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Grupo Nule: ¿y los casos nacionales?

La Auditoría General les encontró contratos por casi $1,5 billones, en el país.

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Que los Nule pagaran siete años de prisión por embolsillarse recursos públicos de la Fase III de Transmilenio, como decía la sentencia de primera instancia, fue algo que no aceptaron ni la Procuraduría, ni la Contraloría, ni el país, al considerar que no era una sanción digna, ni proporcional al daño que causaron. Por esto, los entes de control apelaron la decisión.

El Tribunal Superior de Bogotá finalmente les dio la razón, al también considerar que era muy poco castigo, y duplicó la pena. Ahora Miguel, Manuel y Guido Nule pagarán casi 15 años de cárcel por el delito de peculado por apropiación. Mauricio Galofre, por su parte, pagará 10 años. Pero el castigo no para ahí. Los magistrados sentenciaron que los polémicos empresarios no podrán volver a contratar con el Estado, ni ocupar cargos públicos, y deberán pagar una multa cercana a los 11 mil millones de pesos cada uno. Cabe recordar que los Nule aún tienen pendiente un juicio por los delitos de cohecho, fraude procesal, falsedad en documento público y concierto para delinquir.

La decisión generó satisfacción entre algunas autoridades como la Contraloría y, de cierta forma, aplaca las voces de los que en Bogotá pedían una pena ejemplar contra los Nule. Sin embargo, no alcanza para silenciar las críticas de los que conocieron los alcances de estos empresarios y que insisten en que la justicia sigue en deuda. La crítica apunta a que los otros multimillonarios contratos que firmaron con entidades nacionales y los que ganaron en su periplo por las regiones siguen sin ser investigados a profundidad, a pesar de que muchos tuvieron el mismo final que los contratos de valorización, malla vial y Fase III de Transmilenio en Bogotá.

Y para dar dimensión a este reclamo basta con mencionar que las autoridades se han concentrado estos años en los 13 contratos que se firmaron en Bogotá por casi $500.000 millones. Sin embargo, éstos representan sólo un 25% de los que alcanzaron a tener los Nule en todo el país. Según un informe de la Auditoría General de la República, hasta el momento se han identificado 30 contratos más con entidades nacionales y 23 con entidades regionales, que podrían sumar casi $1,5 billones.

Una de las pocas investigaciones que apenas avanzan es la de un contrato con Invías para la construcción de la vía Rumichaca-Pasto-Mojarras. La Contraloría Genera adelanta un proceso por un presunto detrimento patrimonial de casi $11.000 millones y recientemente citó a rendir versión libre al actual alto consejero presidencial Alejandro Char y al director del Invías, Carlos Rosado. Junto a ellos también comparecerán los liquidadores de las empresas del grupo Nule.

Ante el reclamo por la falta de investigaciones y la denuncia que hizo el pasado 15 de mayo el contralor de Cundinamarca, Leonardo Rico Rico, sobre un posible detrimento de casi $50.000 millones para el departamento, por cuenta varios contratos de la Gobernación con los Nule, la propia Auditoría General dio un paso adelante en la tarea de hacer un rastreo de los contratos que firmaron los polémicos empresarios en el país.

A través de la circular externa 10 del 17 de mayo de 2012, que conoció El Espectador, el auditor general, Jaime Raúl Ardila Barrera, les pidió a todos los contralores distritales, departamentales y municipales hacer un nuevo rastreo de los contratos que firmaron los Nule en las regiones, para conocer su estado y si se ha adelantado algún tipo de investigación. Además, los conminó a iniciar auditorías para constatar la eficiencia de las acciones de vigilancia frente a los contratos. El consolidado lo deben entregar en 15 días.

“Hasta el momento sabemos que tuvieron contratos en 11 departamentos. En 15 días vamos a saber cuál es el estado real de los contratos. Sabemos que la mayoría de obras no empezaron o están varadas. Se debe aclarar que el caso Nule no es sólo en Bogotá, ni Cundinamarca, sino que toca gran parte del país. Por eso ordenamos a los contralores identificar el detrimento tanto a nivel departamental como municipal y reportar los hallazgos penales a la Fiscalía y los disciplinarios a la Procuraduría”, dijo el auditor.

Los contratos

Aunque se habla de casi 200 contratos de los Nule en todo el país, la Auditoría tiene documentados cerca de 70, incluyendo los de Bogotá y las entidades nacionales, que ameritan una revisión. Éstos podrían alcanzar un monto cercano a los dos billones de pesos, si se tiene en cuenta que algunos siguen generando ganancias, como es el caso del parqueadero del Distrito para vehículos inmovilizados (vigente hasta 2015) y algunos relacionados con empresas de servicios públicos. Para aterrizar esta cifra, con los contratos que obtuvieron los Nule se hubieran podido construir 60 mil de las 100 mil viviendas que regalará el Gobierno.

Llama especialmente la atención que no se conocen avances en investigaciones relacionadas con los 30 contratos con entidades nacionales, que firmaron con el Instituto Nacional de Concesiones (Inco), el Instituto Nacional de Vías (Invías), el Ministerio de Transporte, la Comisión de Regalías del Departamento de Planeación Nacional, la DIAN, el ICBF y Fonade, los cuales suman casi $780 mil millones, mucho más que lo que los Nule ganaron con los contratos del Distrito.

A éstos se suman los 23 que firmaron en departamentos como Valle del Cauca, Cundinamarca, Córdoba, Huila, Norte de Santander, Sucre, Bolívar, Risaralda y Tolima, entre los que se encuentras obras, interventorías, consultorías y saneamiento básico. Aunque se tienen determinados contratos que suman casi $100 mil millones, realmente podrían sumar otros $500 mil millones, ya que entre éstos se encuentran algunos relacionados con el manejo de empresas de servicios públicos, en los que la cuantía es indeterminada.

Y las irregularidades también aparecen. El contralor de Cundinamarca habló de posible detrimento por casi $50.000 millones por algunas obras en municipios del departamento; en el caso de Cali se denunció en su momento el atraso y el incumplimiento de las obras, y en el caso puntual de los contratos que firmó la Corporación Autónoma de Atlántico, tuvieron que contratar a abogados externos para que emitieran un concepto jurídico relacionado con los inconvenientes que se generaron en el contrato y que obligan a su posible cesión.

Todo esto sin dejar de mencionar que en algunas regiones de la Costa, miembros de las autodefensas han señalado a algunos socios de los Nule de haber tenido presuntos vínculos con los paramilitares. Por esta razón, a medida que avanzan los procesos por las irregularidades en los contratos de los Nule en Bogotá, se hace necesario que se adelanten a profundidad las investigaciones frente a los contratos en las regiones y los de los entes nacionales para llegar al fondo de los que estuvieron detrás de este descalabro en contratación.

elespectador.com