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Procuraduría celebra fallo sobre el aborto

Consejo de Estado dejó sin piso el decreto que reglamentó el aborto en tres casos específicos.

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Autor: Archivo SEMANA / Miguel García, cortesía
Sala Plena del Consejo de Estado

La procuradora delegada para la infancia y la adolescencia, Ilva Miriam Hoyos, no cabe de la dicha. Desde España, donde se encuentra después de participar en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre la población LGBTI, manifestó que el Congreso es el único que puede reglamentar el fallo de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en tres casos específicos. Para ella lo que hizo el gobierno anterior de reglamentar ese fallo era contrario a la ley.

Su declaración a Semana.com se da después de que este lunes se conoció que el Consejo de Estado declaró la nulidad del Decreto 4444 del 2006, expedido durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que reglamentó la prestación de algunos servicios de salud sexual y reproductiva.

La decisión señala que el haber expedido una norma para reglamentar los casos en los que esta despenalizado el aborto carecía de una ley marco de por medio. "Desde el 2009 la Procuraduría estaba en desacuerdo con la reglamentación, por lo cual el Consejo de Estado nos da la razón sobre nuestra posición", manifestó.

La Sección Primera, con ponencia de la magistrada María Claudia Rojas Lasso, explicó que el gobierno nacional, al expedir dicha norma, trató de reglamentar la sentencia C-355 del 2006 de la Corte Constitucional, que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en tres casos específicos, sin haber una ley y una reglamentación.

El fallo no estudió el fondo del contenido del decreto, es decir, no abordó temas como la objeción de conciencia ni la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), pues estimó innecesario hacerlo debido a que la simple expedición de la norma fue ilegal.

Sin embargo, queda intacta la decisión de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en los tres casos específicos (cuando existe malformación del feto, cuando es producto de una violación o cuando existe peligro para la vida de la madre). No obstante, el Gobierno deberá expedir una ley para reglamentar la sentencia del Alto Tribunal.

Esta norma estaba suspendida provisionalmente desde el 2009, por decisión del Consejo de Estado.

Según el decreto, las Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen Subsidiado, las Entidades Adaptadas, las Empresas de Medicina Prepagada, las Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de Salud, y los prestadores del servicio de salud de todo el territorio nacional debían tener disponibles los servicios de IVE para todas las mujeres.

Ese decreto también ordenó que, independientemente de su capacidad de pago y afiliación a la seguridad social, las mujeres pudieran acceder sin barrera alguna a dichos servicios.

Fuente Semana