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La derecha europea tumba un informe sobre educación sexual
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La derecha ha bloqueado una iniciativa del Parlamento Europeo sobre salud sexual y reproductiva. Los votos de los grupos conservadores han conseguido que la Eurocámara rechace por segunda vez un informe que pretendía garantizar el acceso de las mujeres a un aborto legal y seguro, así como la inclusión de la educación sexual en la enseñanza obligatoria. Con 334 votos a favor, 327 en contra y 35 abstenciones, la Eurocámara ha aprobado una resolución alternativa, propuesta por el Partido Popular Europeo y el grupo de Conservadores y Reformistas (euroescépticos), que vacía por completo el contenido del informe y apoya que la educación sexual siga siendo competencia de los Estados miembros, lo que excluye orientaciones comunitarias al respecto.
Con el fin de evitar el voto en contra, antes de la segunda votación, la Comisión para la mujer había eliminado del texto original dos párrafos controvertidos para los grupos contrarios. Uno hacía referencia a una educación sexual “sin tabúes e interactiva entre estudiantes y educadores” y otro que garantizar el acceso “a tratamientos de fertilidad y reproducción asistida para mujeres solteras y lesbianas”. A pesar de esas concesiones, el texto ha sido apartado con la aprobación de la resolución alternativa. El documento, conocido como informe Estrela por Edite Estrela, la eurodiputada socialista que lo ha redactado, reclamaba que los servicios de aborto fueran “legales, seguros y accesibles, dentro de los sistemas de salud pública de los Estados miembros” y que las mujeres que se hayan sometido a un aborto no sean perseguidas por la justicia si el país donde se lo hayan realizado --o su país de origen-- lo prohíbe.
Tras la votación que ha rechazado su informe, la eurodiputada portuguesa ha expresado su insatisfacción por el hecho de que “la hipocresía y el oscurantismo se hayan impuesto a los derechos legítimos de las mujeres”. Entre los abucheos y los aplausos de los distintos grupos parlamentarios, Estrela ha lamentado “que los movimientos más extremistas y fundamentalistas se hayan impuesto” y ha pedido al presidente de la sesión que retirara su nombre de la resolución alternativa que la Eurocámara ha aprobado finalmente. El eurodiputado español de Iniciativa per Catalunya Verds, Raül Romeva, se ha mostrado “indignado” porque “tantos hombres y mujeres” se opongan a que las mujeres “decidan sobre su propio cuerpo”. La parlamentaria socialista ha comunicado a través de las redes sociales que “se ha perdido esta batalla, pero no la guerra”.
El documento subrayaba que “en ningún caso” el aborto debe ser promovido como herramienta para la planificación familiar y pedía a los Estados políticas adecuadas para evitar que se recurra a la interrupción voluntaria del embarazo “por razones sociales y económicas”. Denunciaba también los “obstáculos” con los que se encuentran muchas mujeres a la hora de abortar en los países donde esta intervención sanitaria es legal. Barreras como “el uso extendido de la objeción de conciencia”, “esperas médicamente innecesarias” o “asesoramiento parcial”.
Movilizaciones a favor y en contra
Las organizaciones que luchan por los derechos sexuales y reproductivos y aquellas que están en contra del derecho a decidir de las mujeres y de la educación sexual se han enfrentado durante las últimas semanas por este informe. Numerosas organizaciones han hecho campañas de oposición a este informe para presionar a los eurodiputados para que votaran en contra o, como ha sucedido, para que sacaran adelante una resolución alternativa que lo inhabilitara. Los parlamentarios conservadores, con Jaime Mayor Oreja como uno de los que más se ha movilizado, argumentaban que el informe vulneraba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que recoge en el artículo 26.3 el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que sus hijos deben recibir.
Mientras, organizaciones internacionales como International Planned Parenthood Federation European Network habían defendido el informe como una manera de avanzar hacia la igualdad de género y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos. Organizaciones como la Plataforma Nosotras Decidimos defienden que el texto “supone profundizar en el compromiso de la UE con el acceso a la anticoncepción, la educación sexual y la planificación familiar voluntaria, que empodera a las mujeres y reduce los embarazos de adolescentes”.
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