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Las sinrazones del fuero ampliado (III)
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Las sinrazones del fuero ampliado (III) Por: Rodrigo Uprimny
Creo haber mostrado en las dos columnas anteriores que no son aceptables ni las justificaciones técnicas (falta de conocimientos militares de los jueces ordinarios) ni normativas (falta de claridad en las reglas que regulan el combate militar) para ampliar el fuero militar.
Frente a lo primero, basta con mejorar los conocimientos en derecho humanitario y asuntos militares de aquellos fiscales y jueces que deben conocer de esos asuntos; frente a lo segundo, basta con que se expida una ley que clarifique el marco normativo sustantivo de las operaciones militares.
Falta pues examinar el argumento práctico que invocan los defensores de la ampliación del fuero militar.
La tesis es que hoy los militares no quieren combatir por temor a terminar empapelados, pues los fiscales les abrirían un proceso judicial cada vez que realizan un combate en donde muere un guerrillero, a pesar de que claramente se trate de un acto legítimo de guerra.
Pero esa justificación simplemente no es cierta, como lo han destacado Human Rights Watch y Todd Howland, representante en Colombia de la alta comisionada de derechos humanos. En efecto, según datos de la Fiscalía, en marzo de 2012 había 1.708 casos abiertos contra 4.122 miembros de la Fuerza Pública por graves violaciones a los derechos humanos. Una cifra alta que parecería dar razón a quienes sostienen que la justicia ordinaria tiene empapelados a los militares y policías.
Un examen más atento muestra, sin embargo, que la mayor parte de las investigaciones se abrieron entre 2002 y 2008, que coincide con el período de los mal llamados “falsos positivos”, esos terribles asesinatos cometidos masivamente por miembros del Ejército. En 2007 se iniciaron 600 casos, cifra que contrasta con el bajo número de procesos abiertos antes y después de este período: once en 2000, ocho en 2001, trece en 2009, cinco en 2010 y tres en 2011.
Como se recordará, en 2008, el gobierno Uribe, cuando el presidente Santos era su ministro de Defensa, tomó medidas administrativas que llevaron a la disminución significativa de los falsos positivos. Y a partir de esa fecha cayó radicalmente el número de apertura de investigaciones de la Fiscalía contra los militares y policías por violaciones graves a los derechos humanos.
No es pues cierto que la justicia colombiana tenga animadversión contra los militares y los esté empapelando. Simplemente, la Fiscalía abrió muchas investigaciones cuando estaban ocurriendo muchos asesinatos fuera de combate por miembros de la Fuerza Pública.
No hay pues ninguna justificación técnica, ni normativa, ni práctica para reformar la constitución para ampliar el fuero militar, que es lo que pretende hacer el proyecto en curso, que debería ser archivado. Los posibles problemas en el juzgamiento de los militares y policías pueden ser corregidos por vías distintas, y no por una reforma que es mala incluso para la Fuerza Pública, pues el esfuerzo por sustraerla de la vigilancia de jueces externos independientes no puede sino generar sospechas de que lo que se busca es la impunidad.
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