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¿Qué está pasando en México?México S.A.

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México SA
Por Carlos Fernández-Vega

El gobierno de Calderón busca sancionar una reforma laboral.


Carlos Fernández-Vega

Agitada semana la que arranca, con la denominada reforma laboral en la marquesina con letras de neón y los no pocos enjuagues entre las fracciones parlamentarias de San Lázaro como platillo principal. Se modificará la Ley Federal del Trabajo –dicen los brujos, aunque no en los términos pretendidos por Felipe Calderón, pero sí en beneficio y a la medida de la patronal–, y los únicos que pagarán la factura serán los trabajadores, cuyos dirigentes permanecerán intocados, porque eso de la transparencia no es políticamente correcto.

Dicen los defensores de la iniciativa calderonista que nadie debe espantarse de nada, porque todas las modificaciones propuestas por el susodicho ya están previstas en la Ley Federal del Trabajo; de acuerdo con sus promotores en San Lázaro, los aspectos sobresalientes de la reforma laboral del inquilino de Los Pinos ya están en la legislación vigente, de tal suerte que lo único que se busca es su ratificación; el país acumula 40 años sin reforma laboral, se quejan los voceros oficiosos, y para que México se modernice lo que urge es reformar íntegramente a favor de uno solo de los factores de la producción. Entonces si, según ellos, todo está contemplado en la LFT, pues para qué tanto escándalo, porque de lo que se trata no es ratificar, sino hacer cumplir la ley, algo por demás impensable en esta república de discursos.

No por su gusto, pero los trabajadores volverán a pagar los platos rotos, aunque en aras de los equilibrios políticos, económicos y sociales, junto a la reforma laboral debería aprobarse una reforma patronal, para meter al orden a los modernos cuan desbocados empresarios que exigen que no se les toque ni con el pétalo de una rosa, pero al mismo tiempo se creen con el de derecho de reimplantar las condiciones laborales del porfiriato. ¿Transparencia sindical y cuentas claras? Bien, urge, pero no puede ser a modo: ¿cuándo se legislará para transparentar a los barones y sus multimillonarias operaciones, y de paso a los partidos políticos y sus no pocos negocios turbios?

Ya viene la reforma laboral, gritan a coro los sastres de San Lázaro, pero a ninguno de ellos le importa los nefastos efectos que esa misma ruta ha provocado en naciones europeas, donde, tras una modernización idéntica a la que pretende implantarse en México, las tasas de desempleo y la pérdida de beneficios sociales han crecido como la espuma. Para no ir más lejos, en España ya se modernizaron laboralmente, y el número de parados no deja de incrementarse. A estas alturas uno de cada cuatro españoles permanece en el desempleo, y contando. Y aquí sólo hasta que la soga les roza el cuello, las llamadas dirigencias sindicales (léase cacicazgos) han manifestado su repudio a la iniciativa calderonista, pero sólo para proteger sus intereses, no los de la masa trabajadora, la cual deberá rascarse como pueda, si puede, entre dos enemigos.

Pero de afuera llega una sonado reclamo, dirigido al Congreso mexicano, de uno de los mayores sindicatos de Canadá y Estados Unidos, United Steelworkers, presidido por Leo W. Gerard, también vicepresidente de la AFL-CIO, quien en carta a los inquilinos de San Lázaro subraya: “en nombre de nuestros 800 mil integrantes les escribo para expresar nuestra profunda preocupación por la iniciativa ‘preferente’ de ‘reforma laboral’ propuesta por Felipe Calderón, la cual, de aprobarse, daría lugar a una reducción drástica de los derechos de los trabajadores. Los invita a poner fin a esta iniciativa y a poner en marcha un diálogo nacional, conforme a lo solicitado por el Comité de Libertad Sindical, que dará voz a los sindicatos independientes y es plenamente compatible con los trabajadores, los derechos humanos y laborales, con especial atención a la plena realización de los derechos a la libertad de asociación, y la negociación colectiva.

Luego de revisar detalladamente la citada iniciativa, el dirigente de United Steelworkers advierte que de aprobarse de inmediato se debilitaría el derecho de huelga; se perpetuaría el sistema de contratos de protección, que sólo benefician al empleador, y que han sido cuestionados por la Organización Internacional del Trabajo, pues lo único que tiene que hacer un empresario es pagar a otro sindicato de protección para que presente una demanda y puede evitar, indefinidamente, que los trabajadores, por medio del voto democrático, elijan a su representante. El Comité de Libertad Sindical ha declarado reiteradamente que tales disposiciones violan la libertad sindical.

De igual forma, apunta Gerard, “debilitará la protección de los trabajadores y promoverá el trabajo precario. Las reformas propuestas disminuyen o eliminan muchas protecciones laborales básicas relacionadas con el empleo estable. Pretende legalizar la subcontratación (outsourcing) sin crear un mecanismo de regulación para garantizar que las empresas que subcontraten el trabajo sean responsables de las condiciones en las cadenas de producción. Los trabajadores pueden ser contratados sin seguridad social en los seis meses de prueba, por periodo de capacitación o alquilados por hora”, todo ello violatorio de los más elementales derechos laborales. En apariencia la reforma laboral beneficiaría a los sindicalizados, pero a cambio de otros requisitos para que el gobierno mexicano intervenga en la vida sindical, violando el Convenio 87 de la OIT y la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (2 de mayo de 2012) que claramente limita el alcance de la injerencia gubernamental en los asuntos sindicales.

Gerard reclama que en contraparte no se imponen requisitos similares a los empleadores. La legislación propuesta (por Calderón) es claramente antidemocrática y presenta una imagen verdaderamente lamentable de México: el desprecio absoluto por las opiniones de los trabajadores y ciudadanos, y un claro desprecio por el trabajo y las normas internacionales de derechos humanos, todas ellas incorporadas a la Constitución mexicana. La promulgación de esta legislación plantea serias dudas sobre el compromiso del gobierno mexicano de respetar los derechos laborales en los acuerdos comerciales futuros.

Las rebanadas del pastel

El regalito es para todos los mexicanos, especialmente para los de menores ingresos, que son la mayoría: la inflación general llegó a 4.73 por ciento al cierre de la primera quincena de septiembre de 2012; los precios de alimentos procesados, bebidas y tabaco aumentaron 6.9 por ciento; los correspondientes a productos agropecuarios, 14.98 por ciento, y los energéticos 8.11 por ciento. Todo, desde luego, para vivir mejor
(Calderón dixit)

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