Gobierno busca frenar reclutamiento de menores
 

El Vicepresidente Francisco Santos Calderón y el Representante de la Unicef en Colombia, Paul Martin, suscribieron un memorando de entendimiento que ratifica el apoyo financiero y técnico a la Comisión intersectorial de prevención de reclutamiento de niños por parte de los grupos armados ilegales.

Por reclutamiento de menores, grupos armados podrían ser juzgados por la CPI

El representante de la Unicef en Colombia, Paul Martin, dijo este miércoles que debido al reclutamiento de menores, los grupos armados ilegales podrían ser juzgados por la Corte Penal Internacional (CPI) a partir del primero de noviembre próximo.
Según el funcionario, desde esa fecha el reclutamiento será considerado como un crimen de guerra y "cualquiera que lo cometa, será examinado" por el organismo.
"Ojalá que esto sea un incentivo para que se termine la práctica del reclutamiento de niños y niñas a la guerra (...) ellos deben saber que serán castigados internacionalmente", señaló Martin.
Además, la Unicef hizo un llamado para que "se tome en serio" el creciente fenómeno del enfilamiento de menores en los grupos ilegales y se prevenga en época de recesión económica.
Crisis económica
Martin dijo que la crisis mundial podría incrementar este fenómeno, por lo que es necesario "verificar la efectividad de los planes económicos con los que cuenta Colombia".
"No sabemos hasta el momento los efectos de la crisis, pero si hay familias pobres y aún más pobres por la crisis, estos niños serán vulnerables. Por eso es necesario advertir sobre los efectos del reclutamiento", explicó el funcionario.
Las consecuencias podrían ser mayores si se tiene en cuenta, afirmó Martin, que "los problemas económicos no tocarán a los grupos armados, pero sí a los hogares pobres".
Según cálculos de la Unicef, en los últimos diez años, 3.911 niños entre los 8 a los 18 años de edad se han desvinculado del conflicto.
Los departamentos donde se ha presentado la mayor deserción de menores son Arauca, Norte de Santander, Caquetá y Meta.

Unicef advirtió que desde el primero de noviembre el reclutamiento será considerado delito de guerra y podrá ser juzgado por la Corte Penal Internacional. Aunque no hay cifras exactas, el Gobierno Nacional y la Unicef estiman que entre 8.000 y 14.000 menores de edad hacen parte de los grupos armados ilegales que existen en Colombia.