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Coronell no tiene quien le escriba, pero si quien le regale.

Coronell no tiene quien le escriba, pero si quien le regale.

Claudia Bustamante.

Llama poderosamente la atención, la forma, a todas luces irregular, como la Autoridad Nacional de Televisión, le ha prorrogado los contratos a tres concesionarios del canal Uno. Hay detrás de esto, todo un intríngulis de conceptos técnicos y jurídicos que tendrán que analizar las autoridades competentes. Es tan simple como ilegal lo ocurrido, que en atención a ello, trataremos de relatar los hechos de la manera más sencilla posible para que todos entendamos el esperpento jurídico cometido y nos convirtamos en una voz de denuncia.

Los cuatro concesionarios de los espacios de televisión del canal Uno, CMI (Yamid Amat), NTC (Daniel Coronell), Jorge Barón Televisión Y la Unión Temporal RTI S.A y Programar Televisión S.A, en el año 2003, firmaron unos contratos de concesión de espacios de televisión en el canal uno, con la Comisión Nacional de Televisión, con una duración de Diez (10) años NO PRORROGABLES, contados a partir del 01 de enero de 2004, y que vencían el 31 de diciembre de 2013. Esto quiere decir que bajo ninguna circunstancia, los contratos podían ser prorrogables en el plazo de ejecución. A partir del 01 de enero de 2014, debían suscribirse nuevos contratos de concesión con quienes resultaren ganadores de una licitación pública, tal como lo ordenan las normas de contratación estatal. Los contratos, como es por lógica razonable, tienen un valor que el concesionario debe pagar al estado. En el caso del contrato suscrito con NTC de Daniel Coronell, este tuvo un valor estimado de Veintinueve Mil Quinientos Millones de Pesos ($29.500.000.000).

En 2012, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, la ley 1507 creó la Autoridad Nacional de Televisión, y le asigno algunas de las competencias de la antigua Comisión Nacional de Televisión, entre ellas, la facultad de contratar la concesión de los espacios de televisión de los canales estatales. A la mencionada Agencia, se le llego el año de 2013 sin abrir la licitación de concesión de los espacios de Canal Uno, cuyos contratos vigentes expiraban el 31 de diciembre. Entonces suscribió el convenio interadministrativo 048 de 2013 con la Universidad Nacional, con el fin de hacer un estudio de mercado para determinar las tarifas y formas de pago de las concesiones del Canal Uno.

En resumen, el estudio concluyo que las condiciones de mercado de 2013 eran diferentes a las de 2003 e incluían unas variables que hacían imposible determinar un valor actual de la concesión, de modo que recomendó, mantener la estructura tarifaria vigente en 2003.

Sin licitación abierta, decide la Autoridad Nacional de Televisión prorrogar los contratos actuales, por cuarenta (40) meses, violando la clausula tercera de los contratos de concesión donde taxativamente se prohíbe su prórroga, y haciendo caso omiso a la recomendación resultante del convenio interadministrativo de mantener la estructura tarifaria vigente, otorga esas prorrogas de manera gratuita. En buen castellano, le regala a unos privados, lo que a otros, como es el caso de RCN y Caracol les costó Noventa y Ocho Mil Millones de Pesos ($98.000.000.000).

Los beneficiarios de tal regalo fueron Daniel Coronell, Jorge Barón y Yamid Amat, pues la Unión Temporal RTI S.A. y Programar Televisión, observando el tamaño de la ilegalidad que se iba a cometer, decidió, en un loable acto de ética, no participar de tal esperpento jurídico. Así las cosas, el 25 % de la parrilla de programación que quedo sin asignar producto de ese retiro, fue feriado entre los tres concesionarios que se prestaron para el corrupto acto gubernamental.

Como se puede concluir, además de ilegal, la prórroga de los contratos de concesión de Canal Uno, atenta contra los principios de equidad y justicia, pues el mismo hecho a unos privados les cuesta una fortuna, y otros lo reciben regalado. Recientemente la ANTV decidió no pronunciarse frente a un conflicto que surgió entre los operadores de televisión por suscripción y los canales privados Caracol y RCN. Los canales intentaron cobrar por su señal en HD pero al no llegar a un acuerdo decidieron bajar la señal de los operadores. La respuesta de la ANTV fue tibia: citar a los ciudadanos y convocar a audiencias públicas para llenarse de razones antes de pronunciarse y probablemente proponer un cambio de regulación. La ANTV se escudó en que este tema, es de interés de los usuarios que deben ser escuchados. ¿Por qué no hicieron lo mismo en el caso de las prórrogas del Canal Uno? ¿Dónde estuvieron las audiencias públicas y comentarios de los televidentes interesados del Canal Uno? ¿Acaso sólo se deben tener en cuenta a los televidentes de Caracol y RCN? Que hubiera pasado si la gente se hubiera expresado sobre la baja calidad de contenidos del canal uno...el rating daba para pensar que nadie quiere ver ese canal.

Me pregunto yo, que correlación existe entre este regalo otorgado por el gobierno de Juan Manuel Santos a Yamid Amat, y la clara orientación gobiernista de los programas de CMI.

Me pregunto yo, que correlación existe entre este regalo otorgado por el gobierno de Juan Manuel Santos a Daniel Coronell y la feroz persecución que el obsequiado, ha emprendido contra el principal opositor del obsequiante y contra todo el que ha pretendido cuestionar al gobierno.

¿Estamos ante la prostitución del periodismo que, como contrasentido, se hace llamar independiente, y con el agravante que el cliente de la meretriz es el propio estado?

Esperamos de las autoridades competentes una investigación seria que lleve al castigo de los delincuentes si se comprueba en este caso, la comisión de delitos.

Como vemos, así Coronell no tenga quien le escriba, si tiene quien le regale. Y mucho.