Por primera vez en EE. UU. un alto cargo católico irá a la cárcel por pederastia

Monseñor William Lynn, sacerdote de la archidiócesis de Filadelfia, la sexta más grande de Estados Unidos, se ha convertido en el primer alto cargo de la Iglesia católica en EE. UU. que irá a la cárcel por pederastia. Ha sido declarado culpable de haber encubierto a curas acusados de abusos. Puso la salud de menores de edad en peligro al permitir que curas acusados de pederastia continuaran en contacto con los niños, según ha anunciado el jurado que ha tardado 13 días en acordar su decisión.

La sentencia final a Lynn será dictada a inicios de agosto. Según la Fiscalía, es muy probable que el sacerdote, que inicialmente se enfrentaba a un total de 28 años de prisión por la suma de presuntos delitos, sea condenado finalmente a 7 años como máximo. Los hechos por los que Lynn es acusado se remontan a 1992, cuando ejercía como secretario de la archidiócesis y se encargaba de asignar el destino de los sacerdotes pertenecientes a la misma. Aquel año un feligrés acusó al cura Edward Avery de haberle acosado a lo largo de una década, entre 1970 y 1980.

Como consecuencia de la denuncia, Avery fue internado en un centro especializado de rehabilitación de curas acusados de abusos sexuales. Una vez acabado el período de tratamiento activo, Lynn envió a Avery a trabajar en un colegio parroquial, a pesar de las advertencias explícitas del terapeuta del sacerdote que insistía en la necesidad de mantenerle alejado de los niños. En 1999, Avery fue acusado de nuevo de “abusar brutalmente” de un niño de 10 años de edad. Otro caso que se le imputa a Lynn es el del reverendo James Brennan.

En 1996 Brennan fue denunciado por violar a un joven de 14 años. En vez de abrir una investigación, Lynn simplemente ordenó el traslado de Brennan a otro estado. En 2005, Lynn y otros altos cargos de la archidiócesis fueron llevados al banquillo de los acusados por silenciar denuncias de pederastia que implicaban, al menos, a 37 miembros de la Iglesia católica. Sin embargo, aquel juicio no tuvo ninguna consecuencia jurídica, ya que los delitos cometidos fueron calificados como prescritos. Gracias a dos nuevas querellas, la Fiscalía pudo reabrir el caso en 2011.