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Las insólitas demandas de los destituidos contra el Estado
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Las insólitas demandas de los destituidos contra el Estado
</H1> Demandas de Samuel Moreno, Andrés Felipe Arias e Inocencio Meléndez superan los $900 millones.
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y
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no solo tienen en común estar presos y destituidos como protagonistas de los mayores escándalos de corrupción de los últimos tiempos en el país.
Los tres, además, reclaman supuestos daños económicos por las sanciones que les impuso la Procuraduría después de sendas investigaciones disciplinarias, que además, han avanzado paralelas a las que realizan la Fiscalía y la Contraloría.
Los presuntos daños contra su prestigio de hombres públicos, lo que han gastado en sus defensas y hasta la afectación de su vida privada son los argumentos que han esgrimido para reclamar indemnizaciones. Al tiempo, buscan echar para atrás las sanciones del Ministerio Público.
La demanda más sorprendente es
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quien a pesar de que negoció con la Fiscalía una condena de siete años -se declaró culpable de corrupción-, pretende poner en duda su destitución. Pide que le paguen casi 255 millones de pesos.
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por su lado, reclama 183 millones de pesos por la suspensión que le impidió ejercer los últimos siete meses de la Alcaldía de Bogotá. Uno de sus argumentos es que la negligencia en que incurrió y que le valió la sanción de la Procuraduría, supuestamente, solo podía ser juzgada por sus electores.
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que fue destituido e inhabilitado por 16 años para ocupar cargos públicos y que está siendo juzgado por la Corte Suprema por el escándalo de Agro Ingreso Seguro, pretende que la Procuraduría le pague cerca de 500 millones de pesos.
Eso es lo que valen, según él, sin intereses, las afectaciones que ha tenido en su imagen personal y en su vida de familia. La sanción de la Procuraduría lo sacó de una carrera política que lo tuvo incluso como precandidato del Partido Conservador a la Presidencia. Fiscalía y Contraloría coinciden con el Ministerio Público en que el exministro fue ficha clave en la entrega irregular de subsidios agrícolas a millonarias familias de la Costa.
Estos son los argumentos con los que los tres funcionarios pretenden lograr indemnizaciones.
Andrés F. Arias, exministro pide 500 millones
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pidió hace dos semanas una conciliación con la Procuraduría. Sostiene que ha sufrido daños morales por "el grado de perjuicio emocional y afectación a la reputación pública, por tratarse de un funcionario de alto rango, y teniendo en cuenta la magnitud de la sanción que lo inhabilita para la vida pública por más de dos lustros".
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preso en la Escuela de Caballería, fue destituido e inhabilitado por 16 años. El Ministerio Público considera que fue responsable por las condiciones irregulares con las que se firmaron los convenios que le dieron vida a AIS y que permitieron la entrega irregular de subsidios.
Estima el daño personal en 321.360.000 pesos (600 salarios mínimos), y agrega otros $ 160.680.000 (300 salarios mínimos) para su esposa y su hijo. También quiere que le repongan los 50 millones que gastó en abogados. Dice que no está calculando el costo de intereses y advierte que solo conciliará por la indemnización, no por la sanción, que debe ser revocada.
Samuel Moreno cobra hasta el sueldo que no recibió
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otro que consideró que la sanción de un año que le impuso el procurador Ordóñez hace siete meses por omitir sus deberes en los contratos de obras de la Fase III de TransMilenio, de recuperación de la malla vial de Bogotá y de valorización, además de injusta e ilegal, afectó su proyecto de vida, su imagen política, su relación con los demás y su patrimonio.
Por los mismos hechos, Moreno permanece detenido en la Estación de Carabineros, y a la espera que se reanude su juicio en dos semanas. La indemnización, dicen el exalcalde y sus abogados, debe cubrir los salarios, las prestaciones y todos los beneficios económicos que dejó de percibir durante los siete meses que estuvo fuera del cargo. En total, exige 183 millones de pesos, más los intereses moratorios que se causen. Ataca los argumentos del procurador para sancionarlo y afirma que Ordóñez le impuso la sanción disciplinaria sin ninguna prueba válida.
Según sus conclusiones, el único que tenía derecho a juzgarlo "en cuanto a su negligencia" eran las personas que votaron por él por medio de una revocatoria de su mandato.
Inocencio Meléndez, debieron tener en cuenta colaboración
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de manera libre y espontánea, y en presencia de su defensa, aceptó que la Fiscalía cuenta con los elementos probatorios suficientes para precisar su responsabilidad". El funcionario al que se refería hace nueve meses el fiscal Ricardo González en una audiencia pidiendo su condena por su participación en el escándalo por el carrusel de la contratación en Bogotá ahora quiere tumbar la sanción de la Procuraduría que lo inhabilita 11 años para ocupar cargos públicos por los mismos hechos, alegando que es injusta, pues no se tuvo en cuenta su disposición de colaborar con la justicia.
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