Un pelotón del Ejército aceptó 'falsos positivos' cometidos en Nariño

Un pelotón del Ejército aceptó 'falsos positivos' cometidos en Nariño
Por: REDACCIÓN JUSTICIA


El juez segundo penal de Pasto avaló el acuerdo, que incluye cumplir las penas en instalaciones militares. Foto:



A penas de entre 3 y 40 años de prisión fueron condenados los integrantes del pelotón Buitre 1.

En una negociación inédita, 19 militares del Batallón Boyacá, con sede en Pasto, llegaron a un acuerdo con la Fiscalía y consiguieron sentencias reducidas por el asesinato de 15 personas, presentadas como integrantes de la guerrilla y de bandas criminales entre el 2007 y el 2008.

La investigación se inició tras la denuncia de la familia del indígena ecuatoriano José Antonio Otávalo, que vendía ropa en la frontera.

Elementos como las facturas de las prendas que comercializaba, halladas con el cadáver, así como la ausencia de impactos de bala en el uniforme que vestía y de casquillos de fusil en el lugar de los hechos, hicieron sospechar a los detectives que se trataba de una ejecución y no de un combate.

El cabo Javier López fue el primero en confesar que recogieron al indígena en una vía y que el armamento con el que fue presentado estaba listo desde la víspera. Willer Cañizales, otro soldado que negoció con la Fiscalía, dijo que un teniente de apellido Sanmiguel le dijo que, a cambio de ocultar el crimen ante la Justicia Penal Militar, "habría permisos, condecoraciones y hasta viajes al Sinaí".

Entre las víctimas del Buitre 1 se cuentan campesinos, indigentes y vendedores de fruta de Nariño y Cauca y hasta de Bogotá. Según el relato de los militares, fueron llevados a la zona de operaciones en moto o detenidos en retenes y luego asesinados.

"Yo lo llevé al sitio planeado. Caicedo lo bajó del camión y lo dio de baja sobre la carretera. Después empecé a dictarles el informe y a decirles cómo hacer el croquis", confesó uno de los sargentos vinculados a la investigación.

El cabo Alen Jaimes Pasuy dijo a los fiscales que sus superiores les recomendaban "buscar víctimas que no fueran de la ciudad, que tuvieran un nivel social bajo y preferiblemente indocumentadas". De hecho, al menos ocho víctimas de esa unidad no han podido ser identificadas.

Los uniformados reconocieron el crimen de Francisco Javier Troya, presentado como un peligroso extorsionista de una banda criminal. La víctima sufría de anquilosis en los brazos, por lo que le resultaba imposible manipular un arma de fuego. El soldado Juan Carlos Ramírez confesó que, luego de dispararle en la cabeza, le pusieron una pistola en la mano y con el dedo de la víctima hicieron dos disparos.

Gracias a la información de los uniformados, la Fiscalía encontró en el batallón un mueble con doble fondo en donde escondían las armas y otros elementos usados para dar apariencia de legalidad a las falsas operaciones.

El juez segundo penal de Pasto avaló el acuerdo con la Fiscalía, que incluye cumplir las penas en instalaciones militares. Los investigadores iniciaron la segunda fase de las pesquisas, que incluye a varios oficiales que habrían participado en las ejecuciones o que sabían lo que pasaba y no hicieron nada para evitarlo.

REDACCIÓN JUSTICIA

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