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Con el magistrado del Consejo de Estado, Marco Velilla , quien habló de manera independiente, evaluamos los alcances e impacto que tendría para el país la reforma a la "justicia" aprobada por el Congreso. Dice que el Consejo de Estado jamás suscribió ningún acuerdo ni tuvo ninguna coincidencia con el texto que presentó el Gobierno al legislativo y que terminó en una suerte de "leviatán".

¿Cuál es su concepto sobre lo ocurrido esta semana con respecto a la reforma a la Justicia?
"Es un proceso de desistitucionalización que estamos viviendo desde hace algún tiempo y que sencillamente se materializa en estos hechos tan lamentables para la justicia, el equilibrio de los poderes y la democracia misma.

Lo ocurrido nos tiene que hacer reflexionar sobre el norte ético y hacer que todos los colombianos, de alguna manera, hagamos un gran debate sobre cuáles son los equilibrios que el país necesita y de quiénes han estado tratando de romper esos equilibrios o de beneficiarse de los mismos".

¿Es así de grave el tema de la desistitucionalización?
"En una democracia lo fundamental es la autonomía de los tres poderes. La justicia es un pilar fundamental de la democracia y desde que se presentó el texto por parte del Gobierno, se trató de socavar ese equilibrio y se introdujeron artículos que tendían a concentrar el poder en el Ejecutivo. Por eso es tan curioso que el Gobierno se muestre ahora sorprendido por la transformación de la reforma, porque en realidad fue el gobierno el que introdujo el texto y el Consejo de Estado el que trató de señalarle al Gobierno que ese texto no tenía ninguna relación con lo que se requería para mejorar el acceso a la justicia, para conservar el equilibrio de los poderes y para mantener la autonomía y la independencia de la rama judicial. En todo este proceso vimos un desprecio por la rama judicial, por su autonomía, independencia y recibimos una cantidad de desplantes".

¿Cuáles desplantes?
"Quisiera que el país recordara el episodio cuando los tres presidentes de las Cortes, con el Procurador General de la Nación, enviaron una carta al Presidente de la República y él, despectivamente, en un gran agravio a la Justicia colombiana, indicó que se habían equivocado de destinatario".¿Por qué dice que el Gobierno quería concentrar el poder a través de la reforma?
"La independencia de la justicia se materializa en que la rama tenga autonomía y un gobierno propio. Al atacar una de las grandes conquistas de la Carta del 91, como fue el Consejo Superior de la Judicatura, independientemente de que en ciertas épocas haya habido personas que no hayan honrado esas dignidades, pusieron a la justicia a retroceder en el tiempo y a buscar apoyo del gobierno en el tema del presupuesto, de la carrera judicial, de la capacitación y la formación, lo que compromete su independencia".

¿De quién fue la propuesta?
"Del doctor Germán Vargas Lleras, nieto del expresidente Carlos Lleras, quien siempre insistió en la necesidad de que la justicia tuviera un presupuesto independiente. Yo, personalmente, en 1978 lo invité a Medellín (Carlos Lleras) y aquí dio una conferencia sobre lo que él llamaba el Consejo Superior de la Magistratura. Dijo que en su concepto el Gobierno jamás podía asistir en calidad de miembro a ese Consejo. Solo como invitado para discutir el tema del presupuesto y ayudar con el ministro de Hacienda".

¿Lo que vimos esta semana fue una especie de contubernio, un cruce de favores entre el Legislativo y el Judicial en presencia del ejecutivo?
"Como hombre de bien, como Magistrado, y como persona que quiso llegar a las altas cortes, no puedo aceptar que nos endilguen que estuviéramos intercambiando favores. Quiero decir con toda claridad que los dos presidentes del Consejo de Estado que fueron a la Casa de Nariño, fueron engañados. Cuando se discutía el tema en la Comisión Primera del Senado fuimos allá porque habíamos presentado un texto alterno y pensábamos que podíamos presentar lo que había sido aprobado por la Sala Plena como Reforma. Cuando el expresidente del Consejo, Mauricio Fajardo fue invitado por el Ministro Vargas Lleras a Palacio, yo le dije: no podemos ir porque no se ha votado absolutamente nada. Posteriormente el Gobierno lo que hizo fue presentarlo, como si ya existiera un acuerdo previo, antes de que hubiera cualquier clase de votación.

En la segunda oportunidad, cuando fue el presidente del Consejo de Estado Gustavo Gómez, se autorizó por la Sala Plena que pudiera convocar a los diferentes poderes y a los otros presidentes de Corte, para explicar al Presidente de la República la gravedad y el alcance que estaba tomando la reforma. Esta vez salieron el Presidente de la República y el Ministro Juan Carlos Esguerra a decir que se había llegado a siete u ocho puntos fundamentales de acuerdo. Ninguno de los presidentes del Consejo de Estado suscribió texto alguno. Fueron invitados para tomarles una foto, como si en realidad estuvieran aceptando una reforma que, por supuesto, no podían aceptar ".

¿Entonces de dónde salieron esas propuestas que benefician a las altas cortes con más recursos y más tiempo en el cargo?
"La única alta corte que presentó un texto de propuesta de reforma fue el Consejo de Estado. La Corte Constitucional como ejerce el control de la carta política, tenía que guardar prudente silencio. La Corte Suprema también guardó un silencio que aún no nos explicamos. En el texto del Consejo de Estado, jamás se contemplaron ventajas, ni beneficios para los magistrados. Es el proyecto del Gobierno el que plantea el periodo de 12 años y la edad de retiro forzoso a los 70 años".

¿Las Cortes no pidieron tales gabelas?
"Nunca y nunca es nunca. Para mí un Magistrado debería tener un periodo más amplio y debería, por supuesto, ser su último escalón. No hay derecho a que un magistrado termine con una vida que no sea digna y que vaya a tener alguna tentación de simpatizar con sus providencias judiciales o de tener una puerta giratoria como sucede entre el ejecutivo y ciertos intereses económicos particulares.

En esa misma línea, ¿de dónde sale el tema del juzgamiento a magistrados y congresistas que prácticamente los hace intocables?
"Para el juzgamiento de los congresistas ha habido una figura importantísima, en el saneamiento de las costumbres políticas: la pérdida de investidura. Hay un punto fundamental que es el tema ético. Si una persona es digna o no de llevar la representación de los ciudadanos, y en eso no puede haber graduación. Lo que sí podría verse en algún momento es qué clase de conductas hacen que una persona sea digna o indigna, porque no es lo mismo dejar de asistir a unas cuantas sesiones que tener una condena penal. Todo eso se trató de desbordar. En cuanto al juzgamiento de los magistrados, por supuesto, sí están haciendo justicia, no puden ser juzgados por presiones políticas. Hay que instalar un mecanismo donde no haya impunidad, pero tampoco la presión de la dinámica política ni de la dinámica legislativa".