Detalles de la indagatoria que rindió en la Corte Suprema. Investigan presunto lavado de activos.

La investigación de la Corte Suprema de Justicia contra la senadora Dilian Francisca Toro, por el origen de algunos bienes suyos y de su esposo, está rodeada por la sombra de siete capos del narcotráfico. (Lea también: La evidencia en contra de la poderosa Dilian Francisca Toro).

Así lo confirmó la Sala Penal durante la indagatoria que rindió la expresidenta del Congreso, considerada uno de los grandes poderes electorales del Valle. (Lea también: 'Dilian Francisca no tiene problema en explicar patrimonio': abogado).

"La Corte le reprocha que como socia de la Agropecuaria Ceiba Verde Ltda. compró la hacienda La Milagrosa en diciembre del 2005 en una operación ilícita, a sabiendas de que se trataba de un predio asociado a organizaciones de los clanes de Phanor Arizabaleta Arzayus y Luis Alfonso Patiño Fómeque", confirmó el magistrado de la Corte que la interrogó durante la diligencia a la que EL TIEMPO tuvo acceso.

Toro -que figura en la sociedad con su esposo, el exsenador Julio Caicedo, y uno de sus cuñados- justificó con documentos las transacciones. "En ningún momento se supo que los predios fuesen de alguna persona al margen de la ley", respondió la congresista.

También resaltó que las transacciones sospechosas a las que se refiere el alto tribunal se produjeron diez años antes de que la sociedad adquiriera los bienes lo que los convierte en terceros de buena fe.


Las otras propiedades
La Corte también le notificó que el expediente incluye otras operaciones financieras, que calificó de sospechosas, para adquirir la hacienda Barcilar en junio del 2007, "a sabiendas de que se trataba de predios asociados a las organizaciones de Hans Barney Salazar, Jaime Alberto Mejía González y Carlos Arturo Patiño Restrepo, alias 'Patemuro'", todos sindicados de narcotráfico y lavado de activos.

Sobre La Milagrosa, la Corte hizo un recuento de cómo el predio supuestamente habría pasado de manos de Arizabaleta a las de Iván Urdinola, luego a Juan Carlos Ramírez 'Chupeta' y después a Wilber Varela 'Jabón' por medio de sociedades de fachada.

Similares señalamientos hizo el magistrado que la interrogó en el caso de la hacienda San Miguel, otra de las propiedades cuestionadas.

El predio, supuestamente pasó de Arizabaleta Arzayus a Ignacio Álvarez Meyendorff -quien también es investigado por narcotráfico-; luego de una maraña de negociaciones, ambos las habrían traspasado a las empresas Rentabienes y Agrigan que, al parecer, tendrían relación con la organización del narco Víctor Patiño Fómeque.

Otro punto sospechoso, dijo la Corte, es que el traspaso de algunos de estas propiedades se protocolizó con promesas de compraventa en la que no aparecen los linderos del bien. Los documentos tampoco hacen mención al valor y forma de pago de los predios.

La congresista se defendió asegurando que ni ella ni su esposo se enteraron que Barney Salazar fue condenado por lavado de activos y que la mayoría de sus propiedades las ocuparon para extinción de dominio.

"Uno no le pide antecedentes judiciales al vecino con el que va a hacer un negocio. Uno compra es con un certificado de tradición en la mano, ese es el documento idóneo y si ahí no figura ninguna anotación quiere decir que está en el mercado y se puede adquirir", respondió Toro.

También recordó que por uno de esos predios --la hacienda San Miguel-- fue extorsionada para que cediera la finca: "Llamaba de Estados Unidos un señor que decía que era Víctor Patiño Fómeque y que además quería que le entregara la finca", relató la Senadora.

En su defensa, Toro recalcó a la Corte que las transacciones que ha hecho la empresa de la que es socia son tan transparentes que los investigadores han podido rastrearlas en su totalidad y sin ninguna dificultad.

Finalmente, la Corte la indagó sobre las declaraciones que dio Juan Carlos Meneses, un oficial retirado de la Policía que aseguró desde Buenos Aires (Argentina) dijo que la senadora Toro supuestamente habría tenido tratos con narcotraficantes del Valle.

Según Meneses hubo una reunión de la congresista con un hermano de Víctor Patiño Fómeque en una finca cerca del municipio de Calima en el Valle donde recibió dinero de la mafia para financiar su campaña al Senado del 2002.

Toro pidió a la Corte la posibilidad de contrainterrogar a este hombre a quien dijo que no conocía y que desconocía las razones por las cuales le hacía esos señalamientos. "Ese señor era un poco agresivo y seguramente no le gustó que no apoyara al candidato de sus afectos.", dijo.