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| Denunciante Sobresaliente  |  El fallo sobre San Andrés: las fronteras del debate.
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El fallo sobre San Andrés: las fronteras del debate. Desde Managua: el derecho se debe respetar. Desde San Andres: lo que perdimos. Un testimonio autorizado y revelador sobre la historia del archipiélago, territorio que a lo largo de los años ha sido fragmentado y ocupado desde el exterior, ante la mirada angustiada de los pobladores originales, los raizales. Un archipiélago fragmentado El 19 de noviembre quedará marcado como una fecha para nunca olvidar, tanto para los habitantes del archipiélago, como para el resto de la Nación. Muchos no comprenden aún lo sucedido, porque se cantó victoria prematuramente, contando apenas con la primera parte del fallo de una sola instancia: la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) sentenció que pertenecían a Colombia los atolones y sus cayos, conocidos como Serranilla, Serrana, Roncador y Quitasueño al Norte de Providencia, y Alburquerque y los cayos del Este–Sureste, en cercanías de la isla de San Andrés. Pero faltaba la delimitación marítima, cuyo trazado definitivo (ver el mapa siguiente) ha producido el fraccionamiento del archipiélago conformado por un conjunto de islas, cayos, bancos, arrecifes y bajos, que siempre habían constituido una unidad geográfica marina. De este archipiélago también hacían parte las islas Mangles o del Maíz y las islas Miskitos, más al Norte, cuando se firmó el tratado Esguerra-Bárcenas en 1928. Una historia apasionante y poco conocida Nuestro territorio — tanto el archipiélago como la costa de la Mosquitia — había sido administrado durante la Colonia desde la Capitanía General de Guatemala. Pero la distancia y las dificultades para cruzar el continente centroamericano, además de las profundas diferencias culturales, llevaron a sus habitantes en un acto colectivo a solicitar a la Corona española que segregara este territorio de las autoridades de Antigua y que quedara bajo la jurisdicción del Virreinato de la Nueva Granada, lo que efectivamente se ordenó mediante acto real del 20 de noviembre de 1803. La Mosquitia es una franja de costa sobre el Mar Caribe, aislada y muy diferente de la Nicaragua del Centro y del Pacífico, pero habitada por los mismos pobladores creoles o raizales de las islas, por indígenas y por garífunas, que decidieron unirse por decisión autónoma y colectiva a la Gran Colombia en 1822. Por más de 350 años, desde estas islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se ha ejercido dominio, posesión y tenencia sobre todas las porciones geográficas y accidentes marítimos que constituyen el archipiélago, gracias en gran medida a las habilidades de sus habitantes ancestrales como navegantes y constructores navales. Durante 108 años (entre 1822 y 1930) la Mosquitia — hoy nicaragüense — fue colombiana, habitada por el pueblo raizal o creole, los indígenas misquitos y la etnia garífuna, todos poseedores ancestrales del territorio, de sus costas y de sus mares. Al firmar el Tratado Esguerra– Bárcenas, Colombia acordó retirarse hasta el meridiano 82, con lo cual se legitimó la salida al Mar Caribe del Estado centroamericano. Algunos consideran que este fue un gesto generoso de Colombia, en nombre de la equidad, que benefició a Nicaragua desde 1930 y que bien poco se le ha reconocido. Los habitantes del archipiélago hablaban inglés, practicaban religiones distintas a la católica — protestantes en su mayoría — eran marinos, pescadores de tortugas por las conchas de carey, constructores de sus propias embarcaciones y constructores de viviendas que recordaban el estilo europeo, especialmente británico debido a la influencia que esta potencia ejerció también especialmente durante el siglo XVIII. Un episodio poco mencionado de la historia de nuestro Departamento Archipiélago tuvo como protagonista a George Hudgson, un militar isleño, quien en 1894 se levantó en armas cuando la Costa de Mosquitos o Mosquitia fue tomada por tropas nicaragüenses contra la voluntad de sus habitantes, sin que el gobierno de Colombia reaccionara adecuadamente. Otro episodio en la historia de Colombia fue la Guerra con el Perú: el gobierno de Olaya Herrera adquirió cuatro buques para repeler la invasión peruana en la Amazonia, unidades que fueron comandadas y tripuladas por capitanes y marinos oriundos de las islas. Algunos se vincularon más tarde y contribuyeron a formar la Armada Nacional. El proceso previo a la demanda Aunque en un incidente de 1969, Nicaragua desconoció el meridiano 82 como frontera en el mar, desde 1930 hasta la reciente sentencia de la CIJ, ambos Estados ejercieron jurisdicción y soberanía sobre su respectivo lado de la mencionada línea geográfica, que había sido aceptada por ambas partes en el acta de canje de ratificación del tratado. Tan pronto como triunfó la revolución sandinista, el gobierno nicaragüense se pronunció en contra de lo pactado en el tratado de 1928, denunciándolo por vicios de consentimiento, dada la presencia de tropas norteamericanas de ocupación en el territorio al momento de firmarse el tratado. Pronto, el archipiélago fue incluido en los nuevos mapas de Nicaragua y se lanzaron campañas pedagógicas al interior del país que impartían conocimientos sobre el territorio insular, fomentando un sentimiento de unidad nacional en torno a sus aspiraciones de expansión territorial sobre el Mar Caribe. De la misma manera, el gobierno nicaragüense difundió campañas hacia el exterior del país, informando sobre sus pretensiones y buscando generar solidaridad regional, sobre la base de argumentos en torno a la proximidad geográfica de las islas a sus costas y a los aspectos culturales que nos diferencian del resto de los colombianos continentales, pero que nos acercan a la población de los departamentos autónomos de Norte y Sur del Caribe nicaragüense. Demanda ante la CIJ Nicaragua requirió a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas desde 2001, solicitando la delimitación marítima definitiva, entre otros puntos de su memoria. En un incidente de excepciones previas, Colombia solicitó que el alto tribunal se declarara sin competencia para el caso, lo cual no se obtuvo. Por el contrario, la Corte no solo admitió la demanda, sino que además declaró la plena validez del tratado Esguerra–Bárcenas, desconoció el meridiano 82 como frontera marítima, aceptó como archipiélago únicamente a las islas mayores de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y anunció que en fallo de fondo determinaría qué otros accidentes geográficos serían asignados a cada una de las partes en el proceso, y que procedería a la delimitación de las aguas. Esa decisión de la CIJ de finales del 2007 causó alegría oficial en Colombia, pero entre los isleños se empezó a generar una gran angustia ante la incertidumbre sobre un territorio marítimo que durante más de 350 años habían poseído en forma ininterrumpida, de donde habían derivado su sustento diario, que conocen en detalle, donde han sido amos y señores, con títulos justos desde épocas coloniales y sin que nadie se los disputara. Cerca de quinientas familias dependen económicamente de las actividades de la pesca artesanal, otros se trasportan y comunican por esa vía marítima y todos estamos culturalmente ligados al mar: para nosotros equivale a los pastizales en las haciendas ganaderas de tierra firme. El nuestro es un Departamento de mar: de sus más de 300 mil kilómetros cuadrados antes del fallo, solo 58 corresponden a superficie terrestre, sumando todas las islas y cayos que emergen permanentemente de las aguas. Hemos aprendido a vivir del mar de manera sostenible. Logramos que la Unesco declarara la Reserva de la Biosfera Seaflower, que incluye algunas de las áreas de manejo protegidas más importantes del mundo para la protección de cientos de especies de fauna y flora marina, en arrecifes, en aguas de poca profundidad y hasta los sistemas biológicos en altas profundidades. La comunidad del archipiélago aprendió a identificar los riesgos asociados a la contaminación derivada de la exploración y la explotación de hidrocarburos. Hoy es muy consciente de los daños irreversibles que estas pueden causar y había logrado que se tomaran decisiones de nivel presidencial para impedir esas actividades en las zonas vulnerables. Los pescadores artesanales han sido entrenados e instruidos para convertirse en guardianes del mar, para respetar escrupulosamente las vedas en épocas de reproducción y los tamaños mínimos de cada especie en sus capturas. Otros países de la región han observado nuestras prácticas de preservación y se han interesado por desarrollar actividades económicas sostenibles en cadena. Efectos del fallo La decisión de cercenar el territorio marino ha provocado múltiples reacciones y ha puesto en evidencia consecuencias previsibles: Desesperanza en los pescadores artesanales; Riesgos serios de quiebra para los industriales que capturan en las cercanías del meridiano 82 con paralelo 15 el 70 por ciento de la langosta y del caracol, como también pesca blanca. Una gran indignación en la población en general, que se manifiesta por el desacato al fallo, que oficial y particularmente viene siendo promovido; Muchos están convencidos de que mediante movilizaciones y manifestaciones públicas de nivel local, nacional e internacional, pueden lograr que el Presidente de la República dé la orden de no acatar la sentencia del tribunal de La Haya. El movimiento se ha ido extendiendo por muchas ciudades, dentro y fuera de Colombia. La comunidad raizal sabe que desde muchos años atrás se viene dando el proceso de despojo y de arrinconamiento, que vive en un sistema económico y cultural impuesto desde afuera que amenaza con su extinción étnica. Clama por su derecho a un territorio en donde pueda vivir en forma sostenible y sustentable, con autonomía insular. Algunos habitantes se han manifestado abiertamente a favor de la separación política de Colombia, para convertir el archipiélago en una nación independiente. Mientras tanto, a partir del día 19 de noviembre con la visita del presidente Juan Manuel Santos, el gobierno nacional intenta poner en práctica medidas concertadas para mitigar la insatisfacción y los daños que la sentencia pueda causar económica, social y culturalmente.  | |
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| SponSor  |  Re: El fallo sobre San Andrés: las fronteras del debate.
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