La vacuna que condenó al Ministerio de Salud
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La vacuna que condenó al Ministerio de Salud

Por la aplicación de una dosis de la fiebre amarilla que le causó la muerte a un empresario, el Tribunal de Cundinamarca encontró responsable a la entidad.
Martes 2 Octubre 2012

A Pilar Hoyos no se le quita la idea de que una simple pregunta le habría salvado la vida a Alberto Godoy, su esposo. “Si tan solo le hubieran dicho que la vacuna de fiebre amarilla no se puede aplicar a quienes han sido operados del timo, él aún viviría”, es el resumen que hace la mujer sobre el caso por el cual, en fallo de segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca encontró responsable al Ministerio de Salud.

La decisión judicial se conoció en mayo de este año, pero los hechos se remontan a enero del 2004. Ese año la pareja fue invitada a un evento a Cartagena a propósito de sus labores como empresarios. Para ese entonces, se adelantaba una campaña que invitaba a aquellas personas que viajaban a ciertas regiones del país a vacunarse contra la fiebre amarilla. La capital de Bolívar era uno de esos destinos que cobijaba la medida.

Godoy y Hoyos optaron por hacer el viaje por carretera, por lo que la dosis les fue aplicada en el puesto de salud de la Terminal de Transporte, sede Salitre, de la capital de la República, el 31 de enero del 2004.

Los encargados de la atención en ese lugar eran dos policías auxiliares y una enfermera. Los primeros registraban nombre, número de cédula, teléfono y dirección, entre otros datos. La segunda era quien aplicaba la inyección.

Cinco días después de puesta la dosis, Godoy presentó complicaciones de salud. Dolor de huesos y fiebre que alcanzaba los 40 grados centígrados motivaron a su esposa a acudir al servicio médico domiciliario de Colsánitas. No obstante la atención médica, el cuadro clínico se complicó y, de acuerdo con el proceso, Godoy “presentó un deterioro progresivo hasta presentar estado de shock, siendo notorio el compromiso de la función hepática, renal y la presencia de coagulación intravascular diseminada”.

“Todo fue muy rápido -recuerda Hoyos-, los síntomas se iniciaron el jueves 5 de febrero (del 2004). El sábado 7 ingresó a la clínica Reina Sofía y el 10 (martes) murió”.

La lucha de Pilar

Alberto Godoy Ospina era un ibaguereño que en el momento de su deceso tenía 44 años. Llegó a Bogotá muy joven a estudiar ingeniería mecánica en la Universidad de Los Andes para luego crear un empresa que se ubicó en la zona industrial de la capital de la República.

Se conoció con Pilar Hoyos cuando ella era funcionaria de una entidad bancaria con sede en Chapinero a la que él iba con frecuencia. Tras su noviazgo, se casaron y de esa unión hay tres hijos que en el momento de la muerte de Godoy aún eran menores de edad.

Con sus tres pequeños, Hoyos quedó al frente de la empresa al tiempo que emprendía una lucha para tratar de establecer las razones por las que murió su esposo.

Una de las primeras razones expuestas por Colsánitas, con base en los exámenes del laboratorio de la Secretaría Distrital de Salud y el informe del Instituto Nacional de Salud, reportaban un registro negativo para leptospirosis, dengue y fiebre amarilla.

“Consulté al director científico para que me dijera qué le pasó a Alberto porque si todo salió negativo, entonces de qué murió”, recuerda Pilar quien agrega que en ese momento todo se volvió una serie de explicaciones confusas por parte de los directivos de la clínica.

La angustia de Pilar para esclarecer lo sucedido se basaba en que ella quería saber si debía tomar precauciones para con sus hijos y que no padecieran alguna enfermedad hereditaria. Todo era desconcierto.

Así las cosas, se dio a la tarea de tratar de conseguir las muestras de tejidos para que les practicaran exámenes con el fin de buscar un resultado que le diera luces sobre el deceso de su esposo. “Nunca me facilitaron la historia clínica de mi esposo que porque era privada y lo único que encontraba eran trabas”, dice.

Cuando por fin logró una muestra del hígado, la envió a Atlanta, en Estados Unidos, ciudad en la que funciona el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés), una entidad que depende del Departamento de Salud y Servicios Humanos de ese país y se encarga, entre otras, de detectar e investigar los problemas de salud.

El diagnóstico emitido por la entidad norteamericana dejó aún más confundida a Pilar. El dictamen, fechado el 28 de junio de 2004, señalaba que “el señor Alberto Godoy Ospina murió de fiebre amarilla por virus vacunal”.

Timo versus fiebre amarilla

Pilar Hoyos seguía buscando respuestas en Colombia. Sin embargo, la respuesta no llegó de las entidades en nuestro país sino de la edición de septiembre de ese año de la publicación científica The Lancet, que advertía del riesgo de aplicar la vacuna a personas a las que les extirparon el timo, pequeña glándula ubicada detrás del esternón que durante los primeros años de vida produce células de defensa.

The Lancet fue más allá y reportó varios casos entre los que se contaba el de “un hombre de 44 años de edad con insuficiencia hepática fulminante después de la vacunación contra la fiebre amarilla en Colombia. Años antes había tenido una timectomía por timoma benigno”. Era Alberto Godoy, el octavo caso que se registraba en el mundo.

El empresario ibaguereño, en efecto, había sido operado de timo. “Mi esposo empezó con una tos constante y le recomendaron que se tomara un placa de tórax para ver qué tenía. Allí se veía que el timo había crecido y a raíz de eso visitamos varios neumólogos y sugirieron que lo extrajeran”, explica Pilar.

Y así fue. En diciembre del 2001 se le practicó la operación, pese a que no tenía ninguna manifestación de timoma, es decir, una masa anormal en la glándula.

Pero ¿de dónde el riesgo? Guillermo Prada Trujillo, médico infectólogo, explica que las personas operadas de timo no pueden recibir la vacuna debido a que “ese órgano cumple funciones notabilísimas en términos de la inmunidad celular y esta vacuna está contraindicada en las personas que tengan algunas alteración en su sistema de defensa”.

Con todos esos datos, Pilar decidió entonces que su lucha se debía enfocar hacia otro punto: quería que desde los organismos de salud realizaran las campañas para la vacuna de fiebre amarilla sin que se prescindiera de información que le pudiera causar la muerte a los vacunados.

“Contacté a los del Ministerio de Salud para que conocieran el caso y que estuvieran informados. Les comenté de la publicación de The Lancet y les dije que ese señor al que se referían era mi esposo”, cuenta Pilar.

Sin embargo, el funcionario que la atendió, en un tono de sarcasmo, le preguntó que si estaba segura de que ese hombre era, en efecto, su esposo. La viuda sintió que nada más podía hacer y optó por guardar todos los documentos relacionados con la muerte de su esposo.

“Irresponsabilidad del Estado”

Pero aún faltaba un capítulo en el caso de la muerte de Godoy. Se entabló una demanda contra el Ministerio de Salud (llamado de Protección Social en la época de los hechos) y contra la Secretaría de Salud, ya que se consideró que eran los directos responsables de la muerte de Godoy.

El pleito contra las entidades se inició en febrero del 2006, dice Ernesto Rey Cantor, apoderado de la familia de la víctima, y hubo un primer fallo en julio del 2010, pero las partes apelaron la decisión del juzgado 33 Administrativo de Bogotá, la cual, como ya se dijo fue fallada en segunda instancia en mayo pasado.

“Nunca un juez colombiano había condenado a la Nación por un caso de irresponsabilidad médica que se traduce en violación a los derechos humanos reconocidos en la convención americana, también llamada Pacto de San José de Costa Rica”, sostiene el jurista Rey Cantor.

La “irresponsabilidad” del Estado a la que hace referencia Rey Cantor la explica aduciendo que la campaña que se adelantó para la vacunación de fiebre amarilla fue “improvisada”.

En la primera decisión judicial ambas entidades fueron condenadas, pero en segunda instancia a la Secretaría de Salud no se le halló responsabilidad en los hechos que rodearon la muerte de Godoy.

“El Tribunal consideró que la responsabilidad directa recaía en el Ministerio de la Protección Social porque es una autoridad administrativa del orden nacional que fue la que decidió hacer la campaña de vacunación de una manera desorganizada, a la carrera y sin tener en cuenta los protocolos internacionales”, indica el defensor.

El Ministerio, por su parte, anotó que están a la espera de unos documentos que deben ser entregados por parte de los demandantes para acatar el fallo y así dar por cerrado el proceso.

No obstante que la decisión judicial fue favorable, tanto Hoyos como el abogado Rey Cantor sostienen que debió ser una condena que repare integralmente los daños causados a los familiares.

“Faltó que se declararan otras formas de reparación como son las medidas de satisfacción y no repetición. Por ejemplo, que Minsalud haga una campaña publicitaria para informar que las personas que hayan sido operadas de timo no pueden ser vacunadas contra la fiebre amarilla; así mismo, capacitar al personal del sector salud, aplicando los protocolos internacionales y siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, asegura Rey Cantor.

Eso era lo que esperaba Pilar Hoyos. Que las entidades se tomaran la molestia de consultarles a los que se van a vacunar contra la fiebre amarilla si se habían operado de timo. La pregunta que le habría salvado la vida a su esposo.


Fuente Semana

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Última edición por armando2007; 02-10-2012 a las 14:29:16
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Por lo menos en medicina y atención en salud, Cuba sí nos da sopa y seco.

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alberto godoy, cdc, fiebre amarilla, irresponsabilidad del estado, ministerio de salud, pilar hoyos, timo, timoma

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