Daniel Samper Pizano
Aunque digan que es malo mirar atrás, conviene hacerlo con serena curiosidad en el lamentable episodio del fallo caribeño de la Corte Internacional de Justicia para saber, al menos, por qué las cosas no salieron como esperábamos. Aparte los errores atribuibles a la CIJ, surgen varios elementos. Primero: nos comportamos con la soberbia de país grande frente a país pequeño. La soberanía nos llenó de soberbianía y supusimos que no podíamos perder. Segundo: optamos por la defensa equivocada, al creer que el meridiano 82 servía para delimitar áreas marítimas. No era así.
Tercero: aceptamos un tribunal donde corríamos alto riesgo. Habría sido más seguro negociar un tratado bilateral con Nicaragua, como lo pidieron algunos, o acudir a una vía política como la OEA para denunciar los ataques 'nicas' contra el tratado preexistente. Cuarto: carecemos de estructura diplomática fuerte y coherente. La carrera profesional ha sido siempre menospreciada, pues estorba la habitual repartija social y política de cargos en el exterior. Fieles a esa actitud, descuidamos la delegación ante La Haya: un embajador y excanciller salió a perderse apenas olió que las cosas iban mal y otros nombramientos fueron políticos. Mientras tanto, Nicaragua mantiene allí un equipo estable y unido.
Nuestros gobiernos, incluso el de Santos, no prepararon al país para una posible derrota. Cuando la Canciller previó que podría haber una sentencia que repartiera derechos, le cayeron encima. Las declaraciones del negociador Julio Londoño en vísperas del fallo fueron una delirante eyaculación precoz. La falta de realismo trajo dos consecuencias funestas. Una, que solo ahora el Gobierno intenta reaccionar jurídicamente ante el fallo adverso, situación que debería haber previsto desde antes con un plan B completo. De allí las dudas que atoraban a María Ángela Holguín al presentarse en el Capitolio.
Además, la caída desde las altas expectativas resultó más dura de lo que debía ser. El primer sorprendido fue el Gobierno. La alocución vacilante y contradictoria del presidente Santos así lo prueba: ¿cómo así que "respetaremos las normas jurídicas" pero "rechazamos aspectos del fallo"? ¿Cómo así que somos legalistas pero hay capítulos "que no podemos aceptar"? La depresión postsentencia no permite valorar logros ni propicia un clima de cabeza fría para examinar la situación. Lo más grave es que en estos pantanos habita el monstruo del patrioterismo, enemigo jurado de la razón. De ese pozo oscuro brotan quienes quieren aprovechar políticamente las cosas y desacatar la sentencia.
Es lo que plantean el expresidente Álvaro Uribe y su séquito de ciegos, sordomudos, torpes, trastes, testarudos. AUV propone, respecto al dictamen, "hacer como que no existe... y decir que no la aceptamos", fórmula con la que también podríamos combatir el cáncer y la ley de gravedad cuando no nos convenga. Hace siete años, en entrevista con Enrique Posada, el abogado Martín A. Pinzón, experto en el tema, señaló que Uribe fue solidario con la línea del gobierno precedente (el de Andrés Pastrana, muy atacado ahora en esta materia), "y comparte responsabilidades y los riesgos actuales y el futuro desenlace del pleito" (EL TIEMPO, 1-5-2005). Así es.
Colombia tiene que ser fiel a su tradición de respeto a las leyes internacionales, so pena de convertirse en un Estado aventurero, actitud privativa de imperios arrogantes y países réprobos. De lo contrario, nos exponemos a un oso con graves consecuencias políticas -aun en el proceso de paz con las Farc, si Cuba y Venezuela forman bloque con Nicaragua- y a malograr otros pleitos pendientes.
ESQUIRLA. Consolémonos pensando que Nicaragua es un país humillado y maltratado que agradece cualquier satisfacción. Lo han oprimido los españoles, los británicos y, hasta hace poco, los gringos (que barrían allí como si fuera el nido de la perra), y ahora lo gobierna el poco recomendable señor Ortega. No es como haber perdido Panamá con Teodoro Roosevelt.
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