Algo que llama la atención y genera la consabida suspicacia. Desde mayo se sabía que las Farc habían dado la orden de manipular a las comunidades indígenas para obligar la salida de la Fuerza Pública de los territorios indígenas. ¿Por qué no se denunció ésto hace un par de días pudiéndose haber evitado los vergonzosos hechos del desalojo de los soldados del cerro Berlín?

Sólo después de que los indígenas desalojan y el Esmad los expulsa horas después es que el presidente cuenta sobre los correos que confirman que se trata de una estrategia guerrillera. O el presidente no estaba informado o no había sido evaluada la información, o no se le dio la mayor importancia, lo que mostraría que el Presidente no maneja el tema del Cauca como debería ser.

Quedaría una cuarta hipótesis, que el gobierno hubiera fabricado esta prueba. ¿Será posible? De todas formas, bien por el presidente que haga la salvedad de que los infiltrados de la guerrilla son la excepción, que el movimiento indígena debe ser respetado, que se deba tener una política de diálogo, pero sobre todo que la Constitución rige para todos y que no es negociable la salida del ejército de los territorios indígenas.

Ojalá las partes se calmen, los incidentes aislados (la muerte de un indígena y un soldado) no se vuelvan a repetir y los indígenas entiendan que el enemigo común es la narcoguerrilla, denuncien a los infiltrados en sus comunidades y ayuden al ejército con información y colaboración para expulsar a las Farc de sus territorios.

Un campesino y un policía murieron
Norte del Cauca, todo un polvorín

Por: Édinson Arley Bolaños / N

El presidente Santos reveló planes de las Farc para propiciar la salida de la Fuerza Pública de los municipios de la región.

Delegados del Gobierno y de las comunidades indígenas —con el acompañamiento de funcionarios de la Defensoría del Pueblo y de las Naciones Unidas en Colombia— buscan en Santander de Quilichao concretar acuerdos con el fin de ponerles fin a los violentos choques entre la Guardia Indígena y la Fuerza Pública en el norte del Cauca. Con una premisa expuesta por el presidente Juan Manuel Santos, tras un consejo de seguridad realizado de urgencia en Popayán: “La presencia de militares y policías en cualquier lugar del país no es negociable. No podemos ceder un milímetro”. Previamente, a través de Twitter, el jefe de Estado había dicho que no quería ver un solo indígena en las bases militares caucanas.

Tras insistir en que está dispuesto a conciliar, el primer mandatario reveló que en un operativo realizado en mayo contra el jefe guerrillero conocido con el alias de Pacho Chino, se le incautó un computador en el que se encontraron instrucciones de repartir propaganda en los municipios del norte del Cauca para que la población le exigiera a la Fuerza Pública el retiro de las áreas pobladas. Y aunque aclaró que ello no quiere decir que los indígenas están confabulados con las Farc, dijo que se conoce de vínculos de algunos miembros de esas comunidades con ese grupo subversivo, quienes ya están en proceso de judicialización, según confirmó la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, la recompensa por información que permita la captura de Pacho Chino se subió a $2.500 millones.

Sin embargo, la situación en la región seguía siendo crítica después de la muerte de Fabián Cuetía, campesino de 22 años, a manos de un soldado, en un retén militar en la vereda La Venta, municipio de Caldono, zona del resguardo La Laguna. “Lo mataron a sangre fría”, dijo el consejero mayor del cabildo, Albeiro Calambas, quien explicó que Cuetía volvía de visitar a su novia. “Fue un error”, fue lo que atinó a responder el teniente del Ejército Héctor Segura, comandante del grupo de militares.

El gobernador del resguardo La Laguna informó entonces que los 32 soldados del puesto militar habían sido retenidos por la Guardia Indígena y trasladados hasta el casco urbano de Caldono para ser juzgados y luego entregados en la plaza pública a una comisión de la Defensoría del Pueblo. En la noche fueron liberados y el CTI asumió la cadena de custodia del fúsil desde el cual se hizo el disparo. Mientras tanto, se conoció de la muerte de un policía en Jambaló, al parecer por un francotirador de la guerrilla y del desalojo de una base militar en el sector de Huasanó, en la vía Caloto-Corinto, dentro de la cruzada indígena de sacar de sus territorios a todos los actores armados.

Hechos que terminan de sembrar de caos el norte del Cauca, después de que la Fuerza Pública recuperara, en la madrugada de ayer, posiciones en el cerro Berlín, en Toribío, de donde fue sacada a empujones por la Guardia Indígena. Al menos tres aborígenes heridos y una veintena más contusos o afectados por gases lacrimógenos dejó la operación realizada por policías antimotines. Pero cuando los indígenas intentaban retomar el cerro, se registró un nuevo hostigamiento de las Farc. La Guardia se dirigió entonces hacia las montañas, para exigirles también a los guerrilleros que abandonaran su territorio.

Cuatro subversivos, entre ellos un menor de edad, fueron retenidos en medio de los matorrales, con fusiles, tatucos (morteros artesanales) y pólvora. “Dicen que nosotros somos cómplices de la guerrilla y que somos sus mandaderos, cuando la verdad es que ellos también nos están haciendo daño y les hemos dejado claro que no vamos a seguir aguantando esos ataques en nuestra tierra. La guerrilla y el Ejército sólo nos han traído miseria y destrucción”, le manifestó a El Espectador María Dominga Mestizo, coordinadora del Proyecto Nasa en Toribío. Los cuatro subversivos serán juzgados bajo la jurisdicción especial indígena, antes de ser entregados a las autoridades nacionales.

Los hechos del Cauca generaron también un remezón en los mandos militares de la región. Ayer se confirmó que el general Miguel Pérez, comandante de la Tercera División del Ejército, había sido relevado de su cargo y que se crearía el Comando Conjunto del Suroccidente, que estará bajo el mando del general Leonardo Barrera. Con cerca de 5.000 hombres de Ejército, Armada y Fuerza Aérea, el objetivo es continuar con la ofensiva antiguerrillera y contra el narcotráfico en toda la región.

Eso sí, el Gobierno volvió a anunciar planes de inversión social para el Cauca. Pero la realidad muestra que el conflicto se agudiza y tiene dos caras: una guerrilla que lleva 50 años de presencia en el departamento y se mueve hábilmente por sus laberintos, pero nunca se ha ganado a las comunidades indígenas y campesinas, que la ven como una amenaza o una fuerza de ocupación, y un Estado que ha intentado controlar las montañas con sus batallones, convirtiendo la región en un teatro de operaciones, buscando ganar la guerra con el control del territorio y tratando de desalojar a los subversivos. Una estrategia en la que la gente es vista como un telón de fondo o un conglomerado sospechoso de complicidad con el enemigo.

Fuente: El Espectador