DeNunCianDo - SAMPER PIZANO :fuero militar favorece la impunidad de ciertos crímenes abominables.

Ni falsos ni positivos
Por: DANIEL SAMPER PIZANO | 8:24 p.m. | 08 de Diciembre del 2012

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Daniel Samper Pizano

Genuinamente negativa será la reforma de la Carta que amplía el fuero militar y favorece la impunidad de ciertos crímenes abominables.

La más espeluznante empresa violenta en la historia reciente de Colombia son los 'falsos positivos'. Como sabemos, se trata de los casos de ciudadanos que fueron atraídos con mentirosas promesas de empleo, trajeados con ropa de guerrilleros y asesinados por personal militar que quería cobrar las recompensas o bonificaciones establecidas en una tabla de premios por criminales dados de baja. No fueron hechos aislados, sino una política que se repitió en muchas plazas. Hasta hace tres meses, según cifras de la Fiscalía, se investigaban 1.727 episodios ocurridos en su mayor parte entre el 2004 y el 2008 que afectaron a más de 3.000 víctimas.
Los autores de estos crímenes están ahora a punto de ganar una extraordinaria prima de Navidad, consistente en una reforma constitucional que trasladará a la justicia penal militar (JPM) casi todos los delitos de uniformados que hoy atienden instancias civiles. El artículo 221 de la Carta dice que los militares juzgarán a los militares cuando se trate de "delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio". Abusos de fuerza, robos durante un operativo, violación de domicilio sin orden judicial... esos y otros muchos son delitos "en" y "por" servicio activo. La reforma añade que "las infracciones al Derecho Internacional Humanitario de miembros de la Fuerza Pública serán conocidas exclusivamente" por la JPM. Los procesos se surtirán ante nuevos órganos e instancias de investigación casi exclusivamente militares que aparecen en la versión reformada del artículo 211.
Según la ONG Human Rights Watch (HRW), "permitir que las fuerzas militares se autoinvestiguen por sus propios abusos prácticamente garantizaría la impunidad de estos hechos". Ante las críticas por el peligro de que otros crímenes fuera de servicio se arroparan bajo el benévolo manto de la justicia militar, el artículo señala siete delitos que "en ningún caso" conocerán los tribunales militares: lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado.
El problema es que los 'falsos positivos' no figuran en la lista de siete. Según posición oficial, la "ejecución extrajudicial" no existe. Los nombres de estos asesinatos ajenos a actos de servicio son "homicidio agravado" (porque "se coloca a la víctima en situación de indefensión") y "homicidio en persona protegida" (pues afecta a civiles no participantes en la refriega). Ya que todo delito debe estar claramente tipificado, resulta previsible que el "homicidio agravado" y el de "persona protegida" se filtren por el colador de los siete crímenes que la Constitución mantendrá en la jurisdicción civil y que los 'falsos positivos' terminen fuera del estrecho corral, en estado de indefinición y galopando, por tanto, hacia la impunidad.
Esta situación ha hecho que pongan el grito en el cielo la Corte Internacional de Justicia, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, HRW, varias organizaciones de derechos humanos y prestigiosos juristas. Pese a todo, se prevé que el Gobierno y el Senado sacarán adelante la nefasta reforma constitucional en la semana que comienza.
La base de los retoques de la Carta es que, según el Gobierno, los miembros de la Fuerza Pública viven amenazados por la posibilidad de que los denuncien y castiguen por actos legítimos de servicio. Haciendo eco al Ministerio de Defensa, un reciente comentario señalaba que "se cuentan por decenas los procesos en que los militares resultan condenados" por acciones legítimas. Sin embargo, HRW afirma que, tras minuciosa investigación, no halló ni pudieron indicarle ningún caso de esta naturaleza. "Toda la evidencia demuestra que militares colombianos -anota- no están siendo investigados ni juzgados en relación con muertes lícitas de guerrilleros ocurridas durante enfrentamientos, sino que están respondiendo ante la justicia por haber asesinado a civiles".
Nos acecha, pues, un siniestro falso positivo constitucional.

Daniel Samper Pizano