El secuestro como botín político

INDIVIDUAL · 21-11-2013 , 06:17:37

“De acuerdo con los datos obtenidos en el estudio sobre secuestro en Colombia Una verdad secuestrada, las Farc han tenido una participación significativa en los secuestros dentro del territorio colombiano. Se ha identificado que durante el período 1970-2010 estuvieron involucradas como autoras presuntas en 9.447 secuestros y como autoras confirmadas en 3.325.
(...) Las guerrillas han utilizado el secuestro como estrategia de presión política, particularmente en el marco de negociaciones de paz con el Gobierno. Durante los Acuerdos de La Uribe —entre 1984 y 1987—, se estableció una tregua entre las Farc y el gobierno de Belisario Betancur que implicó un cese al fuego, el compromiso de la guerrilla de dejar el secuestro y del Gobierno de impulsar reformas en el orden político, social y económico.
Lamentablemente, el secuestro nunca dejó de ser una práctica usada por este grupo guerrillero para cumplir sus planes económicos y políticos. Es así como la búsqueda de una salida política al conflicto armado fracasó en este momento de la historia, a causa del incumplimiento del cese al fuego bilateral por parte de las Farc, tras la emboscada de una patrulla del batallón Cazadores por parte de los frentes 14 y 15 el 16 de junio de 1987, y la continuidad de los secuestros perpetrados por este grupo.
En este contexto, las Farc cometen en promedio 34 secuestros anuales entre 1984 y 1987. Tras la ruptura del cese al fuego, incrementan sus secuestros de carácter político como una forma de manifestar su fortalecimiento frente al Estado. En 1988 se registra el 71% del total de secuestros políticos de la década.
(...) La dicotomía entre el discurso y el accionar de las Farc se reflejó en la promoción de una creciente expansión militar y la consolidación de la Unión Patriótica como su brazo político. Aquí surge uno de los principales problemas de la estrategia establecida a partir de la VII Conferencia en 1982, y es la llamada ‘combinación de todas las formas de lucha’. Tal combinación comenzó a generar un sinsabor en la opinión pública, sobre todo en contextos de negociación en los que se esperaba un verdadero compromiso por parte del grupo guerrillero con el abandono de la lucha militar y el fortalecimiento de la actividad política.
(...) En el marco de los diálogos de paz de Tlaxcala es importante mencionar que, al igual que el impacto generado tras la toma de Marquetalia, el bombardeo de Casa Verde marcó una nueva etapa de las Farc como organización, lo que —dada su capacidad de adaptación— implicó un fortalecimiento de sus bases a nivel militar y un incremento de su accionar delictivo; esto se reflejó en su creciente comisión de secuestros durante el período de escalamiento (1990-1995).
Luego de este episodio, el presidente César Gaviria estableció contacto con los grupos guerrilleros que conformaban la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar y abrió espacios para la negociación en escenarios internacionales como Caracas (1991) y Tlaxcala (1992). Estos diálogos no tuvieron los resultados esperados, dado el secuestro y posterior asesinato del exministro de Obras Públicas Argelino Durán Quintero por parte del Epl.
Partiendo de lo anterior, es posible afirmar que el secuestro es utilizado por las guerrillas —en particular las Farc— no sólo como una estrategia de financiamiento económico y de presión política, sino también como una herramienta en función de su estructura militar. La práctica del secuestro les permite adoptar dinámicas de entrenamiento y movilidad permanente, lo cual fortalece su capacidad logística y consolida su estructura de mando. Adicionalmente, la comisión de este delito se usa como una muestra a los combatientes de menores rangos de la posibilidad real y cercana de controlar y humillar a sus blancos ideológicos y militares.
El secuestro de miembros de la Fuerza Pública y de líderes políticos ha sido utilizado como una herramienta para la consolidación de un discurso político en el que se resalta el secuestro como un mecanismo para combatir el creciente poder de las élites corruptas del país, lo que transforma al secuestrado en prisionero de guerra de un actor político que se considera a sí mismo legítimo, al disputarle el poder a un Estado al cual declara ladrón, corrupto, injusto y opresor.
Lo anterior se erige como una estrategia para evitar la criminalización de sus acciones delictivas en medio de la pretensión de reconocimiento como actor político, tanto a nivel interno —desde sus combatientes— como a nivel externo —ante la opinión pública nacional e internacional—. Es por esto que las Farc en su discurso hablan de negociar el canje de prisioneros, y se refieren al mismo como un ‘intercambio humanitario’. Es importante resaltar que entre 1970 y 2010, de los 39.058 secuestros registrados en la base de datos, sólo 480 personas han sido dejadas en libertad tras un canje con el actor que cometió el delito; de estos, 134 corresponden a las Farc.
(...) Se observa entonces una estrategia clara de este grupo guerrillero de secuestrar figuras políticas con un doble fin: primero, presionar al Estado colombiano y, segundo, publicitar un discurso político, a la vez que su poderío y capacidad militar frente a la debilidad del Estado en sus zonas históricas de control. Esto se deriva del enorme cubrimiento mediático que se les ha dado a los secuestros de las Farc, pues cada secuestro o señal de liberación —máxime cuando se trata de personalidades públicas— suele despertar el interés de la opinión pública en general.
En este sentido, para este período de masificación (1996-2000), se registró un crecimiento significativo de secuestros de figuras de la política nacional —502 secuestros en este período, en contraste con 173 en el período de escalamiento (1990-1995)—, donde las Farc se consolidaron como el perpetrador de secuestros que más apareció en la prensa nacional e internacional.
(...) En 1998, gracias al control territorial que obtuvieron las Farc con la zona de despeje en San Vicente del Caguán, este grupo incrementó su capacidad de mantener grandes volúmenes de secuestrados. La zona de distensión constituyó un escenario ideal para la mimetización del secuestro, lo que llevó a que éste se mantuviera al margen de los temas de la agenda de negociación, y que se presentara la entrega de los secuestrados como un canje humanitario de prisioneros de guerra.
(...) La zona de distensión del Caguán (1998-2002) coincide claramente con el período de masificación (1996-2000) del secuestro. Es en esta época en la que las Farc se destacan como el principal autor de secuestros en el país. El 33% de los secuestrados hacía parte de la administración pública y (el sector) defensa, especialmente militares y policías; 18% eran comerciantes y 16% ejercía actividades agrícolas. De igual forma, es en esta etapa cuando las Farc cometieron el mayor número de secuestros contra extranjeros —que para este período fue de 156 víctimas— y contra menores de edad —205—.
Según los datos registrados, las Farc perpetraron durante este período un total de 4.090 secuestros que, con relación al número de hechos cometidos en el período de escalamiento (1990-1995) —752—, representó un incremento de 444%. Esto se explica a partir del ya mencionado discurso por medio del cual reivindicaron su derecho a retener a aquellos ‘prisioneros de guerra’ que se rindieran en combate, y de secuestrar a aquellos políticos que denominaban corruptos. Pero además, por la creación e implementación de una norma interna de este grupo guerrillero —la Ley 002 de 2000—, dada a conocer durante los diálogos en San Vicente del Caguán.
(...) Las manifestaciones de repudio contra las Farc nacen fundamentalmente en las zonas urbanas del país y son promovidas por una población que siente cada vez más cerca el conflicto armado interno por medio de la masificación de secuestros en el territorio colombiano, y las múltiples afectaciones a individuos, no sólo de las élites del país, sino de la clase media, dada la diversificación de los perfiles de los secuestrados. Esto lleva a una reacción masiva contra las Farc, principal autor de secuestros durante el período de masificación (1996-2000), quienes cometen los secuestros más visibles por su trascendencia política o por su duración, a saber, aquellos cometidos contra funcionarios y figuras públicas como Íngrid Betancourt, Jorge Eduardo Géchem, Fernando Araújo, Alan Jara y Guillermo Gaviria, entre otros”.
el espectador

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