MAURICIO GARCÍA VILLEGAS
Los abogados y la justicia
Mauricio García Villegas
El Estado tiene más interés en vigilar unas profesiones que otras. Eso depende de qué tanto se afecte el interés público.
Por ejemplo, es una lástima que en una sociedad no haya buenos filósofos ni buenos médicos; pero que un filósofo diga pendejadas por no haber recibido una buena formación, no es tan grave como que un médico opere a un paciente sin saber lo que hace. Por eso, el Estado se debe preocupar más por lo segundo que por lo primero. Con los abogados ocurre lo mismo que con los médicos; como son parte esencial del engranaje de la justicia, que es algo esencial en la vida de una sociedad, no deberían ir por ahí litigando como se les antoje.
En el caso de los abogados el Estado debe vigilar dos cosas. En primer lugar, la calidad de sus conocimientos. Esto se puede hacer a través de un examen de Estado o a través de colegios de abogados (de afiliación obligatoria) que evalúen periódicamente a sus afiliados. Lo segundo, es la ética profesional del abogado. Esto también lo pueden hacer los colegios de abogados o lo puede hacer un tribunal disciplinario políticamente independiente y éticamente intachable.
Estos son controles elementales que se utilizan en casi todos los países democráticos. En Colombia, sin embargo, con una de las tasas de abogados más altas del mundo (354 por cien mil habitantes), estas ideas simples y razonables nunca se han podido llevar a la práctica. No es que no se hayan propuesto, es que cada vez que se proponen, sus opositores, en la academia jurídica y en los círculos políticos (dos mundos demasiado cercanos en este país), ganan la partida. La semana pasada el ministro Yesid Reyes propuso que los abogados tuvieran que pasar un examen de Estado antes de ejercer la profesión y de inmediato saltó un buen número de decanos de facultades de derecho para descalificar la medida, con el consabido argumento de la autonomía universitaria.
El examen de Estado para los abogados se justifica sobre todo en países que tienen una educación muy dispar, como es el caso de Colombia, con facultades de derecho buenas, regulares y malas. Que todos los egresados de esas facultades puedan ejercer la profesión sin ningún control, es un absurdo que muestra cómo en este país los abogados funcionan más como un grupo de interés que como una profesión asociada con la justicia. El control disciplinario, por su parte, también funciona mal, dado que, como se sabe, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ha sido, en buena parte, capturada por intereses políticos y corporativistas.
Como los diplomas de las facultades de derecho tienen un valor tan distinto (dadas sus diferencias en términos de calidad), en Colombia hemos creado un mecanismo informal de homogeneización de esos diplomas: se trata de las maestrías ofrecidas por algunas facultades de prestigio en las grandes ciudades, sobre todo en Bogotá. Así, quien obtiene su título en una facultad mediocre y desconocida, hace luego una maestría en una universidad reputada y se presenta como egresado de esta última (una especie de lavado de título). Esto ha conducido, además, a la mercantilización de los posgrados, muchos de ellos de pobre calidad, lo cual es una expresión adicional de la falta de control de la que vengo hablando.
Se habla mucho por estos días de la crisis de la justicia y de las innumerables propuestas para remediar sus males. Eso está bien, sin duda, pero no deberíamos olvidar que la justicia también depende de la educación legal y de la ética profesional, dos cosas que, dicho sea de paso, se refuerzan mutuamente, para bien o para mal.
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