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La búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia en el Cono Sur

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Rosaura Audi
Jueves 23 de agosto de 2012, por Revista Pueblos
Las dictaduras de América del Sur de los años 70 y 80 consolidaron la estrategia de dominación económica que se aplicó mediante golpes de Estado. La represión fue perpetrada a través del Plan Cóndor: decenas de miles de personas fueron desaparecidas, asesinadas, torturadas y encarceladas; crímenes de lesa humanidad que constituyeron una unificación sistemática del horror. La búsqueda de verdad, memoria y justicia en cada uno de los países fue, no obstante, muy distinta. Mientras algunos recorrieron un camino sostenido de condena, otros tienen aún todo por hacer.

Brasil, Bolivia, Uruguay, Chile, Argentina. Así fue el recorrido de la ruptura del orden constitucional en el Cono Sur. Paraguay estaba en dictadura desde la llegada de Alfredo Stroessner al poder en 1954. La caída del presidente brasileño Joao Goulart en marzo del 1964 mediante un golpe militar que contó con el apoyo de la derecha local y de Estados Unidos fue fundamental para la sucesión de derrocamientos de gobiernos democráticos. Porque fueron el dictador brasileño Emilio Garrastazu Médici, el tercero del régimen, su par estadounidense Richard Nixon y el entonces secretario de Estado Henry Kissinger, quienes orquestaron todo, como si se tratara de un juego de TEG. [1] De ello dan cuenta los archivos desclasificados norteamericanos.

Antes de la aplicación del Plan Cóndor y junto a la estrategia de dominación política y económica en clave anticomunista hubo una alianza de capacitación militar. Los ofi ciales latinoamericanos se habían formado en los mismos institutos de lucha contra la guerrilla. Estaba la Escuela de las Américas, en Panamá, por donde pasaron casi todos los ejecutores de la represión, y la formación de la Escuela Francesa, aplicada en Indochina y Argelia. En los 80 comenzaron a caer las dictaduras. Habían logrado implantar un modelo de dominación, con un fuerte legado de pobreza y descomposición social, que sólo fue posible mediante la desaparición, asesinato, torturas, apropiación de bebés y detención de decenas de miles de personas.

El destino común que sufrieron estas poblaciones se diversifi có a la hora de investigar, enjuiciar y castigar a los autores de los crímenes. Muchos gobiernos negociaron impunidad por democracia. Los caminos siempre fueron sinuosos y con obstáculos. En ese recorrido fue pionero Argentina, al que siguió Chile, pese a que aún rige allí la Ley de Amnistía de Augusto Pinochet. En Uruguay falta mucho por hacer y en Brasil acaba de crearse la Comisión de la Verdad, mientras que en Paraguay y Bolivia no hay proceso de justicia.

ARGENTINA: UN AMPLIO TRABAJO CON APOYO SOCIAL

Varios aspectos distinguen a este país por su avance en el proceso de verdad, justicia, memoria y resarcimiento de víctimas de la dictadura cívico militar (1976-1983), según la investigadora Lorena Balardini, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS): el juzgamiento sostenido a los represores (al que ahora se suman causas contra civiles), la condena social a quienes asesinaron, torturaron, robaron bebés u ordenaron las atrocidades, y que se haya encontrado la solución legal para construir un caso a partir de la prueba testimonial.

Es cierto que la mayor parte de las condenas carece de una sentencia en fi rme, no existe un cierre visible y falta, sin duda, extender este proceso a los crímenes cometidos por la Triple A [2], una banda paramilitar que operó en el gobierno de Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón que asesinó a 1.500 personas antes de la dictadura.

Argentina comenzó el primer proceso poco después del retorno a la democracia, una decisión valiente del entonces presidente Ricardo Alfonsín, sin precedentes en la región. Alfonsín ordenó el Juicio a las Juntas y la creación de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (CONADEP). Nunca Más, el informe elaborado por este organismo, fue el fundamento para juzgar a los dictadores y para las condenas en 1985. Se estableció que hubo 30.000 personas desaparecidas.

Tras intentos de golpes de Estado, Alfonsín dio marcha atrás y promovió las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987). Luego, el presidente Carlos Menem (1989-1999) dio el indulto a militares y guerrilleros. El gobierno de Fernando De La Rúa (1999-2001) no hizo nada al respecto, pero las organizaciones de derechos humanos continuaron con su lucha. En 2003, la llegada de Néstor Kirchner al gobierno supuso un cambio rotundo. Su determinación convirtió en política de Estado lo que Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Hijos y otras organizaciones habían reclamado. En 2006 se reactivaron los procesos. Hoy se extienden a civiles y se analiza la posibilidad de juzgar los vejámenes infl igidos por los ofi - ciales a los conscriptos en la Guerra de Malvinas como crímenes de lesa humanidad. Desde 2006, según datos del CELS, hubo 68 sentencias, aunque sólo 7 causas o 10 imputados tienen una pena en fi rme por parte de la Corte Suprema de Justicia.

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CHILE: AMNISTÍA VIGENTE CON AVANCES EN LOS JUICIOS

En Chile, la detención del genocida Pinochet en Londres en 1998, promovida por un pedido de extradición del juez español Baltazar Garzón, fue clave para activar causas por violaciones a los derechos humanos. Había querellas presentadas desde el fi n de la dictadura (1990), algunas en tribunales militares, pero sin avances. Hasta ese momento la Corte Suprema reconocía la Ley de Amnistía, que abarca desde el golpe de 1973 hasta diciembre de 1978, período en el que se concentró el 90 por ciento de las víctimas y en el que operó la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

“A partir de ese año la Corte prohíbe condenar pero no prohíbe investigar, lo que habilita a abrir el proceso”, explica el periodista Luis Narváez, especializado en derechos humanos en Chile, quien precisa que “a casi 40 años todavía hay jueces que piensan que la Ley de Amnistía está por encima” de normas internacionales. Para Balardini, ello evidencia que “no hay una voluntad de los poderes del Estado ni sufi ciente fuerza por parte de la sociedad civil”.

Sin embargo, empezando por Juan Guzmán, algunos jueces encontraron huecos legales que permitieron llegar a 307 condenas en 2011, con 231 sentencias en fi rme. Balardini señala que en muchas de las causas hay una sola víctima como querellante y que en las confi rmaciones de las condenas se produce a menudo una reducción de la pena. También fue importante lo realizado por la Comisión Retting o Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada por el presidente Patricio Aylwin, que permitió una primera aproximación sobre las víctimas y que el Estado hiciera una reparación económica. Luego, la Comisión Valech ahondó sobre las torturas y estableció que hubo 35.000 personas torturadasdetenidas, 1.000 detenidas-desaparecidas, 3.000 asesinadas y 200.000 exiliadas. Lo primero en juzgarse fue el caso de las y los desaparecidos, al crearse la fi gura del secuestro permanente, que implica que mientras no es hallado el cuerpo el delito permanece. Luego fueron los asesinados y ahora se está procesando, además, a represores por torturas.

BRASIL: UN CAMINO QUE SE INICIA

El lanzamiento el pasado 16 de mayo de la Comisión de la Verdad por la presidenta Dilma Rousseff inauguró en Brasil un nuevo camino. En un país donde todo está por hacerse para esclarecer lo sucedido durante 21 años de dictadura, esta comisión es un primer paso, aunque el gobierno aclaró reiteradamente, bajo presión, que su informe no derivará en apertura de causas a represores. No saber ni siquiera la cantidad de víctimas ubica al país incluso más atrás que los procesos realizados por Paraguay y Bolivia.

Brasil es clave en términos de desclasifi cación de archivos. Así lo aseguró hace unos años Peter Hornbluh, del National Security Archive de Estados Unidos. Dijo que no se podrá saber la historia completa de la intervención en América del Sur en los 70 sin “los documentos brasileños”. “Brasil merece la verdad, las nuevas generaciones merecen la verdad y, sobre todo, merecen la verdad quienes perdieron amigos y parientes y que continúan sufriendo como si ellos muriesen de nuevo y siempre, cada día”, manifestó la presidenta, ex guerrillera, apresada y torturada por el régimen.

URUGUAY: JUZGAMIENTO INCIPIENTE

El rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue central en Uruguay para destrabar el procesamiento a militares y la condena por crímenes cometidos desde junio de 1973 a marzo de 1985. La Ley de Caducidad aprobada en 1986 por el gobierno de Luis María Sanguinetti fue una traba permanente.

Unos pocos procesos fueron la excepción. En 2006 fue procesado Juan María Bordaberry, dictador entre 1973 y 1976, al igual que su canciller Juan Carlos Blanco. En 2007 fue condenado por los vuelos de la muerte, en el marco del Plan Cóndor, el dictador Gregorio Conrado Álvarez (1981-1985). En 2011 el Congreso aprobó, por impulso del Frente Amplio, la Ley de Imprescriptibilidad de Violaciones a los Derechos Humanos. En opinión de Balardini, “no hay una voluntad unifi cada de juzgamiento por parte del Poder Judicial”, salvo excepciones. En la actualidad continúan las excavaciones en búsqueda de cuerpos, entre ellos el de la nuera del escritor Juan Gelman. José Mujica, a partir de un fallo de la CIDH, asumió ante el Congreso las responsabilidades del Estado en la desaparición forzada de María Claudia García.

PARAGUAY: TONELADAS DE ARCHIVOS Y UN SOLO CONDENADO

En la tierra en la que fueron hallados los informes que prueban la existencia del Plan Cóndor, los llamados Archivos del Terror, no hay justicia. Esta visión, compartida dentro y fuera del país, es la que traslada Martín Almada, abogado que en 1992 halló los documentos junto al juez José Agustín Fernández. “Solamente fue procesado y condenado un militar, el general Ramon Duarte Vera, ex jefe de Policía de Stroessner. Los otros procesados y condenados fueron policías ex torturadores. El Poder Judicial está en manos de los nostálgicos de la dictadura, no hay espacio legal para el procesamiento de genocidas”, resumió.

Paraguay tuvo, sí, una Comisión de la Verdad y la Justicia, presidida por monseñor Mario Melanio Medina, que trabajó entre 2004 y 2008. “En gran medida reconstruyó los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, pero no sirvió para avanzar en los reclamos de justicia. El informe fi nal fue más bien una sanción moral”, explicó Almada.

BOLIVIA: IMPUNIDAD Y UN PUÑADO DE PRESOS

“El cuadro que se presenta no es sólo de impunidad, lo que ya es delito, sino de complicidad, porque teniendo información se nos niega sistemáticamente”. Olga Flores Bedregal reclama aún por su hermano Juan, sindicalista, desaparecido en 1980. Hubo una comisión para investigar desapariciones forzadas durante el gobierno de Hernán Siles Zuazo (1982-1985), que registró 156 casos, pero sus actividades se suspendieron con el cambio de mandato. No puede decirse que haya habido una Comisión de la Verdad.

En 2004 se aprobó la Ley de Resarcimiento. Se registraron 6.600 denuncias, de las que el gobierno de Evo Morales reconoció como válidas unas 1.200. Para Bedregal, el gobierno minimiza lo ocurrido, no desclasifi ca documentos, afi rma que los militares sólo cumplían órdenes, negando la responsabilidad en crímenes de lesa humanidad, y ya incumplió seis órdenes judiciales (incluida una de la Corte Suprema).

En el Juicio de Responsabilidades, Luis García Meza Tejada, conocido como “el narcodictador”, fue condenado a 30 años de cárcel, al igual que Luis Arce Gómez, ministro del Interior. Hubo también penas para otras 26 personas, represores, paramilitares y policías que participaron del golpe. Algunos ya están libres y otros continúan presos. El juicio contra el dictador Hugo Banzer Suárez (1971-197 nunca llegó a producirse.

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AL FUTURO

Queda claro, a partir del horror atravesado por estas naciones, que no existe la posibilidad de establecer un camino real de verdad, reparación y justicia, sin una determinación sostenida del Estado y una sociedad que presione, condene y exija esclarecimiento sobre los hechos abominables de su pasado reciente. También es central la acción internacional en el plano judicial, que en el Cono Sur se concretó con los requerimientos de Garzón y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.


Rosaura Audi es periodista. Tercer trimestre de 2012.

Notas
[1] Juego de mesa argentino que plantea un conflicto bélico sobre un planisferio dividido en 50 países.

[2] Alianza Anticomunista Argentina (AAA).

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Muy buena información. En algunos datos, apenas me vengo a desayunar.

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