decidió averiguar sobre los asesinos de su hermano Víctor, le amenazaron para que desistiera, al final recibió un tiro en la cara





Desde la cocina se extiende el olor de las arepas que está cocinando John Smith Porras, hermano de Leonardo, para desayunar. John Smith viene a casa de vez en cuando pero tuvo que marcharse a vivir a otro lado porque recibió amenazas de muerte. Y porque ya asesinaron al familiar de otra víctima de Soacha, “por no cerrar la boca”. Ante la pasividad judicial, John Nilson Gómez decidió averiguar por su cuenta quiénes habían sido los reclutadores y los asesinos de su hermano Víctor. Recibió amenazas telefónicas, le conminaron a marcharse de la ciudad y al final alguien se le acercó en una moto y le pegó un tiro en la cara. La familia Porras Bernal ha recibido amenazas por teléfono, por debajo de la puerta y en plena calle. Para que cierren la boca.

Luz Marina abre un álbum. Colecciona las portadas que publicaron los periódicos en aquellos días de septiembre de 2008, cuando iban apareciendo los cadáveres de los chicos de Soacha. Clava el dedo índice sobre uno de los titulares: “Hallan fosa de 14 jóvenes reclutas de las Farc”.





“No fueron a coger café, no fueron a coger café, fue terrible escuchar de la boca del presidente que nuestros hijos eran delincuentes”



El presidente Álvaro Uribe compareció ante los medios para ratificar que los chicos de Soacha habían muerto en combate: “No fueron a coger café. Iban con propósitos delincuenciales”. Luz Marina Bernal mastica despacio esa frase, con una media sonrisa dolorida: “No fueron a coger café. No fueron a coger café. Fue terrible escuchar de la boca del presidente que nuestros hijos eran delincuentes”.

Luis Fernando Escobar, personero de Soacha, defensor de la comunidad ante la administración, denunció las sospechosas irregularidades de estas muertes. Tres semanas más tarde el escándalo era ya indisimulable. Se demostró que los chicos habían sido asesinados muy lejos de sus casas a los dos o tres días de su desaparición (y no al cabo de un mes, como afirmó Uribe para defender la idea de que habían organizado una banda) y se encontraron diversas chapuzas en los montajes de los crímenes: algunas víctimas llevaban botas de distinto tamaño en cada pie; otras aparecieron con disparos en el cuerpo pero les habían puesto unas ropas de guerrillero en las que no había un solo orificio; incluso aparecieron cadáveres acribillados en terrenos donde no había ni una sola huella de disparos. El caso del discapacitado mental al que los militares presentaron como comandante colmó el vaso.

Ante la avalancha de pruebas, Uribe no tuvo más remedio que comparecer de nuevo, esta vez acompañado por generales y por el ministro de Defensa Juan Manuel Santos, actual presidente de Colombia. Y dijo: “En algunas instancias del Ejército ha habido negligencia, falta de cuidado en los procedimientos, y eso ha permitido que algunas personas puedan estar incursas en crímenes”. Luego anunció la destitución de 27 militares.

Las destituciones fueron un mero gesto administrativo. No se emprendieron investigaciones sobre las denuncias por ejecuciones extrajudiciales, que se iban acumulando por cientos, sino todo lo contrario: el Estado las obstaculizó de mil maneras. Y cuando el general Mario Montoya, comandante del Ejército, dejó su cargo por el escándalo de Soacha, Uribe lo nombró embajador en la República Dominicana.

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El término “falsos positivos”, según un relator de Naciones Unidas “da una apariencia técnica al asesinato de civiles inocentes, con fines de lucro”







Ante la proliferación de casos denunciados y documentados, Philip Alston, relator especial de las Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales, viajó a Colombia en junio de 2009. “Las matanzas de Soacha fueron flagrantes y obscenas”, declaró al final de su estancia, “pero mis investigaciones demuestran que son simplemente la punta del iceberg”. El término “falsos positivos”, según Alston, “da una apariencia técnica a una práctica que en realidad es el asesinato premeditado y a sangre fría de civiles inocentes, con fines de lucro”. Describió de manera detallada los reclutamientos con engaños, los asesinatos y los montajes. Afirmó que los familiares de las víctimas sufrían amenazas cuando se atrevían a denunciar. Y rechazó que se tratara de crímenes aislados, cometidos “por algunas manzanas podridas dentro del Ejército”, como defendía el Gobierno de Uribe. La gran cantidad de casos, su reparto geográfico por todo el país y la diversidad de unidades militares implicadas indicaban “una estrategia sistemática”, ejecutada por “una cantidad significativa de elementos del Ejército”.

Se sucedieron las denuncias de observadores internacionales y asociaciones colombianas de derechos humanos: las desapariciones forzosas y las ejecuciones extrajudiciales eran una práctica frecuente dentro de las fuerzas públicas y el Estado obstaculizaba las investigaciones y hasta homenajeaba a los agresores. En palabras de la Fundación para la Educación y el Desarrollo (FEDES), de Bogotá: en Colombia la impunidad es una política de Estado.

El presidente Uribe respondió que “la mayoría” de las acusaciones eran falsas. Que venían de “un cúmulo de abogados pagados por organizaciones internacionales”, cargados “de odio y de sesgos ideológicos”. Y salió una y otra vez a defender a los militares: “Nosotros sufrimos la pena de ver cómo llevan a la cárcel a nuestros hombres, que no ofrecen ninguna amenaza de huida, simplemente para que sean indagados. Tenemos que asumir la defensa de nuestros hombres contra las falsas acusaciones”.





Álvaro Uribe empleaba recursos públicos para pagar a los abogados de los militares imputados, los familiares de las víctimas eran marginadas





Mientras el presidente desplegaba los recursos públicos para defender a los militares imputados en los asesinatos, los familiares de las víctimas solo recibían portazos de las instituciones. Cuando las Madres de Soacha decidieron manifestarse un viernes al mes para reclamar el apoyo de las autoridades, cuando contaron sus historias en los medios, empezaron las amenazas. El 7 de marzo de 2009, María Sanabria caminaba por una calle angosta cuando se le acercaron dos hombres en una moto. El que iba detrás, sin quitarse el casco, se bajó, agarró a Sanabria del pelo y la empujó contra la pared: “Vieja hijueputa, a usted la queremos calladita. Nosotros no jugamos. Siga abriendo la boca y va a acabar como su hijo, con la cara llena de moscas”.

El hijo de María, Jaime Estiven Valencia Sanabria, tenía 16 años y estudiaba el bachillerato en Soacha cuando lo secuestraron, lo llevaron al Norte de Santander y lo asesinaron. Cuando su madre empezó a buscarlo, un fiscal le dijo que su hijo estaría de farra con alguna novia mientras ella lloraba “como una boba”. Cuando llegó a Ocaña, a sacarlo de la fosa común, le dijeron que su hijo era un guerrillero. Cuando se van a cumplir seis años del asesinato, ni siquiera se ha abierto una investigación judicial, María ni siquiera sabe si el caso está en los juzgados de Cúcuta o de Bogotá, porque en la Fiscalía nadie le responde. “Sabemos que a nuestros hijos los mataron a cambio de una medalla”, dice Sanabria, “a cambio de un ascenso, a cambio del dinero que les pagaba el Estado”.

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Recompensas de 2.000 dólares por la “captura o el abatimiento en combate” de miembros de organizaciones armadas ilegales





El Estado pagaba recompensas a los asesinos. A los pocos días de que Uribe alegara “negligencia” y “falta de cuidado en los procedimientos” del Ejército, el periodista Félix de Bedout reveló una directiva secreta del ministerio de Defensa. La directiva 029, del 17 de noviembre de 2005, establecía recompensas por la “captura o el abatimiento en combate” de miembros de organizaciones armadas ilegales. Se contemplaban cinco escalas: desde los 2.000 dólares por un combatiente raso, hasta más de dos millones de dólares por los máximos dirigentes. También incluía una tabla exhaustiva de seis páginas con las recompensas por el material incautado a los combatientes, material que iba desde aviones hasta pantalones de camuflaje, pasando por ametralladoras, misiles, minas, balas, discos duros, teléfonos o marmitas.

En enero de 2008, en las mismas fechas en que los soldados de la Brigada 15 estaban secuestrando y asesinando a los chicos de Soacha, uno de los antiguos miembros de esa brigada reveló en la prensa la práctica de los falsos positivos.

El sargento Alexánder Rodríguez ya había denunciado los asesinatos y los montajes en diciembre ante sus superiores militares. A los tres días lo retiraron de su puesto. Entonces acudió a la revista Semana y contó cómo sus compañeros de la Brigada 15 habían asesinado a un campesino, cómo habían puesto un dinero común para comprar la pistola que después le colocaron a la víctima y cómo a cambio de su colaboración en el crimen obtuvieron cinco días de descanso. Las denuncias del sargento Rodríguez fueron acalladas por los altos mandos y así no hubo ningún problema para que en las siguientes semanas secuestraran y asesinaran a los chicos de Soacha.

Las recompensas alentaron un negocio siniestro dentro del Ejército: la fabricación de cadáveres de guerrilleros. A raíz de la directiva 029, las denuncias por ejecuciones extrajudiciales se multiplicaron: en 2007 ya eran más del triple que en 2005 (de 73 pasaron a 245, según la Fiscalía colombiana). Y aún no había llegado la oleada de denuncias tras el escándalo de Soacha en 2008. Los dedos empezaron a señalar las políticas del presidente Uribe.

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Antiguo 11-03-2015 , 16:27:00   #7
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Con la bandera de la “lucha contra el terrorismo”, enarbolada por el propio Uribe, empezaron las detenciones masivas y arbitrarias de civiles





Álvaro Uribe estableció como eje de sus mandatos entre 2002 y 2010 la llamada Política de Seguridad Democrática: una ofensiva del Estado, principalmente militar, para imponerse a las guerrillas (que sufrieron grandes derrotas pero aún cuentan con más de nueve mil miembros), a los paramilitares (que pactaron una desmovilización pero que en realidad mutaron en nuevas bandas) y al narcotráfico (un fenómeno que sigue envolviendo como una hiedra al conflicto colombiano).

Uribe multiplicó el presupuesto y la actividad del Ejército. Con la bandera de la “lucha contra el terrorismo”, empezaron las detenciones masivas y arbitrarias de civiles. En los dos primeros años arrestaron a siete mil personas de forma ilegal, según denunciaron asociaciones de derechos humanos y las Naciones Unidas. Los agentes llegaban a un pueblo y detenían a montones de personas, con una acusación genérica de colaborar con las guerrillas, sin indicios ni fundamentos. Arrestaban a pueblos enteros y luego los investigaban, para ver si descubrían alguna conexión con los guerrilleros.

En la madrugada del 18 de agosto de 2003, la Policía detuvo a 128 personas en Montes de María, acusadas de rebelión. El fiscal Orlando Pacheco vio que no había ninguna prueba, que los informes policiales estaban plagados de disparates, y ordenó liberar a todos los detenidos. Entonces el fiscal general de Colombia destituyó inmediatamente al fiscal Pacheco y lo tuvo dos años y medio bajo arresto domiciliario. Al cabo de tres años, tras las denuncias de asociaciones jurídicas internacionales, la Corte Suprema dio la razón al fiscal Pacheco. Pero nadie fue castigado por las detenciones ilegales multitudinarias.

En Arauca, una de las zonas con mayor presencia de las guerrillas, el presidente Uribe hizo esta declaración el 10 de diciembre de 2003: “Le dije al general Castro que en esa zona no podíamos seguir con capturas de cuarenta o cincuenta personas todos los domingos, sino de doscientos, para acelerar el encarcelamiento de los terroristas”. Miles de personas fueron detenidas sin pruebas ni garantías, pasaron temporadas largas en la cárcel y salieron absueltas pero con un estigma social muy grave. “La política de seguridad democrática de Uribe ha vulnerado masiva, sistemática y permanentemente el derecho a la libertad”, denunció la misión de observadores internacionales CCEEUU (Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos).

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Colaboró con grupos paramilitares, con información sobre sindicalistas y defensores de derechos humanos que luego fueron asesinados





También se desató una persecución sistemática a los opositores políticos. La revista Semana reveló en 2009 abundantes casos de espionajes ilegales, grabaciones, pinchazos de teléfonos, acosos y criminalizaciones contra periodistas, jueces, políticos, abogados y defensores de derechos humanos, persecuciones montadas por el DAS, los servicios secretos directamente dependientes de Uribe. El DAS ya había protagonizado otro escándalo en 2006, cuando su director Jorge Noguera, hombre de confianza de Uribe, fue acusado de colaborar con grupos paramilitares y de facilitarles información sobre sindicalistas y defensores de derechos humanos que luego fueron asesinados. En plena tormenta, Noguera dejó la dirección del DAS. Pero Uribe afirmó que ponía la mano en el fuego por él y lo nombró cónsul en Milán. Cuando en 2011 condenaron a Noguera a 25 años de cárcel por homicidio, concierto para delinquir, revelación de secretos y destrucción de documentos públicos, Uribe publicó este mensaje en Twitter: “Si Noguera hubiera delinquido, me duele y ofrezco disculpas a la ciudadanía”. Algunos de los delitos, como el espionaje a periodistas y jueces, se fueron extinguiendo por la lentitud de los procesos judiciales y prescribieron.

Al final de sus ocho años de mandato, la Oficina de la Presidencia de Uribe dio estas cifras para mostrar la eficacia de sus políticas: 19.405 combatientes fueron “abatidos” (un eufemismo para no decir “muertos”), 63.747 fueron capturados y 44.954 fueron desmovilizados. La suma alcanza 128.106 personas y resulta asombrosa. La fundación FEDES calcula que en el año 2002 había unos 32.000 miembros armados ilegales en Colombia, entre guerrilleros y paramilitares. Es decir: o cayeron todos y se renovaron por completo cuatro veces seguidas o en realidad “la llamada Política de Seguridad Democrática no estaba exclusivamente dirigida contra miembros de estos grupos sino en contra de un amplio espectro de la población civil, que fue víctima constante de crímenes como los falsos positivos”.

Con la necesidad de presentar cifras de bajas y con el estímulo de las recompensas secretas fijadas en 2005, en los años de Uribe se multiplicaron las ejecuciones extrajudiciales. La misión de observadores internacionales CCEEUU documentó 3.796 ejecuciones extrajudiciales entre 1994 y 2009, de las cuales 3.084 ocurrieron en la segunda mitad de este periodo, durante la Política de Seguridad Democrática.

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Las ‘Madres de Soacha’ visten túnicas blancas, llevan al cuello las fotos de sus hijos asesinados y despliegan pancartas





La familia Porras Bernal no tenía dinero suficiente para una tumba en Soacha. Un amigo les dejó un espacio en el cementerio de La Inmaculada, una extensa pradera con pequeñas lápidas dispersas, en el extremo norte de Bogotá. Desde Soacha, en el extremo sur, Luz Marina tarda dos horas en autobús cada vez que va a visitar la tumba de Leonardo. A la entrada del cementerio compra tres ramos de claveles y margaritas. Camina por la hierba mullida, coloca las flores en el lugar donde reposan los restos de Leonardo, se sienta en el césped y acaricia la tierra. Llora en silencio y habla en susurros, mirando al suelo.

“Le doy las noticias de la familia. Le explico cómo estamos, qué hacemos, cuánto le echamos de menos. Y le cuento cómo va la lucha de las Madres de Soacha. Le digo que los diecinueve muchachos asesinados tienen que pedirle a Diosito que nos dé fuerzas, que estamos luchando por ellos, para que les hagan justicia. Se lo cuento todo a Leonardo y vuelvo a casa más tranquila y más fuerte”.

Luz Marina cumple otra cita con Leonardo y los muchachos asesinados: las concentraciones de las madres en un parque de Soacha, el último viernes de cada mes. María Sanabria le ayuda a llevar una gran pancarta en la que denuncian casos de tortura, desapariciones forzadas, montajes, fosas comunes, y en las que acusan al expresidente Álvaro Uribe y al actual Juan Manuel Santos de ser responsables de más de 4.700 crímenes de lesa humanidad. Las Madres de Soacha visten túnicas blancas, llevan al cuello las fotos de sus hijos asesinados y despliegan pancartas.

Cuando empezaron a reunirse y a reclamar la verdad, llegaron las amenazas, las persecuciones, los ataques. Pero ellas nunca callaron. Y sus gritos y sus cantos quebraron el silencio: los medios relataron sus historias; Amnistía Internacional les envió 5.500 rosas y 25.000 mensajes de todo el planeta y les organizó una gira por Europa en 2010 para denunciar sus casos; y en marzo de 2013, a propuesta de Oxfam-Intermón, recibieron el premio Constructoras de Paz en el parlamento de Cataluña. “Nos siguen acosando -dice Luz Marina Bernal- pero la comunidad internacional vigila y esa es nuestra protección. Si nos ocurre algo, nosotras señalamos al Estado”.

La Corte Penal Internacional (CPI) tiene a Colombia en la lista de los países en observación, desde 2005, por la sospecha de que no investiga ni juzga debidamente los crímenes de lesa humanidad cometidos por las FARC, los paramilitares y los agentes de las fuerzas públicas. Uno de los casos bajo la lupa es precisamente el de los falsos positivos. En un informe de noviembre de 2012, la CPI afirmó que había “bases razonables” para creer que estos crímenes corresponden a una política estatal, conocida desde hace años por altos mandos militares y como mínimo “maquillada” o “tolerada” por los niveles superiores del Estado.

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Tribunal Superior de Cundinamarca considera que se trató de un “plan criminal sistemático de los militares contra la población civil”





El empeño de Luz Marina Bernal y las Madres de Soacha consiguió un triunfo mayúsculo el 31 de julio de 2013. El Tribunal Superior de Cundinamarca (departamento al que pertenece Soacha) aumentó la condena a los seis militares culpables de la muerte de Leonardo: de los 35 y 51 años de prisión con los que fueron castigados en primera instancia, pasaron todos a 53 o 54 años. Y lo más importante: además de considerarlos culpables de desaparición forzada, falsificación de documentos públicos y homicidio, como se estableció en el primer juicio, el Tribunal Superior añadió que se trataba de un plan criminal sistemático de los militares, ejercido contra población civil, y que por tanto debía considerarse como crimen de lesa humanidad. Y que así debían considerarse todos los casos de falsos positivos.

Esta sentencia fue un terremoto: los crímenes contra la humanidad no prescriben y pueden juzgarse en cualquier país. Así se abrieron las primeras grietas en la impunidad. Los 4.716 casos de ejecuciones extrajudiciales denunciados ante la Fiscalía colombiana, muchos de ellos encerrados en un sarcófago de olvido, podrían recibir alguna luz a través de esas grietas.

Pero no será fácil. Los abogados recurrieron la sentencia, que tardará en ser firme. Los observadores internacionales insisten en que las investigaciones son escasas y lentas. Y el asesinato de Leonardo Porras fue el más flagrante pero aún quedan muchas muertes que no han recibido ninguna atención. Como la de Jaime Estiven Valencia, el estudiante de 16 años, el chico que quería ser cantante y veterinario, el hijo de María Sanabria.

“A mi niño me lo asesinaron el 8 de febrero de 2008, va para seis años, y no se ha dado ni una orden de investigación -dice-. A mi niño me lo mataron y a nadie le importa. La impunidad me enferma. Me muero de tristeza. Pero sigo viviendo para que nuestros hijos no hayan muerto en vano. Porque al denunciar sus casos conseguimos salvar muchas otras vidas”.

“Necesitamos la verdad para seguir viviendo -dice Luz Marina Bernal-. Y no nos basta con saber quiénes apretaron el gatillo. Solo están condenando a los soldados, a los rangos bajos, pero queremos saber quiénes lo organizaron todo, quiénes dieron órdenes y quiénes pagaron los asesinatos con dinero del Estado”.

Estas historias para no dormir no difieren mucho de otras que ocurrieron en otros escenarios del mundo, incluidos los de mi País Vasco natal… Padecimos décadas de violencia, protagonizadas por ‘Cuerpos de Inseguridad del Estado’ y la organización terrorista ETA. Unos mataban en nombre de la Constitución, otros, en nombre de la Revolución. Miles de ciudadanos vascos éramos testigos mudos de desmanes de ambos ‘bandos’. Llegó al poder el PSOE del socialdemócrata. Intentó poner orden y aplicar una más que necesaria reconversión en la Policía y Guardia Civil, enferma de prácticas ‘ilegales’ heredadas del largo periodo franquista. Se creó la Policía Vasca, la Ertzaintza. Felipe González cometió un grave error. Frente al terrorismo permitió que se ejerciera otro ‘terrorismo’ de Estado, creándose un grupo parapolicial, los GAL, encargado de asesinar terroristas. Se olvidó Felipe González que muchos fuimos los que apostamos por el Estado de Derecho, donde esas prácticas no pueden tener cabida. Si una persona ejerce la violencia en su práctica política, debe ser detenida, juzgada y encarcelada, acorde a la legislación existente, respetando sus derechos constitucionales. El procesado no respeta los derechos de sus víctimas, pero no importa. El Estado de Derecho no puede caer en otras prácticas similares a los que delinquen. Los dirigentes del Ministerio del Interior, entre ellos José Barrionuevo y Raúl Vera, crearon los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación). Ni eran grupos, pues eran unos cuantos policías y guardias civiles de la Comisaría de Bilbao y de los Cuarteles de la Salve e Intxaurrondo de la propia capital vizcaína y San Sebastián, en Guipúzcoa, pagados con ‘fondos reservados’. No eran antiterroristas pues ejercían más terrorismo y lo justificaban. Y tampoco liberaron a nadie pues lo único que consiguieron es alargar el conflicto y el sufrimiento en Euskadi por lo menos una década. Hoy estamos en pleno proceso de paz y por una razón, se ha impuesto el Estado de Derecho, y todos han comprendido que pasaron los tiempos de utilizar la violencia armada en la acción política.

Los cantautores vascos, españoles, apoyaron la lucha de otras madres de Soacha y se sumaron al esfuerzo colectivo en pro de la paz, superando pasadas divergencias ideológicas y políticas. Todos quisieron ser partícipes de ese éxito del País Vasco, donde desterramos a la necrofilia y logramos que aquel “¡Viva la Vida!” del escritor vasco y español, Miguel de Unamuno se impusiera al del general franquista José Millán-Astray, que loaba la muerte. Me llama la atención que el cantautor colombiano Juanes, el de “La camisa negra”, no se haya acercado a esas madres de Soacha, proliferando sus fotos junto a Álvaro Uribe y su apoyo a la milicia, donde no dudamos de la profesionalidad de muchos de sus cuadros. Es importante que Juanes no se olvide de los otros, de los que también sufren… En todo conflicto, las personas sufren. Hay que aunar esfuerzos y formas en pro de la paz. Colombia y los colombianos se lo merecen.

“Tengo la camisa negra/hoy mi amor está de luto/Hoy tengo en el alma una pena/y es por culpa de tu embrujo/Hoy sé que tú ya no me quieres/y eso es lo que más me hiere/que tengo la camisa negra/y una pena que me duele/mal parece que solo me quedé/y fue pura todita tu mentira/que maldita mala suerte la mía/que aquel día te encontré/por beber del veneno malevo de tu amor/yo quedé moribundo y lleno de dolor/respiré de ese humo amargo e tu adiós/y desde que tú te fuiste yo solo tengo…/porque negra tengo el alma/yo por ti perdí la calma/ y casi pierdo hasta mi cama/cama cama caman baby/te digo con disimulo/que tengo la camisa negra/y debajo tengo el difunto/ tengo la camisa negra/ya tu amor no me interesa/lo que ayer me supo a gloria/hoy me sabe a pura/miércoles por la tarde y tú que no llegas/ni siquiera muestras señas
y yo con la camisa negra/y tus maletas en la puerta/Mal parece que solo me quedé/y fue pura todita tu mentira/que maldita mala suerte la mía/que aquel día te encontré/por beber del veneno malevo de tu amor/yo quedé moribundo y lleno de dolor/respiré de ese humo amargo de tu adiós/y desde que tú te fuiste yo solo tengo…/tengo la camisa negra/porque negra tengo el alma
yo por ti perdí la calma/y casi pierdo hasta mi cama/cama cama caman baby/
te digo con disimulo/que tengo la camisa negra/y debajo tengo el difunto…”.

El extraño caso del doctor Álvaro Uribe, ‘Jekyll’, el Ejército de Colombia secuestraba a jóvenes para asesinarlos, luego los vestían como guerrilleros y así se cobraban recompensas secretas del ex presidente.




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