Piedad Córdoba: Lo que es con Chávez y Maduro, es con nosotras

Paciencia, paciencia, será mi mantra de aquí en adelante. Quizás el mareo propio de los barcos impide que nuestro apreciado marinero vea con claridad las ideas ajenas.

Veamos:

Una cosa es que yo afirme que el proceso de paz que se adelanta entre el gobierno y las Farc no significa entregar el país al castro chavismo, idea delirante que tan sólo cree el senador Uribe, su corte de corifeos, los idólatras que a diario le rezan, y los escépticos, muchos de los cuales repiten como padrenuestro diario todo lo que el parlamentario escribe en su twitter, sin pensar en lo absurdo de las tesis como que Estados Unidos apoye unas conversaciones cuyo objetivo es implantar el comunismo. Hágame el favor.

Y otra bien diferente es que haya personas o líderes colombianos que crean en Chávez y su atolondrado y autoritario socialismo del siglo XXI. Estamos en una democracia y tienen todo el derecho de creer que las vacas vuelan y que Maduro habla con pajaritos. Que Piedad Córdoba solicite apoyo a la pandilla que hoy tiene secuestrada a Venezuela puede ser censurable, risible o indignante, pero no delictivo porque en Colombia no existe el delito de opinión.

También tiene derecho esta senadora de extrema izquierda de poner sus tesis a la consideración del pueblo colombiano en las urnas, al igual que se les permite proponer las suyas a todos los demás líderes del espectro político, incluida la extrema derecha que desea la vía militar como único procedimiento para conseguir la esquiva paz. ¿Quién accederá al poder? Las urnas electorales son las que deciden.

Bien diferente es si cualquiera, desconociendo la Constitución y las leyes, incita a desconocer las autoridades legítimamente constituidas. Mientras Piedad Córdoba defienda su ideología dentro de la legalidad, su derecho a hacerlo debe ser respetado, así no estemos de acuerdo con sus propuestas. Son las reglas de la democracia.

Al margen: no ha sido demostrado en un proceso judicial que Piedad Córdoba haya realizado acciones subversivas en contra del Estado. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia no encontró mérito para dictar una condena penal en su contra. Tan solo existe una sanción disciplinaria emitida por la Procuraduría.