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Hace cinco años, en medio del paro indígena de octubre de 2008, el entonces presidente Álvaro Uribe se despachó: “No aceptamos trampas.
Porque se infiltran terroristas, nos masacran a los policías, ejercen toda clase de violencia y en seguida nos acusan ante la comunidad internacional porque simplemente nosotros actuamos y evitamos los bloqueos”. Los indígenas bloqueaban la vía Panamericana en el Cauca. Protestaban por promesas sin cumplir del Gobierno y la muerte de dos de los manifestantes, según ellos a manos de la Policía.
Hace cinco días, en medio del paro agrario, el ahora presidente Juan Manuel Santos se despachó: “… infortunadamente varias de estas manifestaciones fueron infiltradas y aprovechadas por vándalos... He dicho que bienvenida la protesta, ¡pero no la protesta obligada a punta de fusil o de amenazas!”. Los campesinos bloqueaban (¿?) vías en varios departamentos. Protestan por promesas sin cumplir del Gobierno.
Dos gobiernos de talante totalmente distinto tienen reacciones muy similares ante la protesta social. No se trata solamente de un llamado a restablecer el orden. Acuñado en el lenguaje de la izquierda, a esta actitud sistemática de los gobiernos colombianos la llaman “criminalización de la protesta social”. Es una excusa rápida para disolver manifestaciones a la fuerza y para sacar al Ejército de las barracas. Es una narrativa efectiva para aislar a los manifestantes del resto de ciudadanos descontentos, pero que no militan. Una solución de corto plazo perfecta para mantener las cosas como están, pero con las vías abiertas.
La infiltración terrorista nunca hay que probarla. Su existencia y ponerle fin (de seguro que existe y nadie la ha podido frenar) no son la prioridad. Generalmente surge de informes de inteligencia de militares y policías, es denunciada por el ministro de Defensa de turno y reiterada por los presidentes. La frase retumba entonces por las emisoras, los diarios y la televisión. Las manifestaciones se aligeran, el brazo de la autoridad cae con fuerza, y si hay muertos, pues eran los infiltrados.
Al mismo tiempo que sigue este libreto, Santos nos llama a imaginar un país en paz. Imagino: más paros, más manifestación, más protesta. El fin del conflicto no significa orden y tranquilidad. Los infiltradores, ahora representando a sectores marginalizados por décadas a través de la criminalización de la protesta, organizan en la legalidad el descontento latente en apartadas regiones, en barrios populares. La represión violenta de las marchas deja víctimas, y no sospechosos. Las muertes entre escaramuzas, por un posible desmán de un sector policial, traen más gente a la calle. Además de equidad, ahora se reclama justicia. Las élites, los políticos, los medios, son incapaces de mantener el orden si no viene acompañado de cambios profundos. Lecciones aprendidas luego de décadas de lucha armada generan repudio público hacia la violencia en la protesta. Un movimiento de desobediencia civil lleva al establecimiento a hacer concesiones importantes sobre el modelo económico, la participación política y las prioridades de gobierno. Hay conflicto y hay paz.
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, 22:25:39
Desinfiltrar
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Re: Desinfiltrar
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