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Hijo de magistrado Villarraga le compró munición a oficial investigado

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"Me sindican de hechos por los que absolvieron a otros", dijo el magistrado a EL TIEMPO. Entrevista.

La presión de la opinión pública, las altas cortes y el Gobierno llevó este sábado al cuestionado magistrado Henry Villarraga a renunciar irrevocablemente a la Sala Disciplinaria de la Judicatura.
Villarraga radicó su carta de dimisión –que debe ser aceptada por el Congreso en pleno el próximo miércoles– tras ser señalado de favorecer a un oficial preso por un ‘falso positivo’, el coronel Róbinson González, cuya suerte jurídica estaba en sus manos. (Lea también: Judicatura hace sugerencia de terna para reemplazar a Villarraga).
En grabaciones, hechas por la Fiscalía, se infiere, incluso, un pago de 400 millones de pesos y se oye cómo Villarraga pide que no se registren sus ingresos al complejo militar donde está preso González.
“Esto no constituye un reconocimiento de responsabilidad alguna (...). Mi decisión obedece al llamado que me haga la justicia, del que me defenderé y rendiré las debidas explicaciones desde la tranquilidad y el incondicional apoyo de mi familia”, dice la carta de renuncia.
Antes de dar el paso al costado, Villarraga le admitió a EL TIEMPO que su hijo le pidió dos cajas de balas al oficial y habló del caso.
Usted insiste en que conoció al coronel González porque un periodista hermano del oficial le pidió audiencia...
Sí. Creo que el coronel ya estaba detenido, porque llegó con un soldado. Me dijo: “Vine a pedirle que haga justicia. Usted es el único que puede ayudarme con su tesis jurídica sobre el fuero militar”. Me dijo que él sólo ordenó la operación militar en la que murieron dos personas. El negocio no estaba en mi despacho. Lo tenía la doctora Julia Emma (Garzón), quien conceptuó que era caso juzgado porque ella, en el 2009, lo había enviado a la justicia ordinaria. Pero su ponencia fue derrotada porque sobrevinieron nuevas pruebas. Luego, por reparto, me tocó a mí y entregué una ponencia positiva (para que el caso fuera a la justicia militar), que fue derrotada.
¿Qué pruebas aparecieron?
A los muertos se les practicó una prueba y aparecieron residuos de pólvora: activaron armas. Según Medicina Legal, no hubo tatuaje en los impactos, lo que indica que no fueron ajusticiados. Y uno de ellos había sido condenado por porte ilegal de armas. Y hay un informe que prueba que en la zona operaba un grupo ilegal.
¿Les dijo a sus compañeros que el coronel lo visitó?
No. No vi suspicacia ni peligro. Yo cojo el caso, lo proyecto y me derrotan. No intrigué entre mis compañeros para que me apoyaran.
¿A qué se comprometió con el coronel González?
A estudiar el caso. Parto de un principio de buena fe, de que los miembros de las FF. MM. no ordenan a sus subalternos ir a cometer delitos. Invertir esa tesis es dar por sentado que estamos en manos de criminales.
¿Y para qué lo llamó y visitó?
Para darle confianza y decirle: “Tranquilo, yo le informo cómo sale el caso”. Si me tengo que ir es por imprudente, no por corrupto.
¿Y las visitas de su hijo qué?
Fernando no tiene libreta militar y está terminando Derecho. Fue a ver cómo le ayudaba a sacarla. Y le pidió que le ayudara a conseguir una munición calibre 12 para una escopeta de la finca.
¿Usted permitió que acudiera a un hombre cuyo proceso estaba en sus manos? ¿Le cobró? ¿La munición es legal?
A mí no me preguntó. Sobre la munición, le cobró dos cajas. No sé si es legal. Ellos tienen salvoconductos. Y por la libreta, ¿cómo no iba a cobrar? Hay que pagar al Ministerio de Defensa. Ese muchacho está acabado por ese problema. Si me toca ir a la cárcel por mi hijo, voy.
Usted tuvo que haber hablado del coronel con su hijo…
Pudo haberme consultado y yo haberle dicho: “¿Por qué no usa las relaciones del coronel?”. Pudo haber sucedido desprevenidamente.
Eso es tráfico de influencias…
La libreta no salió. Además, he emitido 50 salvamentos de voto, 32 aclaraciones y 12 providencias con esa tesis jurídica sobre el fuero militar y no la iba a cambiar. Eso sí hubiera sido prevaricar.
¿Por qué su hijo pidió que no registraran su entrada?
Seguro ya sabía que yo tenía el caso de González y uno evita eso. Pero el coronel no salió favorecido con el fallo. Esto es una cortina de humo.
Pero en las grabaciones se oye que al magistrado le iban a regalar 400…
No porque haya una llamada se puede inferir la responsabilidad sin revisar el universo probatorio.
¿Por qué creerle a usted, protagonista de escándalos como el de la indagación a Procesos Electorales, que involucró a su amigo el Registrador Nacional y el del ‘carrusel’ de pensiones?
Esa fue una pelea entre Carlos Ariel y (Álvaro) Uribe por la reelección y yo terminé involucrado, igual que Procesos Electorales, firma que ambos creamos. La investigación se archivó.
¿Y los supuestos cobros para darles la ‘palomita’ a sus auxiliares y salieran luego con jugosas pensiones?
Es mentira. Me están sindicando de hechos por los que absolvieron a otros. Esos nombramientos fueron legales. Soy el más feliz de que la Fiscalía investigue, se va a aclarar todo. Pero que investiguen sin prefabricar pruebas. A mi patrimonio no entró un peso.
¿No es paradójico quedar en manos de la Comisión de Acusación, tan desacreditada como el Consejo de la Judicatura?
Los sujetos que investiga esa Comisión no somos bandidos. Cometemos errores, como el que estoy admitiendo. Yo estoy dispuesto a someterme a esa instancia, que prevé la Constitución.
Usted habla de una línea jurisprudencial, pero lo que hizo fue crear un esguince para mandar casos de la justicia ordinaria a la militar…
No. Los tribunales de cierre, como nosotros, somos hacedores de derecho, a través de la interpretación de las normas, que no son estáticas. Creé una línea jurisprudencial para dar seguridad jurídica y mis colegas, en algunos casos, la acogieron.
¿Qué opina de que la Judicatura se acabe por el desprestigio de varios de sus miembros?
El desprestigio de una institución no se da porque haya malos elementos. El problema de la Sala Disciplinaria es que nos ha faltado carácter para imponernos y falta apoyo de la Administrativa. El trabajo disciplinario no es fácil. En 5 años hemos sancionado más del doble que la sala anterior.
‘No me han solicitado ni he dado plata’
A través de su defensa, el coronel Róbinson González le negó a EL TIEMPO haberle dado plata a Henry Villarraga. “Nunca he dado ni me han solicitado dinero para obtener un pronunciamiento judicial a favor. En su momento les explicaré a las autoridades cuál fue el sentido real de mis frases”, dijo. Sobre la visita del hijo de Villarraga aseguró que su único interés era tener claridad sobre el trámite de la libreta militar. No habló de la munición. Y enfatizó que las consultas jurídicas –como la elevada a Villarraga– las ha hecho a lo largo de su proceso. “Son parte de mi legítimo derecho a la defensa”, afirmó. (Lea también: 'Nunca he recibido un peso por una ponencia': magistrado Villarraga).
Y agregó que ha obrado correctamente, como lo hizo durante su carrera militar –en la que ocupó altos cargos– como consta en su hoja de vida. “Son 20 años de logros en la lucha contra ‘paras’, bandas, guerrilla y narcotráfico”, añadió. Y aseguró que seguirá luchando por su libertad, aferrado a las pruebas que hay en su favor.
EL TIEMPO contactó al general (r) Rito Alejo del Río para que aclarara su supuesta participación en este caso y, aunque dijo que no tenía permiso para hablar negó nexo o parentesco con el coronel, con la entrega de 400 millones a Henry Villarraga y con sus ingresos al Batallón. “No me metan en eso. Les están haciendo el favor a los bandidos, a la izquierda y manipulan la información”, advirtió.
Fernando, sin permiso para portar armas
Fernando Villarraga tiene 29 años, varios semestres de Derecho y acceso a un Jeep Wrangler negro, 2008, con el que ingresó a al complejo militar de Puente Aranda sin ser registrado. El carro, cuya placa aparece en las grabaciones, figura a nombre de un tercero. Su padre dice que visitó al oficial investigado para gestionar la libreta militar y conseguir munición. Pero registros del Ejército señalan que el joven no tiene autorización para portar armas y que los militares detenidos tampoco tienen acceso a este material.
El joven se desempeñó como gerente de Procesos Electorales S. A., fundada por su padre y por el registrador Carlos Ariel Sánchez y cerrada, en el 2011, después de hacer parte de una investigación por presunto fraude electoral, que se archivó hace unos meses. Sin embargo, en la misma oficina funciona ahora Inversiones Villarraga S. A. S., creada en enero del 2012 con un capital autorizado de 1.000 millones de pesos. Si bien se promociona en la web como experta en cría de ganado, ofrece los mismos servicios de Procesos Electorales y aparece comprándole un predio al magistrado. Fernando es socio de la S.A.S. con sus hermanas, una de ellas representada por su papá. Allí mismo funciona Abogados Asesores Asociados, fundada por el magistrado que, tras un cambio de nombre y socios, está en manos de miembros de su familia.
Perfil: Polémico y muy cercano al Ejército
Sin experiencia en la rama, Henry Villarraga, de Purificación (Tolima), llegó a la Judicatura en el 2008, tras ser ternado por el gobierno Uribe. Antes litigó y fue abogado del actual registrador, Carlos Ariel Sánchez, su amigo y exsocio en Procesos Electorales, firma involucrada en un caso, ya archivado, por presunto fraude electoral. Fue jefe jurídico de la Gobernación de Casanare durante la administración de Raúl Flórez, destituido por temas de contratación.
Villarraga es investigado por su presunta participación en un ‘carrusel’ de pensiones. Según denuncias, a cambio de dinero encargaba a auxiliares para que obtuvieran jugosas mesadas. Y hace 8 días, Noticias Uno reveló cintas que lo vinculan con un oficial cuyo caso de ‘falso positivos’ él manejó. Villarraga es cercano al Ejército: es oficial de la reserva.

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