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Procuraduría sanciona por 20 años a implicados en 'falsos positivos'
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La medida cobija a dos tenientes, un sargento y cinco soldados, por la muerte de dos civiles.
El Ministerio Público declaró disciplinariamente culpables a dos tenientes, un sargento y cinco soldados profesionales por el reclutamiento ilegal de jóvenes en Bogotá, Aguachica (Cesar) y Soacha (Cundinamarca), su desaparición, posterior muerte y presentación como muertos en combate por parte de miembros adscritos al Ejército. La Procuraduría consideró las actuaciones de los militares como “faltas gravísimas” y, como consecuencia, impuso la sanción máxima, que es la destitución e inhabilidad general de 20 años para ejercer cargos públicos a cada uno de los investigados, miembros del Ejército Nacional. Se trata del teniente coronel Wilson Javier Castro Pinto; el teniente Eduar Antonio Villany Realpe; el sargento viceprimero, Jesús Eduardo Niampira Benavides, y los soldados profesionales Nelson Ospina Tabares, Juan Carlos Álvarez, Germán Augusto Oliveros Tavares y Benancio Puentes Guapacha. Para la Procuraduría, “Daniel Andrés Pesca Olaya y Eduardo Garzón Páez eran unas personas que si bien podían tener antecedentes judiciales y/o llevar una vida humilde como quedó dicho, ello no los convertía en objetivos militares y mucho menos autorizaba a los investigados a obrar en la forma ilegal establecida”. El Ministerio Público argumentó que la inhabilidad se produce porque “eran servidores públicos debidamente preparados por el Estado para cumplir a cabalidad los deberes militares encomendados, entre los que está proteger y garantizar la integridad derechos fundamentales de los seres humanos en general y como ha quedado demostrado, es función que no acataron”. Las investigaciones se iniciaron cuando EL TIEMPO publicó el artículo ‘Fiscalía confirma que fueron 19 los jóvenes hallados muertos en el nororiente del país, en el que se informó sobre las presuntas irregularidades cometidas por miembros del Ejército Nacional, que más adelante, según la Procuraduría “efectivamente se concretaron en el homicidio de Daniel Andrés Pesca y Eduardo Garzón Páez” en hechos ocurridos el 5 de marzo de marzo del 2008 en horas de la madrugada, en la finca ‘Aguas Claras’, municipio de Cimitarra (Santander). REDACCIÓN JUSTICIA
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