Gobierno penalizará a compraventas, 'gota a gota' y usureros

Gobierno penalizará a compraventas, 'gota a gota' y usureros



Gracias a la Emergencia Social decretada por el Gobierno a fin de atender los reclamos de cientos de miles de colombianos que resultaron estafados tras el colapso de la llamadas "pirámides", se expedirán dos nuevos decretos que buscan controlar a las casas de empeño, prestamistas extrabancarios y agiotistas que se valen de los llamados "repos".

El primer decreto se aplicaría a “el empleado o administrador de una institución financiera o de cooperativas que ejerzan actividades de ahorro y crédito que, con el fin de ocultara o encubrir el origen ilícito del dinero, omita el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control establecidos por el ordenamiento jurídico para las transacciones en efectivo”.

Por esa sola conducta, “la persona que infrinja la norma podrá ser penalizada con “prisión de treinta y dos (32) a ciento ocho (10 meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales vigentes”.

Contra la usura

Según indicó el ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, el decreto pretende atacar una de la principales fuentes de usura, entre las que se encontrarían las casas de empeño, en las que actualmente se cobra un interés mensual del 10 por ciento.

Así mismo estarán incluídos los créditos extrabancarios, también conocidos como 'gota a gota', por el que los usuarios vienen pagando elevadas tasas de intereses diarios, además de los llamados “reportes” o “repos”, bajo cuya modalidad se conceden préstamos a partir de depósitos a término fijo.

Con la nueva medida, el código penal fija nuevas penas hasta de nueve años de cárcel por el delito de usura, además de multas que contemplan cifras superiores a los 240 millones de pesos por este tipo de cobros tipificados desde la expedición de los decretos como de carácter ilegal.

De igual manera, el Ministro anunció que se prepara un segundo decreto con el que se pretende penalizar la omisión de reportes sobre transacciones en efectivo, así como la movilización o almacenamiento de dinero en efectivo.

Según se indica en la norma, si la persona omite formular estos reportes de manera deliberada ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), incurrirá también en prisión de 32 a 108 meses, además de estar obligado apagar una multa que podría alcanzar los 15 mil salarios mínimos legales vigentes.