Un niño de dos años y Ford, también son amenazas terroristas para EE.UU.

Aunque la mayoría de la gente no vería ninguna amenaza terrorista en un niño de dos años o en la corporación Ford Motor Company, la base de datos de Estados Unidos para la clasificación de peligros de este tipo incluye a ambos, de acuerdo con los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional entrevistados en una investigación llevada al cabo por un comité del Senado.

El informe del comité especial sobre el funcionamiento de los llamados ‘centros fusionados de información’, organizaciones destinadas a recoger y consolidar la información sobre las posibles amenazas terroristas, se centró en la falta de eficacia que estas instituciones han mostrado en sus nueve años de existencia. Según este informe de 141 páginas, han llegado a ser fuentes de incompetencia, de derroche de fondos públicos y de violaciones de las libertades civiles.

Además, el informe revela que la base de datos común que usan tanto estos centros como todos los sistemas antiterroristas del país, contiene demasiados errores. La base se llama TIDE e incluye más de 500.000 nombres. Según el Centro Nacional de Contraterrorismo, que mantiene a TIDE, se supone que contiene "toda la información del Gobierno de EE.UU. en relación con las identidades de los individuos que son sospechosos de participación en las actividades relacionadas con el terrorismo, con la excepción de la información puramente doméstica". Sin embargo, no todo el mundo registrado en la TIDE tiene realmente algo que ver con el terrorismo.

De alguna manera, la compañía de fabricación de autos Ford y un niño de dos años también figuran en la lista de sospechosos. Los errores suelen producirse por la negligencia o dejadez de los empleados. En un caso, por ejemplo, una de las entradas del TIDE se basaba en una investigación del FBI, pero no fue eliminada después de que esa investigación fuera cerrada "aclarando que el individuo en cuestión no tenía ninguna conexión con el terrorismo", señala el informe.

A modo de conclusión, el documento afirma que la mayoría de la información generada por los centros es inútil, mientras que alguna parte incluso es potencialmente inconstitucional. Los centros de fusión fueron creados después de los atentados del 11-S y ya costaron al Gobierno federal unos 1.400 millones de dólares.