El octavo aÑo de uribe

Hace siete años empezaba a darse por descontado el triunfo de Uribe en las elecciones presidenciales, y dentro de un año también estará claro quiénes podrán gobernar a Colombia en el siguiente periodo. El año que queda es crucial para el futuro del país.

A pesar de lo que muchos piensan, no es tan seguro que Uribe se presente de nuevo como candidato: las presiones de todo tipo que afronta podrían hacerlo desistir, así como la conciencia de que un tercer periodo estaría rodeado de dificultades y podría darse el colapso de la experiencia uribista.

Ese peligro consistiría en la inestabilidad política que derivaría de la situación de relativa ilegitimidad: si la constitución es tan maleable que se puede cambiar cada vez que conviene al gobierno, en la realidad no hay otra norma que el capricho gubernamental o de las mayorías, y nadie podrá decir que Uribe no volverá a ser candidato en 2014, 2018 y 2022. Toda oposición lo sería a un gobierno perpetuo, y da casi lo mismo que se considere dictadura o democracia plebiscitaria.

Pero a esa oposición que siempre estaría en desventaja frente a la popularidad del caudillo la concentrarían los amigos de los terroristas, tratando de tomar el poder como representación de la resistencia de los “verdaderos demócratas”. ¿Ya se han olvidado las huelgas de maestros y las marchas indígenas? Se puede dar por descontado que proliferarían, así como los actos violentos originados en las universidades: ¿qué proporción de los estudiantes de las universidades públicas bogotanas creen a pie juntillas que el presidente es el jefe del tráfico de cocaína? Yo sólo puedo asegurar que lo repiten todos los que conozco. En cuanto se pueda presentar la violencia organizada como respuesta a un dictador al que desprecia la nueva generación, liderada por Obama, no habrá modo de contenerla.

A eso habría que añadir el desgaste de tantos años de gobierno y el olvido de los colombianos de lo que fueron las décadas anteriores. Si se piensa que en estos siete años no ha saltado un gran escándalo de corrupción como el de Foncolpuertos, sería muy estúpido pensar que alguna doctrina o alguna retórica ponen a algún sector político a salvo de las maquinaciones de los corruptos. Puede que las amenazas de romperle la cara al tramposo no sean suficientes.

El reciente episodio de los negocios de los hijos del presidente es un buen ejemplo de eso: no importa si se ha cometido un delito, primero porque podría haber ocurrido y sería imposible demostrarlo, y segundo porque la empresa que compró los terrenos favorecidos por la calificación como zona franca podría haber contado con asesores que jugaban limpio (es decir, que evaluabn las posibilidades de recalificación sin recurrir al tráfico de influencias): lo cierto es que los hijos del presidente sacaron provecho de una operación especulativa, y que eso erosionará la imagen de Uribe. Es decir, el problema no es el posible delito ni la posible indelicadeza, sino la imagen que de eso saquen los ciudadanos.

Y es que muchas otras personas se habrán lucrado de esas recalificaciones de terrenos, incluso gracias al “delito de iniciados”, que siempre es tan difícil de probar, pero no es lo mismo que los beneficiados sean parientes del primer mandatario. Los negocios de éstos deberían ser ajenos a esa clase de operaciones cuya rentabilidad depende de decisiones de empleados del gobierno.

Pero más allá de que Uribe resuelva presentarse o no, todavía hace falta completar el segundo gobierno, y el año que queda es difícil, con el desempleo aumentando y las exportaciones menguando y con el constante deterioro de la imagen del gobierno a causa de la segunda reelección. Creo que es el precio que Uribe paga por no plantearse modernizar la política y crear un partido centrado en un ideario liberal-democrático.

El periodo preelectoral será un anuncio de lo que podría ser una década espantosa: ya he mencionado lo que ocurriría con un tercer gobierno de Uribe, pero en caso de que ganara alguno de sus opositores actuales, que en la práctica lo comparten casi todo, la situación sería mucho peor. Todos los candidatos alternativos que han aparecido necesitarían de la izquierda democrática en la segunda vuelta, y serían sus rehenes.

Pero una política de apaciguamiento con las guerrillas con la consiguiente recuperación visible de éstas llevaría a una guerra civil. Y tanto Uribe como los ambivalentes serían responsables de esa catástrofe.

Lástima que no haya políticos con valor e ideas capaces de ganarse a las mayorías que hoy apoyan a Uribe, por ejemplo proponiendo un referéndum que prohíba la negociación política con los terroristas, o un cambio radical en la política económica, que permitiera mejorar los indicadores de empleo.

Por Jaime Ruiz. Columnista de Atrabilioso.