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Así fue la novela jurídica de la restitución de Petro
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Recientemente, Petro instauró una acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la sanción disciplinaria emitida por la Procuraduría General de la Nación.
Luego que el pasado 19 de diciembre, el procurador Alejandro Ordoñez anunciara la destitución e inhabilidad por 15 años del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, debido al caos de las basuras parece que el mandatario vuelve al cargo por medio de una decisión judicial.
En las últimas horas, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó acatar las medidas cautelares proferidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que obligaría al presidente Juan Manuel Santos a restituir los derechos del burgomaestre.
El pasado 14 de enero, el magistrado José María Armenta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendió provisionalmente el fallo de la Procuraría al admitir una tutela presentada por un ciudadano. No obstante, en marzo la Sala Plena del Consejo de Estado negó otra tutela presentada esta vez por el propio Petro. El 6 marzo, la Sala Plena del Consejo Superior de la Judicatura negó todas las tutelas radicadas en contra de la sanción de la Procuraduría.
A la novela se sumó otro episodio el pasado 18 de marzo, cuando el Consejo de Estado dejó en firme la destitución del alcalde y precisó que la Procuraduría General de la Nación contaba con las facultades para investigar y sancionar disciplinariamente a un funcionario elegido por voto popular.
Horas después de conocerse el fallo, la CIDH le pidió al Estado colombiano suspender inmediatamente la orden de la Procuraduría y le otorgó a Gustavo Petro las medidas cautelares que tiempo atrás el mandatario había solicitado ante ese organismo internacional.
El 19 de marzo, el presidente Juan Manuel Santos decidió no acatar las medidas cautelares de la CIDH y nombró como alcalde encargado a Rafael Pardo, cargo que el ministro de Trabajo ocupó hasta este lunes cuando María Mercedes Maldonado fue nombrada alcaldesa interina de Bogotá.
Maldonado fue elegida de una terna presentada al Jefe de Estado por el movimiento Progresistas de la que hacían parte el exsecretario distrital, Guillermo Alfonso Jaramillo y el senador electo, Antonio Navarro Wolf.
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