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La viceprocuradora rompe su silencio
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El miércoles pasado la viceprocuradora Marta Isabel Castañeda, una mujer poco visible en los medios, tuvo una contrariedad. Una información de prensa aseguraba que contra ella se había iniciado una investigación por, presuntamente, haber ordenado, en el 2012, la destrucción de un material probatorio de interceptaciones ilegales realizadas por la Procuraduría a funcionarios de esa entidad lo mismo que a particulares y funcionarios judiciales durante la administración de Edgardo Maya Villazón.
La información advertía que sería el propio procurador Alejandro Ordóñez el que asumiría la investigación contra su segunda al mando por un caso que, como la destrucción de evidencias, es del todo grave.
La investigación habría nacido de la denuncia del exjefe de investigaciones de la entidad Fernando Rodríguez, quien le pidió a la veeduría que iniciara una investigación contra la alta funcionaria por ese hecho. La información del medio tuvo sus consecuencias.
Este jueves a primera hora Ordóñez se reunió con su viceprocuradora y es muy probable que de allí salga un pronunciamiento sobre el asunto. Pero antes la viceprocuradora habló en exclusiva con Semana.com y negó tajantemente que ella hubiera ordenado la destrucción de un material que, como ese, es considerado de alta importancia.
La alta funcionaria aseguró: “Nunca he ordenado la destrucción de esa investigación que me fue asignada por parte del despacho del procurador general en el momento de mi nombramiento. Descarto que sean intereses ocultos o una campaña de desprestigio por mi labor”.
Marta Isabel aseguró que quienes estaban interesados en afectar su imagen filtraron una parte de la declaración del exjefe de investigaciones, pero no el documento completo.
“La investigación remitida a mi despacho no se ha destruido. Este material documental y testimonial está en cadena de custodia en la entidad”, insistió la funcionaria, quien aseguró que “nadie, ni siquiera el veedor de la Procuraduría, ha iniciado una investigación interna por esos hechos”.
Según ella, la queja del exjefe de investigaciones fue remitida al Consejo de Estado, que es el órgano competente para investigarla. No se descarta que la Procuraduría le pida a este alto tribunal que en las próximas horas que informe cómo va la investigación por ese hecho. De todas maneras el tema tiene con los pelos de punta a los altos funcionarios de la Procuraduría.
¿Qué fue lo que pasó?
Los registros de prensa indican que Ordóñez, en el momento de asumir el cargo, evidenció que existían presuntas irregularidades en las interceptaciones realizadas por el Ministerio Público, por lo que ordenó cerrar la sala de escuchas que funcionaba en esa entidad y analizar los cerca de 37 expedientes en los cuales, según él, no tendrían sustento legal porque el procedimiento fue realizado posteriormente a la llegada del nuevo Sistema Penal Acusatorio, en el que cualquier solicitud sobre interceptaciones ilegales debe ser avalada por un juez de la República.
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