Colombia requiere una política contra la trata de personas

Colombia requiere una política contra la trata de personas

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el número de niños, niñas y adolescentes víctimas de la trata de personas creció en un 27% a nivel global.

La trata de personas es el comercio ilegal con fines de explotación sexual, reproducción, trasplante de órganos y cualquier forma moderna de esclavitud que atenta contra la libertad y dignidad de las personas. Según la OIM, en el año 2011 fueron atendidos un total de 2.040 víctimas menores de 18 años en 91 países, cifra que supera la observada en 2008, cuando se registraron 1.565 casos de este delito en el mismo rango de edad.

Carlos Pérez, coordinador del proyecto de trata de personas de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Drogas y el Delito, expresó al programa UN Análisis* de UN Radio: “Colombia adquirió ciertas obligaciones, desde el año 2002, con la Asamblea de las Naciones Unidas, tras ratificar una convención contra el crimen organizado, motivada por la preocupación por las dimensiones que estaba adquiriendo. Y, en el marco de esta reunión, lograron demostrar cómo la venta de mujeres con fines de explotación sexual se estaba convirtiendo en el tercer negocio ilícito. Por tanto, el tema quedó como una de las inquietudes de estos instrumentos y el país lo ratificó en 2003”.

A partir de la abolición de la esclavitud, esta actividad entró en el escenario de la ilegalidad. Pero sigue siendo un delito que, por sus características, puede camuflarse en espacios legales. Al respecto, Carolina López Laverde, coordinadora de Lucha Contra la Trata de Personas de la OIM, indicó: “desde el año 2002 hasta el 2012 tenemos un consolidado de casos de 273 asistidos; sin embargo, esto no da una luz clara sobre la dimensión del delito, porque ese es el número de casos que se han identificado, pero no refleja situaciones de personas que continúan siendo víctimas”.

El profesor de la Universidad Minuto de Dios Oscar Useche indicó que “se trata de un delito transnacional, en el que, por lo regular, se reducen a cero los derechos humanos, lo que lleva al regreso de una esclavitud que se consideraba cosa del pasado”.

En Colombia, según el reporte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entre marzo de 2011 y el mismo mes de 2012, la entidad recibió 371 denuncias de niños, niñas y adolescentes víctimas de trata de personas, todos reclutados dentro del territorio nacional y con fines de explotación sexual.

Marta Isabel Tovar, subdirectora de Restablecimiento de Derechos de la Dirección de Protección del ICBF, señaló: “necesitamos hacer más conscientes a los padres de su responsabilidad frente a sus hijos. Independientemente de la condición económica, ellos deben establecer una muy buena comunicación y relación con sus hijos, porque en niños, niñas y adolescentes la trata de personas está llegando por medio de las redes sociales, los amigos y los contactos que se tienen en el mundo virtual”.

Siguiendo con el informe, departamentos como Antioquia, Risaralda, Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Cundinamarca aparecen entre las principales regiones de origen de las víctimas de la trata interna; mientras que ciudades como Cartagena y Bogotá hacen parte de los principales destinos.

En relación con lo anterior, Ángela Ospina de Nicholls, directora del Centro de Pensamiento sobre Trata de Personas, aseguró: “Colombia tiene muy poca investigación en este tema, lo que significa que es un asunto que continua siendo invisible en los diferentes medios (escritos, académicos, sociales y de gobierno). Si bien nosotros como Gobierno hemos hecho un esfuerzo para construir una política pública, estamos muy cortos. La academia debe poner el tema dentro de sus currículos de estudio, porque es un tema interdisciplinario que requiere de esta para su erradicación”.

La vulneración de derechos es muy grave. La OIM han enfocado sus esfuerzos en diversos sectores, entre ellos la prevención. Además, apoya el proceso para la reglamentación de la Ley 985 de 2005, que busca la asistencia a las víctimas de este delito.

“Se requiere cumplir los protocolos que involucran al Derecho Internacional, concretamente en la judicialización de las personas que cometen estas acciones ilegales. Diversos estudios del derecho penal han revelado un gran número de casos que esperan justicia y control. Ahora se avanza en el debate, pero es necesario aumentar el trabajo para tener mayor jurisprudencia”, puntualizó la abogada Beatriz Luna, profesora de la Universidad del Rosario.



(Por:Fin/papg/clc/fgd)