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Santos promueve ley para que la Ministra de Educación se quede con tierras de campesinos
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La Ministra de Educación, María Fernanda Campo, es la nueva implicada en la polémica por la adquisición de terrenos baldíos. Representantes a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo denunciaron que ella y varios miembros de su familia se hicieron con terrenos baldíos en Vichada.
Los representantes Wilson Arias Castillo e Iván Cepeda Castro demostraron que la familia de la Ministra habría aplicado la misma estrategia de Ríopaila. Posteriormente, ella confirmó que mediante la creación de una SAS compró una Unidad de Tierra sin sobrepasar lo permitido por la ley. Esto sucedió cuando era presidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá.
El detalle está en que lo hizo en conjunto con varios miembros de su familia. Luego, este proceso de acumulación de baldíos se usó para un proyecto de cultivo de caucho, que manejó la empresa Indupalma, de propiedad de su ex esposo, Rubén Darío Lizarralde. Si bien esto no está configurando en una ilegalidad, porque aquí no se hizo algo ilegal, sí es repudiable la actuación de una persona que al día de hoy ocupa un cargo donde se supone debe favorecer a los más necesitados, cuando ya le había quitado sus tierras a personas humildes.
Semejante revelación se enmarcaen el impulso del gobierno Santos, en el que ella es una de las ministras consentidas, por la aprobación de la llamada Ley Urrutia. María Antonieta Cano, Secretaria de Asuntos Intergremiales de la ADE, expone que durante el debate del Congreso el martes pasado, el senador del Polo Jorge Robledo denunció con pruebas que el Presidente Juan Manuel Santos y altos funcionarios de su gobierno sabían que era ilegal acumular tierras de campesinos. A pesar de ello, en dos ocasiones, este gobierno ha querido cambiar la Ley 160 de 1994, que regula la apropiación indebida de grandes extensiones de tierra en pocas manos.
En la redacción de la ley Urrutia están vinculados abogados del ingenio Manuelita. El grupo económico vallecaucano a través de empresas de su propiedad se habría hecho a la compra de al menos 17.700 hectáreas en Orocué, Casanare, adjudicados inicialmente a campesinos. Entonces, la ley está creada básicamente para favorecer grandes empresarios o a grandes emporios que se hicieron a tierras que eran de campesinos y que fueron adquiridas por actores que desalojaron a estos campesinos.
María Antonieta Cano llama a una negativa a esta llamada ley Urrutia. “Sí, es muy cuestionable que una misma familia cree varias Sociedades Anónimas Simplificadas para realizar dichas compras y luego ponen sus predios a nombre de un solo proyecto agroindustrial de 25.000 hectáreas de la empresa Indupalma, cuyo gerente es el ex esposo de la ministra, Rubén Darío Lizarralde”.
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