EL PLAN CENTRO, LO ILEGAL DENTRO DE LO LEGAL "Pero el centro de la ciudad va a quedar divino"

PEDROELGRANDE · 19-10-2013 , 00:38:03

Autor:GUILLERMO RICO REYES

Cuando los comerciantes del sector de Santa Bárbara centro recibieron una carta de invitación para conocer el proyecto conocido como Plan Centro, nunca imaginaron que asistirían a un ultimátum de la Empresa de Renovación Urbana para abandonar sus establecimientos comerciales y la obligación de venderlos a precios que van desde $380.000 metro cuadrado hasta $680.000 dependiendo si son habitantes o comerciantes.

La propiedad privada deja de existir, un decreto así lo impone. "Estamos hablando de un proyecto de seguridad nacional y no hay nada que decir", les explicó el funcionario de turno. Efectivamente, el presidente Juan Manuel Santos un día decidió que sería bueno tener a todos sus ministros muy cerca de la Casa de Nariño y, por intermedio de la resolución 11 de 2013 de la Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano –Emru– Virgilio Barco S. A. S., anunció el proyecto "Ministerios".

¿Quedará linda la ciudad? Es probable, pero ¿a qué precio? La respuesta también es fácil: a un precio muy, muy, bajo, ya que se pagará un promedio inferior al medio millón por el metro cuadrado, como ya se informó, el mismo que será revendido por la Empresa de Renovación desde un millón seiscientos mil pesos de ($1.600.000).

Otras justificaciones

"Las casa están viejas y a punto de caerse, así que les vamos a hacer un favor". Esta fue una de las excusas que abanicaron los señores de la Empresa", explicaron los comerciantes. "Pero es que cuando queríamos arreglarlas nos prohibían hasta pintar los frentes. Nosotros caímos en la trampa y nunca imaginamos que lo que pretendían era buscar justificaciones. Un vecino fue multado con 40 millones por haber cambiado el techo de su vivienda que estaba a punto de caerse", recuerdan los vecinos del sector.

Y prosiguen. "Como en todos los casos, inundaron la zona de prostitución callejera, delincuencia, indigencias, centros de venta de reciclaje y de drogas. Pero nosotros nos dimos a la tarea de limpiar calle por calle y no con violencia sino con solidaridad".

"La otra justificación para sacarnos de nuestro barrio es la remodelación de la ciudad y el POT del 2004. Según la norma, con la puesta en marcha de la renovación se atraerá inversión privada que será la que saque el gran beneficio económico de los proyectos".

El proyecto ministerios

Hace varios años, en el gobierno de Peñaloza, a algún genio de la renovación urbana se le ocurrió que la avenida 26 era la vía más importante de la ciudad y que estaba casi abandonada. A partir de ese momento se inició un proceso que pretendía "recuperar" los sectores deprimidos o de uso equivocado de ese sector, se inició entonces un plan de embellecimiento de la avenida, se construyó la troncal de Trasmilenio y se planeó demoler el Centro Administrativo Nacional –CAN–, la recién modernizada clínica de la Policía, y otras edificaciones como la antigua Inravisión, la Hemeroteca Nacional, Compensar y el conjunto residencial El Greco, monumento a la corrupción de la Iglesia Católica cuando la Caja Vocacional quebró, arrastrando en penurias a miles de cristianos ahorradores.

Paralelo a esto también se involucraron terrenos que están a punto de ser adjudicados a la Emru y que pertenecen al parque Simón Bolívar y a la Universidad Nacional. Los ministerios que se encuentran en el CAN, pasarán a las edificaciones por construir en el área que ocupan los vecinos de San Bárbara Centro (sujetos del desplazamiento urbano forzoso).

Una empresaria del sector denunció a este periódico que hace pocos años pidió un préstamo para comprar el local donde tiene un almacén de prendas militares, "La plata que nos ofrece la empresa de renovación se la daría al banco y aún quedaría debiendo por el local por el que me prestaron", explicó.

La organización popular

Frente a la aplanadora de la renovación tomó forma un proceso de organización popular que inició con los comerciantes de Santa Bárbara Centro. Leidy Garzón es la presidenta del Comité de Comerciantes Vecinos de la Casa de Nariño, según cuenta le ha tocado dejar de lado sus actividades para enfrentar a un verdadero ejército de abogados, tramitadores, funcionarios y hasta banqueros, para poder seguir haciendo lo que sabe hacer: trabajar.

Y expresa, no sin preocupación: "Esto es lo más injusto que he tenido que vivir. Mi mamá trabaja conmigo y si esto se acaba ¿qué haremos? Todos estos negocios de prendas militares son en su mayoría economías familiares, si nos logran ganar no será una persona por familia la que quede desempleada, será toda la familia". Su rostro de preocupación no es casualidad.

Así que se ha dedicado a motivar la organizar de las comunidades y a reunirse con frecuencia en los salones comunales. También se han sumado los tipógrafos del sector y desde hace pocos días se unieron los comerciantes del madrugón de San Victorino, a quienes les confirmaron que los sacarán. Definitivamente ellos no quieren ver pobres por sus ventanas, explica Leidy Garzón.

Orlando de la Hoz es el presidente de la Junta Administradora Local de La Candelaria, su responsabilidad con los votantes la ha tomado muy en serio. Hoy promueve, en compañía de esos líderes populares, procesos de cabildo abierto y han pedido que la alcaldía Mayor de Bogotá decrete la emergencia social y humanitaria en todo el sector que se piensa intervenir.

También se han realizado campañas de pega de afiches donde se lee "El centro no está en venta", pero en la segunda semana de septiembre el alcalde de la localidad de Santafé los mando quitar, solo quedan los que se pegaron dentro de los almacenes y las camisetas que exhiben a diario.

Contra este proyecto también se han formado otras organizaciones que pretenden motivar resistencia, como la de Teusaquillo, comerciantes de otras mercancías, el comité del barrio Policarpa donde están Adela Dimas y Víctor Silva, este último Edil de la Localidad Antonio Nariño. Todos con el firme propósito de concientizar a las comunidades para no dejarse sacar de lo que siempre les ha pertenecido.

En una reunión con delegados de la Emru, una mujer de edad mayor le dice al que parecía ser el jefe de los delegados: "Oiga doctor, le compro sus gafas...", el funcionario extrañado le dijo que no. Entonces la mujer insistió, "Le pago un poco más de lo que le costaron, con eso usted me las vende y se gana unos pesos". El funcionario la miró con desdén y respondió: "Señora, es que mis gafas no están en venta", entonces la señora lo interrumpió y le dijo: "[...] creo que ya me está entendiendo [...], mi negocio tampoco está en venta [... ], sí me entiende doctor?

De esta manera, a septiembre de 2013, las organizaciones se han multiplicado y crecido interiormente; frente al silencio complaciente de los medios masivos de comunicación, ellos sacaron el periódico llamado Dignidad, el cual respalda cuanta manifestación se realice contra este desplazamiento forzado. Todos ellos tienen una meta: demostrar que se puede contrariar al artículo 6 de la Resolución 11 de la Emru Virgilio Barco Vargas que dice que contra la norma no procede ningún recurso en su contra.

PEDROELGRANDE · 19-10-2013 , 00:38:41

¿Y Petro qué?

Cuando Gustavo Petro se posesionó el 1 de enero de 2012, en su discurso se refiere al Plan Centro así: "No queremos ver más procesos de renovación urbana como el que existe a dos cuadras de aquí, o el que ocurrió una cuadra abajo de aquí, o allá en San Victorino, tres cuadras abajo, en donde a los pobres se les sacaba del centro de la ciudad a precios de estafa por parte del Estado, para poder hacer grandes proyectos inmobiliarios, excluyendo a la población tradicional. Jairo Aníbal Niño murió por uno de esos procesos que llaman los teóricos gentrificación, pero que consiste simplemente en que a un pobre le pagan 350 mil pesos el metro cuadrado a dos cuadras de esta Plaza de Bolívar y después venden a 27 millones de pesos el metro cuadrado cuando se trata de centros comerciales, o a cinco o seis millones de pesos el metro cuadrado cuando se trata de soluciones inmobiliarias.

Esa renovación urbana no es la que queremos. Liberar el espacio del agua significa que sin desplazar a la población, revitalizando urbanamente para que más personas puedan vivir en el centro, puede más gente vivir al lado del agua, al lado del centro ampliado, vamos a densificar la ciudad a través de un proceso de revitalización urbana que no excluya al pobre, lo que significa otro gran reto, que la vivienda de interés prioritario que no es la de interés social, que es para más pobres, gente más excluida de la que hoy accede a la vivienda de interés social, no se construya allá al lado del río Bogotá para que las aguas negras de la ciudad lo inunden, o no se construya como está sucediendo sino que pueda construirse en la ciudad ya construida, un enorme reto de construir 72 mil viviendas, 18 mil por año, dentro de la ciudad construida, que acerque al pobre a la condición de salir definitivamente de la pobreza, viviendo más cerca de los círculos de las transacciones, de los mercados, de la actividad productiva, que por ser productiva es la única que realmente genera la riqueza y puede sacar de la pobreza[...]".

Hoy son muchos los habitantes que piden que Petro salga en su defensa y que, si el nuevo POT no es derogado por las cortes, se convierta en la tabla de salvación de los pobres del centro de la ciudad. ¿Se cumplirá esta esperanza?
El Plan Centro, lo ilegal dentro de lo legal
“Pero el centro de la ciudad va a quedar divino”
l Guillermo Rico Reyes
C
uando los comerciantes del sector de Santa Bárbara centro recibieron una carta de invitación para conocer el proyecto conocido como Plan Centro, nunca imaginaron que asistirían a un ultimátum de la Empresa de Renovación Urbana para abandonar sus establecimientos comerciales y la obligación de venderlos a precios que van desde $380.000 metro cuadrado hasta $680.000 dependiendo si son habitantes o comerciantes.

La propiedad privada deja de existir, un decreto así lo impone. “Estamos hablando de un proyecto de seguridad nacional y no hay nada que decir”, les explicó el funcionario de turno. Efectivamente, el presidente Juan Manuel Santos un día decidió que sería bueno tener a todos sus ministros muy cerca de la Casa de Nariño y, por intermedio de la resolución 11 de 2013 de la Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano –Emru– Virgilio Barco S. A. S., anunció el proyecto “Ministerios”.

¿Quedará linda la ciudad? Es probable, pero ¿a qué precio? La respuesta también es fácil: a un precio muy, muy, bajo, ya que se pagará un promedio inferior al medio millón por el metro cuadrado, como ya se informó, el mismo que será revendido por la Empresa de Renovación desde un millón seiscientos mil pesos de ($1.600.000).

Otras justificaciones

“Las casa están viejas y a punto de caerse, así que les vamos a hacer un favor”. Esta fue una de las excusas que abanicaron los señores de la Empresa”, explicaron los comerciantes. “Pero es que cuando queríamos arreglarlas nos prohibían hasta pintar los frentes. Nosotros caímos en la trampa y nunca imaginamos que lo que pretendían era buscar justificaciones. Un vecino fue multado con 40 millones por haber cambiado el techo de su vivienda que estaba a punto de caerse”, recuerdan los vecinos del sector.

Y prosiguen. “Como en todos los casos, inundaron la zona de prostitución callejera, delincuencia, indigencias, centros de venta de reciclaje y de drogas. Pero nosotros nos dimos a la tarea de limpiar calle por calle y no con violencia sino con solidaridad”.

“La otra justificación para sacarnos de nuestro barrio es la remodelación de la ciudad y el POT del 2004. Según la norma, con la puesta en marcha de la renovación se atraerá inversión privada que será la que saque el gran beneficio económico de los proyectos”.
El proyecto ministerios

Hace varios años, en el gobierno de Peñaloza, a algún genio de la renovación urbana se le ocurrió que la avenida 26 era la vía más importante de la ciudad y que estaba casi abandonada. A partir de ese momento se inició un proceso que pretendía “recuperar” los sectores deprimidos o de uso equivocado de ese sector, se inició entonces un plan de embellecimiento de la avenida, se construyó la troncal de Trasmilenio y se planeó demoler el Centro Administrativo Nacional –CAN–, la recién modernizada clínica de la Policía, y otras edificaciones como la antigua Inravisión, la Hemeroteca Nacional, Compensar y el conjunto residencial El Greco, monumento a la corrupción de la Iglesia Católica cuando la Caja Vocacional quebró, arrastrando en penurias a miles de cristianos ahorradores.

Paralelo a esto también se involucraron terrenos que están a punto de ser adjudicados a la Emru y que pertenecen al parque Simón Bolívar y a la Universidad Nacional. Los ministerios que se encuentran en el CAN, pasarán a las edificaciones por construir en el área que ocupan los vecinos de San Bárbara Centro (sujetos del desplazamiento urbano forzoso).

Una empresaria del sector denunció a este periódico que hace pocos años pidió un préstamo para comprar el local donde tiene un almacén de prendas militares, “La plata que nos ofrece la empresa de renovación se la daría al banco y aún quedaría debiendo por el local por el que me prestaron”, explicó.

La organización popular

Frente a la aplanadora de la renovación tomó forma un proceso de organización popular que inició con los comerciantes de Santa Bárbara Centro. Leidy Garzón es la presidenta del Comité de Comerciantes Vecinos de la Casa de Nariño, según cuenta le ha tocado dejar de lado sus actividades para enfrentar a un verdadero ejército de abogados, tramitadores, funcionarios y hasta banqueros, para poder seguir haciendo lo que sabe hacer: trabajar.

Y expresa, no sin preocupación: “Esto es lo más injusto que he tenido que vivir. Mi mamá trabaja conmigo y si esto se acaba ¿qué haremos? Todos estos negocios de prendas militares son en su mayoría economías familiares, si nos logran ganar no será una persona por familia la que quede desempleada, será toda la familia”. Su rostro de preocupación no es casualidad.

Así que se ha dedicado a motivar la organizar de las comunidades y a reunirse con frecuencia en los salones comunales. También se han sumado los tipógrafos del sector y desde hace pocos días se unieron los comerciantes del madrugón de San Victorino, a quienes les confirmaron que los sacarán. Definitivamente ellos no quieren ver pobres por sus ventanas, explica Leidy Garzón.

Orlando de la Hoz es el presidente de la Junta Administradora Local de La Candelaria, su responsabilidad con los votantes la ha tomado muy en serio. Hoy promueve, en compañía de esos líderes populares, procesos de cabildo abierto y han pedido que la alcaldía Mayor de Bogotá decrete la emergencia social y humanitaria en todo el sector que se piensa intervenir.

También se han realizado campañas de pega de afiches donde se lee “El centro no está en venta”, pero en la segunda semana de septiembre el alcalde de la localidad de Santafé los mando quitar, solo quedan los que se pegaron dentro de los almacenes y las camisetas que exhiben a diario.

Contra este proyecto también se han formado otras organizaciones que pretenden motivar resistencia, como la de Teusaquillo, comerciantes de otras mercancías, el comité del barrio Policarpa donde están Adela Dimas y Víctor Silva, este último Edil de la Localidad Antonio Nariño. Todos con el firme propósito de concientizar a las comunidades para no dejarse sacar de lo que siempre les ha pertenecido.

En una reunión con delegados de la Emru, una mujer de edad mayor le dice al que parecía ser el jefe de los delegados: “Oiga doctor, le compro sus gafas…”, el funcionario extrañado le dijo que no. Entonces la mujer insistió, “Le pago un poco más de lo que le costaron, con eso usted me las vende y se gana unos pesos”. El funcionario la miró con desdén y respondió: “Señora, es que mis gafas no están en venta”, entonces la señora lo interrumpió y le dijo: “[…] creo que ya me está entendiendo […], mi negocio tampoco está en venta [… ], sí me entiende doctor?

De esta manera, a septiembre de 2013, las organizaciones se han multiplicado y crecido interiormente; frente al silencio complaciente de los medios masivos de comunicación, ellos sacaron el periódico llamado Dignidad, el cual respalda cuanta manifestación se realice contra este desplazamiento forzado. Todos ellos tienen una meta: demostrar que se puede contrariar al artículo 6 de la Resolución 11 de la Emru Virgilio Barco Vargas que dice que contra la norma no procede ningún recurso en su contra.

¿Y Petro qué?

Cuando Gustavo Petro se posesionó el 1 de enero de 2012, en su discurso se refiere al Plan Centro así: “No queremos ver más procesos de renovación urbana como el que existe a dos cuadras de aquí, o el que ocurrió una cuadra abajo de aquí, o allá en San Victorino, tres cuadras abajo, en donde a los pobres se les sacaba del centro de la ciudad a precios de estafa por parte del Estado, para poder hacer grandes proyectos inmobiliarios, excluyendo a la población tradicional. Jairo Aníbal Niño murió por uno de esos procesos que llaman los teóricos gentrificación, pero que consiste simplemente en que a un pobre le pagan 350 mil pesos el metro cuadrado a dos cuadras de esta Plaza de Bolívar y después venden a 27 millones de pesos el metro cuadrado cuando se trata de centros comerciales, o a cinco o seis millones de pesos el metro cuadrado cuando se trata de soluciones inmobiliarias.

Esa renovación urbana no es la que queremos. Liberar el espacio del agua significa que sin desplazar a la población, revitalizando urbanamente para que más personas puedan vivir en el centro, puede más gente vivir al lado del agua, al lado del centro ampliado, vamos a densificar la ciudad a través de un proceso de revitalización urbana que no excluya al pobre, lo que significa otro gran reto, que la vivienda de interés prioritario que no es la de interés social, que es para más pobres, gente más excluida de la que hoy accede a la vivienda de interés social, no se construya allá al lado del río Bogotá para que las aguas negras de la ciudad lo inunden, o no se construya como está sucediendo sino que pueda construirse en la ciudad ya construida, un enorme reto de construir 72 mil viviendas, 18 mil por año, dentro de la ciudad construida, que acerque al pobre a la condición de salir definitivamente de la pobreza, viviendo más cerca de los círculos de las transacciones, de los mercados, de la actividad productiva, que por ser productiva es la única que realmente genera la riqueza y puede sacar de la pobreza[…]”.

Hoy son muchos los habitantes que piden que Petro salga en su defensa y que, si el nuevo POT no es derogado por las cortes, se convierta en la tabla de salvación de los pobres del centro de la ciudad. ¿Se cumplirá esta esperanza?

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19-10-2013 , 00:38:41	#2
PEDROELGRANDE Denunciante Dorado Me Gusta Estadisticas Mensajes: 23.461 Me Gusta Recibidos: 9511 Me Gustas Dados: 8738 Ingreso: 06 oct 2008 Temas Nominados a TDM Temas Nominados 42 Temas Ganadores: 0 Reputacion Poder de Credibilidad: 217 Puntos: 380179	Respuesta: EL PLAN CENTRO, LO ILEGAL DENTRO DE LO LEGAL "Pero el centro de la ciudad va a quedar div ¿Y Petro qué? Cuando Gustavo Petro se posesionó el 1 de enero de 2012, en su discurso se refiere al Plan Centro así: "No queremos ver más procesos de renovación urbana como el que existe a dos cuadras de aquí, o el que ocurrió una cuadra abajo de aquí, o allá en San Victorino, tres cuadras abajo, en donde a los pobres se les sacaba del centro de la ciudad a precios de estafa por parte del Estado, para poder hacer grandes proyectos inmobiliarios, excluyendo a la población tradicional. Jairo Aníbal Niño murió por uno de esos procesos que llaman los teóricos gentrificación, pero que consiste simplemente en que a un pobre le pagan 350 mil pesos el metro cuadrado a dos cuadras de esta Plaza de Bolívar y después venden a 27 millones de pesos el metro cuadrado cuando se trata de centros comerciales, o a cinco o seis millones de pesos el metro cuadrado cuando se trata de soluciones inmobiliarias. Esa renovación urbana no es la que queremos. Liberar el espacio del agua significa que sin desplazar a la población, revitalizando urbanamente para que más personas puedan vivir en el centro, puede más gente vivir al lado del agua, al lado del centro ampliado, vamos a densificar la ciudad a través de un proceso de revitalización urbana que no excluya al pobre, lo que significa otro gran reto, que la vivienda de interés prioritario que no es la de interés social, que es para más pobres, gente más excluida de la que hoy accede a la vivienda de interés social, no se construya allá al lado del río Bogotá para que las aguas negras de la ciudad lo inunden, o no se construya como está sucediendo sino que pueda construirse en la ciudad ya construida, un enorme reto de construir 72 mil viviendas, 18 mil por año, dentro de la ciudad construida, que acerque al pobre a la condición de salir definitivamente de la pobreza, viviendo más cerca de los círculos de las transacciones, de los mercados, de la actividad productiva, que por ser productiva es la única que realmente genera la riqueza y puede sacar de la pobreza[...]". Hoy son muchos los habitantes que piden que Petro salga en su defensa y que, si el nuevo POT no es derogado por las cortes, se convierta en la tabla de salvación de los pobres del centro de la ciudad. ¿Se cumplirá esta esperanza? El Plan Centro, lo ilegal dentro de lo legal “Pero el centro de la ciudad va a quedar divino” l Guillermo Rico Reyes C uando los comerciantes del sector de Santa Bárbara centro recibieron una carta de invitación para conocer el proyecto conocido como Plan Centro, nunca imaginaron que asistirían a un ultimátum de la Empresa de Renovación Urbana para abandonar sus establecimientos comerciales y la obligación de venderlos a precios que van desde $380.000 metro cuadrado hasta $680.000 dependiendo si son habitantes o comerciantes. La propiedad privada deja de existir, un decreto así lo impone. “Estamos hablando de un proyecto de seguridad nacional y no hay nada que decir”, les explicó el funcionario de turno. Efectivamente, el presidente Juan Manuel Santos un día decidió que sería bueno tener a todos sus ministros muy cerca de la Casa de Nariño y, por intermedio de la resolución 11 de 2013 de la Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano –Emru– Virgilio Barco S. A. S., anunció el proyecto “Ministerios”. ¿Quedará linda la ciudad? Es probable, pero ¿a qué precio? La respuesta también es fácil: a un precio muy, muy, bajo, ya que se pagará un promedio inferior al medio millón por el metro cuadrado, como ya se informó, el mismo que será revendido por la Empresa de Renovación desde un millón seiscientos mil pesos de ($1.600.000). Otras justificaciones “Las casa están viejas y a punto de caerse, así que les vamos a hacer un favor”. Esta fue una de las excusas que abanicaron los señores de la Empresa”, explicaron los comerciantes. “Pero es que cuando queríamos arreglarlas nos prohibían hasta pintar los frentes. Nosotros caímos en la trampa y nunca imaginamos que lo que pretendían era buscar justificaciones. Un vecino fue multado con 40 millones por haber cambiado el techo de su vivienda que estaba a punto de caerse”, recuerdan los vecinos del sector. Y prosiguen. “Como en todos los casos, inundaron la zona de prostitución callejera, delincuencia, indigencias, centros de venta de reciclaje y de drogas. Pero nosotros nos dimos a la tarea de limpiar calle por calle y no con violencia sino con solidaridad”. “La otra justificación para sacarnos de nuestro barrio es la remodelación de la ciudad y el POT del 2004. Según la norma, con la puesta en marcha de la renovación se atraerá inversión privada que será la que saque el gran beneficio económico de los proyectos”. El proyecto ministerios Hace varios años, en el gobierno de Peñaloza, a algún genio de la renovación urbana se le ocurrió que la avenida 26 era la vía más importante de la ciudad y que estaba casi abandonada. A partir de ese momento se inició un proceso que pretendía “recuperar” los sectores deprimidos o de uso equivocado de ese sector, se inició entonces un plan de embellecimiento de la avenida, se construyó la troncal de Trasmilenio y se planeó demoler el Centro Administrativo Nacional –CAN–, la recién modernizada clínica de la Policía, y otras edificaciones como la antigua Inravisión, la Hemeroteca Nacional, Compensar y el conjunto residencial El Greco, monumento a la corrupción de la Iglesia Católica cuando la Caja Vocacional quebró, arrastrando en penurias a miles de cristianos ahorradores. Paralelo a esto también se involucraron terrenos que están a punto de ser adjudicados a la Emru y que pertenecen al parque Simón Bolívar y a la Universidad Nacional. Los ministerios que se encuentran en el CAN, pasarán a las edificaciones por construir en el área que ocupan los vecinos de San Bárbara Centro (sujetos del desplazamiento urbano forzoso). Una empresaria del sector denunció a este periódico que hace pocos años pidió un préstamo para comprar el local donde tiene un almacén de prendas militares, “La plata que nos ofrece la empresa de renovación se la daría al banco y aún quedaría debiendo por el local por el que me prestaron”, explicó. La organización popular Frente a la aplanadora de la renovación tomó forma un proceso de organización popular que inició con los comerciantes de Santa Bárbara Centro. Leidy Garzón es la presidenta del Comité de Comerciantes Vecinos de la Casa de Nariño, según cuenta le ha tocado dejar de lado sus actividades para enfrentar a un verdadero ejército de abogados, tramitadores, funcionarios y hasta banqueros, para poder seguir haciendo lo que sabe hacer: trabajar. Y expresa, no sin preocupación: “Esto es lo más injusto que he tenido que vivir. Mi mamá trabaja conmigo y si esto se acaba ¿qué haremos? Todos estos negocios de prendas militares son en su mayoría economías familiares, si nos logran ganar no será una persona por familia la que quede desempleada, será toda la familia”. Su rostro de preocupación no es casualidad. Así que se ha dedicado a motivar la organizar de las comunidades y a reunirse con frecuencia en los salones comunales. También se han sumado los tipógrafos del sector y desde hace pocos días se unieron los comerciantes del madrugón de San Victorino, a quienes les confirmaron que los sacarán. Definitivamente ellos no quieren ver pobres por sus ventanas, explica Leidy Garzón. Orlando de la Hoz es el presidente de la Junta Administradora Local de La Candelaria, su responsabilidad con los votantes la ha tomado muy en serio. Hoy promueve, en compañía de esos líderes populares, procesos de cabildo abierto y han pedido que la alcaldía Mayor de Bogotá decrete la emergencia social y humanitaria en todo el sector que se piensa intervenir. También se han realizado campañas de pega de afiches donde se lee “El centro no está en venta”, pero en la segunda semana de septiembre el alcalde de la localidad de Santafé los mando quitar, solo quedan los que se pegaron dentro de los almacenes y las camisetas que exhiben a diario. Contra este proyecto también se han formado otras organizaciones que pretenden motivar resistencia, como la de Teusaquillo, comerciantes de otras mercancías, el comité del barrio Policarpa donde están Adela Dimas y Víctor Silva, este último Edil de la Localidad Antonio Nariño. Todos con el firme propósito de concientizar a las comunidades para no dejarse sacar de lo que siempre les ha pertenecido. En una reunión con delegados de la Emru, una mujer de edad mayor le dice al que parecía ser el jefe de los delegados: “Oiga doctor, le compro sus gafas…”, el funcionario extrañado le dijo que no. Entonces la mujer insistió, “Le pago un poco más de lo que le costaron, con eso usted me las vende y se gana unos pesos”. El funcionario la miró con desdén y respondió: “Señora, es que mis gafas no están en venta”, entonces la señora lo interrumpió y le dijo: “[…] creo que ya me está entendiendo […], mi negocio tampoco está en venta [… ], sí me entiende doctor? De esta manera, a septiembre de 2013, las organizaciones se han multiplicado y crecido interiormente; frente al silencio complaciente de los medios masivos de comunicación, ellos sacaron el periódico llamado Dignidad, el cual respalda cuanta manifestación se realice contra este desplazamiento forzado. Todos ellos tienen una meta: demostrar que se puede contrariar al artículo 6 de la Resolución 11 de la Emru Virgilio Barco Vargas que dice que contra la norma no procede ningún recurso en su contra. ¿Y Petro qué? Cuando Gustavo Petro se posesionó el 1 de enero de 2012, en su discurso se refiere al Plan Centro así: “No queremos ver más procesos de renovación urbana como el que existe a dos cuadras de aquí, o el que ocurrió una cuadra abajo de aquí, o allá en San Victorino, tres cuadras abajo, en donde a los pobres se les sacaba del centro de la ciudad a precios de estafa por parte del Estado, para poder hacer grandes proyectos inmobiliarios, excluyendo a la población tradicional. Jairo Aníbal Niño murió por uno de esos procesos que llaman los teóricos gentrificación, pero que consiste simplemente en que a un pobre le pagan 350 mil pesos el metro cuadrado a dos cuadras de esta Plaza de Bolívar y después venden a 27 millones de pesos el metro cuadrado cuando se trata de centros comerciales, o a cinco o seis millones de pesos el metro cuadrado cuando se trata de soluciones inmobiliarias. Esa renovación urbana no es la que queremos. Liberar el espacio del agua significa que sin desplazar a la población, revitalizando urbanamente para que más personas puedan vivir en el centro, puede más gente vivir al lado del agua, al lado del centro ampliado, vamos a densificar la ciudad a través de un proceso de revitalización urbana que no excluya al pobre, lo que significa otro gran reto, que la vivienda de interés prioritario que no es la de interés social, que es para más pobres, gente más excluida de la que hoy accede a la vivienda de interés social, no se construya allá al lado del río Bogotá para que las aguas negras de la ciudad lo inunden, o no se construya como está sucediendo sino que pueda construirse en la ciudad ya construida, un enorme reto de construir 72 mil viviendas, 18 mil por año, dentro de la ciudad construida, que acerque al pobre a la condición de salir definitivamente de la pobreza, viviendo más cerca de los círculos de las transacciones, de los mercados, de la actividad productiva, que por ser productiva es la única que realmente genera la riqueza y puede sacar de la pobreza[…]”. Hoy son muchos los habitantes que piden que Petro salga en su defensa y que, si el nuevo POT no es derogado por las cortes, se convierta en la tabla de salvación de los pobres del centro de la ciudad. ¿Se cumplirá esta esperanza? __________________

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