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Condenan a la Nación por oficial que destruyó archivos de un batallón
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Por: REDACCIÓN JUSTICIA |
Decisión se dio por una orden de un capitán del Ejército de quemar los archivos que llamó 'basura'.
El Consejo de Estado declaró la responsabilidad de la Nación por los daños que sufrió un soldado voluntario de esa unidad militar durante la toma guerrillera al puesto de Calamar, en San José del Guaviare, en septiembre de 1994, al no poder constatar lo sucedido por ausencia de estos archivos.
Según la Sección Tercera, con ponencia del magistrado Danilo Rojas Betancourth, el oficial llegó a la base militar y ordenó la destrucción de todos los archivos del batallón correspondientes a los años 1994, 1995 y 1996, por considerarlos “basura”, lo cual impidió que el demandante acreditara lo ocurrido en el enfrentamiento militar con la guerrilla.
La destrucción de los archivos militares que contenían la información oficial de lo ocurrido en materia de orden público y conflicto armado se interpreta como un indicio grave en contra de la misma institución, “que hace prosperar las pretensiones de la demanda”, pues se está frente a una falla del servicio, señala el fallo.
La Sala afirmó que el mando militar solo se limitó a reiterar que los archivos fueron destruidos y que esa actuación no generó ninguna investigación penal o disciplinaria al responsable, pero no se agotó ningún esfuerzo administrativo por trasladar o recuperar desde otros archivos o centros de documentación el material probatorio destruido.
Dichas actuaciones, la ausencia de investigación penal o disciplinaria y la omisión en la reconstrucción de la información destruida, evidencia una actuación negligente por parte del Ejército. Además, demuestran la omisión de procurar por la custodia y conservación de sus archivos, que conducen al respeto de derechos constitucionales como el de petición, el acceso a la información pública y bases de datos, debido proceso administrativo, acceso a la justicia y reconstrucción de la memoria histórica.
En la Sentencia, la Sala recordó que la reconstrucción de la verdad es una forma de reparación simbólica que contribuye a sanar las heridas en una sociedad.
Por tanto, la reconstrucción de la memoria histórica se afecta cuando el Estado minimiza la importancia de sus archivos y permite su desaparición, pues allí “reposan los materiales que contienen el trasegar administrativo, jurídico, político, económico, cultural y social de una comunidad organizada que, sin conocimiento y sin forma de rastrear su cultura y su historia, hacen bien difícil, sino imposible, la constitución de unidad como Nación y con ello el quiebre del interés general, de la libertad y de la paz”, concluye el pronunciamiento.
REDACCIÓN JUSTICIA
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