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¿Puede Santos objetar una reforma constitucional aprobada por el Congreso?

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Antiguo , 10:02:12   #1
Predeterminado ¿Puede Santos objetar una reforma constitucional aprobada por el Congreso? Calificación: de 5,00

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La Constitución del 91 parece tener un vacío: no faculta al Presidente de la República para objetar las reformas constitucionales del Congreso, como es el caso de la reforma a la Justicia. Pero la decisión del mandatario tendría sustento en el reglamento del Congreso.

La decisión que asumió el presidente Juan Manuel Santos de objetarle al Congreso lo que aprobó en la reforma a la justicia no tiene antecedentes en la historia. Sencillamente porque la Constitución del 91, en ninguno de sus artículos, faculta a un jefe de Estado para devolver las reformas que el parlamento decida hacerle a la Carta Política.
Expertos consideran que las reformas constitucionales son actos legislativos autónomos del Congreso que son promulgados y entran en plena vigencia solo con su publicación en el Diario Oficial, tan pronto como surtan su trámite legislativo.

Es más, según le recordó a Semana.com uno de los asesores jurídicos de la Comisión Primera del Senado, ninguna de las reformas constitucionales que se han producido desde 1991 han sido promulgadas con la firma de un presidente ni de los ministros, como acostumbra a hacerlo este gobierno.

Porque el presidente Santos, en su objetivo y estrategia de publicitar los alcances de las reformas constitucionales aprobadas durante su gobierno, ha hecho actos simbólicos, a manera de sanción, que posteriormente han dado paso a la publicación oficial de la nueva norma constitucional. Pero esa costumbre del actual Jefe del Estado, no está consagrada.

Por eso los expertos afirman que la Constitución podría tener un “vacío jurídico” en materia del proceso de revisión de los llamados actos legislativos.

Referendo y demanda: ¿única fórmula para revocar la reforma?

En concepto del representante a la Cámara por el Polo, Germán Navas Talero, la Constitución sólo establece, de manera explícita, que los únicos mecanismos contemplados para revocar las reformas constitucionales del Congreso son una demanda ante la Corte Constitucional o la convocatoria a un referendo revocatorio.

En esa afirmación coincidió el constitucionalista Alejandro Novoa, y director del Centro de Estudios Constitucionales Plural, quien precisamente lidera la propuesta de la recolección de firmas para convocar a unas elecciones en las que el pueblo colombiano reverse la reforma.

Por eso Navas aseguró después de aprobada la reforma a la Justicia en el Congreso que el presidente Santos y el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, “deberían promover la convocatoria del referendo”.

Esta duda jurídica será objeto de un amplio debate luego que el presidente Juan Manuel Santos, en un fuerte pronunciamiento al Congreso, anunció que devolvería la reforma a la justicia y se abstendría de promulgarla. Es decir, impedirá su publicación en el Diario Oficial.

Sin embargo Santos considera que el mecanismo de objetar la reforma lo obliga la Constitución para “respetar el ordenamiento jurídico” de la Nación.

Pero quizás previendo el debate jurídico que suscitaría la decisión, el mandatario asumió en persona las consecuencias que pudiera traer.

Reglamento del Congreso: la carta de Santos

Santos tendría una carta en la jurisprudencia de una sentencia de la Corte Constitucional, pero sobre todo en la Ley Quinta de 1992 (el reglamento del Congreso).

El artículo 227 de esta ley señala que a las reformas constitucionales por el Congreso se les puede aplicar las mismas reglas de procedimiento de las leyes ordinarias, por ejemplo que deban ser sancionadas con la firma del presidente para que entren en vigencia, o también que puedan ser devueltas al Congreso si el Jefe del Estado les hace objeciones.

Textualmente, el mencionado artículo señala: REGLAS DE PROCEDIMIENTO APLICABLES (a los actos legislativos). Las disposiciones contenidas en los capítulos anteriores (de la Ley Quinta de 1992) referidas al proceso legislativo ordinario que no sean incompatibles con las regulaciones constitucionales, tendrán en el trámite legislativo constituyente plena aplicación y vigencia”.

Santos considera que uno de sus deberes constitucionales es “respetar el ordenamiento jurídico” y que en ese propósito no sería incompatible que a las reformas constitucionales que apruebe el Congreso se le aplique las disposiciones consagradas para las leyes ordinarias.

Entonces, ¿sólo se corregirían las objeciones, o toda la reforma a la justicia?

Esta sería una jugada política de Santos, pues evitaría la convocatoria de unas elecciones -que podrían suponer una millonaria inversión por parte del Estado-, para revocar los alcances de la reforma a la justicia aprobada por el Congreso.

Pero a aparte de esta apuesta, surge otra duda. Si la reforma a la Justicia debe iniciar su trámite de nuevo o si el Congreso tendría la posibilidad de corregir sólo las objeciones hechas por el presidente.

Santos explicó los cuatro micos que, a juicio del Gobierno, son inaceptables por razones no solo de vicios de constitucionalidad sino por inconveniencia política.

Si el Gobierno encuentra que con el reglamento del Congreso puede recurrir al mecanismo de la objeción de la reforma, la Constitución establece que el proyecto regresará a las plenarias de Senado y Cámara para que le vuelvan a dar segundo debate, y así corregir el texto aprobado en la Conciliación, y posteriormente sí publicar la reforma a la Justicia.

La discusión jurídica quedó planteada.


semana.com

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Predeterminado Respuesta: ¿Puede Santos objetar una reforma constitucional aprobada por el Congreso?

¿Cuánto le costará a Santos su objeción a la reforma a la Justicia?

La posibilidad de haber empezado a recoger firmas para un referendo revocatorio hubiera terminado en un plebiscito callejero contra el Gobierno.


El festín de los congresistas en la noche del miércoles cuando aprobaron el texto de la reforma a la Justicia dándose toda clase de gabelas pudo terminar en un bravo guayabo para el presidente Juan Manuel Santos. Aunque en defensa del jefe del Estado han salido exministros de Justicia como Néstor Humberto Martínez, quien ha dicho que en las conciliaciones los gobiernos deben actuar como arqueros para evitar que les metan goles, en este caso la goleada tuvo consecuencias monumentales.

Antes de que el presidente decidiera devolver al Congreso el acto legislativo, en la primera vez que un mandatario toma semejante decisión, estaba corriendo una propuesta de recoger firmas para un referendo revocatorio que en la calle podría terminar en un plebiscito contra su gobierno. Es natural porque la reforma fue gestada, impulsada y hecha realidad por Santos y dos pesos pesados de su gabinete: Germán Vargas Lleras y Juan Carlos Esguera.

Ahora vendrá otra discusión porque habrá quienes dirán que a él le queda difícil lavarse las manos al señalar al Congreso como responsable porque, al fin y al cabo, este es controlado por el presidente. Tanto que la mayoría de parlamentarios giran en torno a sus ideales en lo que llaman la Unidad Nacional. De hecho, por primera vez en mucho tiempo las voces de la oposición son casi inexistentes pues con excepción del Polo Democrático Alternativo (PDA) y una minoritaria fracción de los Verdes, todos caminan al ritmo impuesto por la Casa de Nariño.


Los tiempos del ruido

Antes de la objeción, el rechazo a la reforma a la justicia era sonoro y cibernético. Los oyentes que han expresado sus opiniones en los programas radiales se han mostrado mayoritariamente en contra incluso algunos con severos calificativos, como "gobierno de bandidos" o "vergüenza nacional". En las redes sociales, entre tanto, el movimiento ha ido creciendo empujado con autorizadas voces de líderes de opinión.


Bastaba echarle un vistazo al Twitter para palpar el estado de ánimo. Daniel Samper Ospina: "El gobierno de Santos está dinamitando la Constitución tanto como lo hizo el de Uribe, qué vergüenza"; Andrés Hoyos: "No estaría mal que la revocatoria del esperpento de reforma fuera un quemadero de políticos irresponsables"; Ángela Robledo: "Reforma a la Justicia quedó hecha a la medida de los parapolíticos"; Claudia López: "Congresistas demostraron que no son capaces de auto reformarse decentemente. Parecen banda delincuencial"


También opinaron María Jimena Dusán: "Los liberales se oponían a Uribe porque iba a acabar la carta del 91. Hoy votan la reforma a la justicia que acaba con ella"; Jorge Enrique Robledo: "Si a algo no le teme Santos es al ridículo. Porque sabe que hay una especie de pacto del silencio para perdonarle su autobombo superlativo"; Francisco Santos "¿A alguien le cabe duda alguna que esa conciliación se hizo o con aprobación o con la vista gorda del gobierno?"; Gabriel de las Casas: "A Pablo Escobar, hace 30 años, le hubiera encantado esta Reforma a la Justicia".


La unión hace la fuerza

Una de las características de estos ejemplos tomados al azar es la orientación política tan disímil. En un país tan fragmentando que tanta gente se haya puesto en la misma orilla podía desencadenar en un movimiento telúrico. En otros sensibles casos de la historia reciente el país quedó partido en dos: defensores de Samper vs. conspiradores (como los llamaban con desprecio el entonces presidente durante el Proceso 8.000) o uribistas vs. anti-uribista (durante los frenéticos días de la parapolítica). Ahora, solo en la Casa de Nariño y en Congreso había defensores de la reforma.


En la calle la gente estaba indignada. De hecho, ya había líderes que estaban recogiendo firmas para tumbarla mientras en la red se había creado una plataforma con el mismo objetivo que cada vez sumaba más adeptos (#SeMueveLaContraReforma). Con un simple twitter en menos de 24 horas se había abierto una convocatoria para revocar el acto legislativo con un referendo que esta cobijado por la Red de Veedurías Ciudadanas y el centro de Estudios Constitucionales-Plural.


En estas condiciones, ¿qué otro camino podía tomar Santos? Durante todo el trámite el proyecto fue severamente castigado por los más diversos columnistas y comentaristas de prensa. Sin embargo, el presidente se mantuvo firme al explicar que su objetivo era hacer una reformar para beneficiar al ciudadano de a pie y que él mismo haría la suficiente pedagogía para que se entendieran sus bondades. Pues el tiempo pasó y salió lo que salió.


Sorpresiva decisión

Ahora en pleno descenso de las expectativas económicas, se habla de que invertir 90.000 millones de pesos que constaría el referendo es un gasto marginal comparado con el daño que le hace a la democracia dejar vigente esta reforma. El que más arriesgaba de todos era el presidente Santos. ¿Cuánto le constaría políticamente en caso de haberse mantenido inflexible en la defensa de su reforma? ¿Alcanzó a pensar que en la calle se iba a estar recogiendo firmas justo en el momento en el que él debía definir si le interesa la reelección?


Seguramente sí. Por eso, tan pronto llegó de Brasil Santos objetó la reforma. "Esto es inaceptable para el país y para el Gobierno". Un amplio sector lo aplaudió por tan sorpresiva decisión. El problema es que ahora los congresistas quedaron como los malos de la película y eso no les va a gustar. Así las cosas, ¿cuánto le costará a Santos su objeción a reforma a la Justicia?

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juan manuel santos, politica y sociedad, reforma a la justicia




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