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. Al inicio del Gobierno del Presidente Santos, e incluso durante la campaña electoral, en forma casi unánime se llegó a la conclusión de que resultaba conveniente volver a crear el Ministerio de Justicia que había sido fusionado con el del Interior en el año 2002 al iniciar el Gobierno del ex presidente Uribe. El sentido común parecía aconsejarlo, pero en asuntos públicos no siempre lo que parece obvio resulta ser lo correcto.
Que para resolver los problemas de la justicia era mejor que hubiera una entidad que estuviera pensando en ese tema 24 horas. Que la justicia no podía ser un apéndice de segunda categoría de un Ministerio que como el del Interior tenía una misión más política. Que era importante que hubiera un interlocutor válido para mantener un diálogo con las Cortes, etc., etc., cosas de esas que se dicen en campaña y que en ese contexto resultan irrebatibles.
La verdad es que el diseño constitucional que se adoptó para la administración del poder judicial hizo innecesario un Ministerio para eso.
La Constitución prevé que la justicia se administre en forma independiente por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que se integra por personas designadas por las propias cortes. Quiérase que no, al Gobierno solo le quedó el manejo de las cárceles y para eso no se justifica tener un Ministerio. A pesar de los reclamos por la gestión del Consejo a nadie se le ha ocurrido proponer volver a la administración del poder judicial desde el ejecutivo, sin embargo de recreó con bombos y platillos un Ministerio de Justicia que a juzgar por los resultados no solo era innecesario sino incluso peligroso para la administración de justicia. El Presidente ha nombrado como ministros dos juristas de grandes calidades personales y profesionales. Primero Juan Carlos Esguerra, uno de los mejores abogados de Colombia, con una larga y respetada carrera profesional y académica a quien le reventó el fiasco de la Reforma a la Justicia a la que le dedicó buena parte de sus esfuerzos en el Ministerio. Después, Ruth Stella Correa, una Consejera de Estado que quienes la conocen dicen que es una excelente y valiente abogada a quien le reventó un paro judicial que ha manejado en forma errática.
Durante el primer año del Gobierno de Santos, cuando las funciones que hoy tiene el Ministerio de Justicia las ejercía el Ministerio del Interior, los debates de la reforma se desarrollaron en forma fluida y los miembros de las Cortes mantuvieron buena relación con el Ejecutivo. Se tramitaron proyectos de ley que aportan al mejor funcionamiento de la justicia como los códigos general del proceso y contencioso administrativo.
Las discusiones presupuestales se lograron negociar. Que los pocos asuntos que el ejecutivo tiene a cargo en materia de justicia estuvieran a cargo del Ministerio que tiene la fuerza política para sacarlos adelante había demostrado ser una fórmula ganadora, pero el sentido común señalaba otra cosa y se decidió –entonces- revivir el inútil Ministerio de Justicia.
Mientras no hubo Ministerio de Justicia también hubo paros judiciales, incluso en uno el Gobierno llegó al exabrupto de decretar la conmoción interior para conjurarlo, que es una fórmula que ojala a la Ministra de Justicia no se le ocurra en esta ocasión porque una decisión de esa naturaleza no pasa un mínimo examen en la Corte Constitucional como no lo pasó en el año 2008 cuando ocurrió otro paro de similares proporciones al de ahora y con consecuencias tan nefastas como el de ahora. Las razones son las mismas solo que ahora a las explicaciones de las causas hay que borrar el párrafo de la falta de un Ministerio de Justicia.
Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, la organización privada que más seriamente ha estudiado los problemas de la justicia escribió el 4 de Octubre de 2008 una columna titulada “Sobre el paro judicial” que se podría volver a publicar casi intacta ahora salvo por este párrafo: “La fusión de las carteras de Interior y Justicia – percibida aún como inconveniente– promueve la ambigüedad: los roles de la política y la justicia confundidos en un ministerio que, sin claridad en su libreto y enmarcado en un esquema de autogobierno judicial, no ejerce como doliente del sector en la puja por recursos escasos”. Ahora hay Ministerio de Justicia y todo sigue tal cual. Gloria María reclamaba por ejemplo que: “La remuneración de los funcionarios judiciales debe ser, además de justa, debidamente equilibrada entre las diferentes jerarquías y tan atractiva, que pueda competir en el mercado laboral y hacer del ******o judicial un escenario interesante para el desarrollo profesional”, es decir, la razón del paro de ahora.
El enorme fracaso de la recreación del Ministerio del Ambiente, que da para otro capítulo, o el escenario enrarecido de la relaciones Nación- Bogotá a pesar, o como consecuencia, de la creación de una Consejería cuya función principal es precisamente hacer más fluida esa relación son muestras de que no todo lo que parece conveniente resulta serlo. Cada cargo que crea el Presidente -y crea casi un alto cargo por semana- enreda el complejo esquema institucional, genera duplicidades, estimula competencias políticas perversas, pero sobre todo produce los resultados contrarios a los esperados.
La Alta Consejería para la mujer no logra siquiera que el Presidente cumpla la ley de cuotas; unas semanas después de posesionada la Consejera para Bogotá el Alcalde trinó quejándose de la supuesta persecución del Gobierno Nacional en su contra; un año después de la recreación del Ministerio de Ambiente la Contralora advierte de una catástrofe ambiental; un año después de recreado el Ministerio de Justicia la justicia está en paro….como cuando no había Ministerio de Justicia. ¿Seguimos en el inventario?.
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Re: Ministerio INÚTIL
