Colombia expone en la UE sus compromisos con los derechos laborales

La Embajada de Colombia en Bruselas ha dado hoy a conocer un documento en el que el Gobierno de su país expone sus compromisos con los derechos laborales, que ONG y sindicatos han juzgado insuficientes como para que pueda aplicarse el tratado de libre comercio negociado con la Unión Europea (UE).

El texto pretende proporcionar información "a la opinión pública" en general, incluidos eurodiputados y organizaciones de la sociedad civil, explicaron a Efe fuentes diplomáticas.

Su publicación se produce en vísperas de que el pleno del Parlamento Europeo, el próximo 11 de diciembre, se pronuncie definitivamente sobre la entrada en vigor del tratado comercial entre la UE por un lado, y Colombia y Perú por otro, que se terminó de negociar en mayo de 2010 y que lleva más de dos años en proceso de ratificación.

El Gobierno colombiano recuerda en el texto que ha emprendido "medidas concretas" para proteger a los sindicalistas, uno de los "grupos más vulnerables" de la población.

En particular, recuerda que en 1997 se puso en marcha un programa de protección de las personas que se enfrentan a riesgos inminentes en el ejercicio de sus actividades públicas o humanitarias, al que se han dedicado 66 millones de euros entre 2002 y 2009 para proteger a líderes de sindicatos.

Su presupuesto ha ido aumentando y en 2012 cuenta con 85,7 millones de euros.

Colombia considera un éxito ese programa porque los sindicatos registrados en Colombia han aumentado (354 nuevos este año).

Por otra parte, las autoridades colombianas destacan que Colombia ha ratificado 60 convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que "demuestran el compromiso inflexible" con los principios de la declaración de derechos fundamentales laborales enunciada en 1998 por ese organismo.

El documento subraya además que en 2000 se creó en Colombia un Comité Especial para la Gestión de los Conflictos ante la OIT, con idea de colaborar más estrechamente con esa organización y lograr resolver más disputas a nivel nacional.

Para mejorar el sistema de controles, el texto afirma que el Gobierno de Santos impulsó en 2011 un decreto para crear un centenar de nuevas oficinas de inspección (los inspectores han aumentado un 45 % desde 2009).

Así, el Ministerio de Trabajo ha asignado a 50 nuevos inspectores para dedicarse exclusivamente a los casos que impliquen a las cooperativas, y a otros 35 para detectar abusos a los derechos de los trabajadores en sectores prioritarios como los del aceite de palma, el azúcar, las minas o los puertos.

La Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo, pidió a Colombia y Perú en mayo pasado que elaborasen una "hoja de ruta" sobre sus compromisos en materia de derechos humanos, laborales y medioambientales, de cara a la eventual entrada en vigor del acuerdo comercial.

Esa comisión parlamentaria recordó, en particular, que Colombia sigue siendo el país del mundo con las tasas más altas de asesinatos de sindicalistas y señaló que, a pesar de las últimas mejoras en lo referente a la aplicación de la ley, más del 90 % de esos crímenes queda impune.