DeNunCianDo - Excentricidades de la justicia le costaron al Estado más de $500.000 millones

Primero fue el carrusel de las pensiones. Ahora el escándalo surge a raíz de una serie de excentricidades en la remodelación de palacios de justicia en Cali, Manizales, Mocoa, Yopal y en el Complejo Judicial de Paloquemao (Bogotá). Irregularidades “suntuosas” e innecesarias que, por sobrecostos, adiciones de obras y presupuestales, le costaron al Estado más de $500.000 millones.
La innecesaria creación de salas para el cambio de togas en los palacios; las exigencias de ascensores con acceso directo a los despachos de los magistrados; los pisos de mármol y las puertas de vidrio grabado, y otra serie de detalles que no causaron algo distinto a inflar las cifras estimadas para las obras, con los consecuentes sobrecostos y demoras que podrían derivar en responsabilidades de tipo disciplinario y fiscal entre miembros del Consejo de la Judicatura.
Situación que generó la apertura de una investigación por responsabilidad fiscal contra algunos magistrados de la Sala Administrativa de la Judicatura pero que tuvo que ser paralizada, junto con la del carrusel de las pensiones, por un fallo de ese mismo tribunal en el que adjudicó la competencia de investigarlos a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y no al órgano de control.
Sin embargo, la decisión del Consejo de Estado de aceptar que la Contraloría es competente para adelantar procesos de responsabilidad fiscal contra magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, dejó la puerta abierta para que la entidad de control consolide una investigación en desarrollo aún más escandalosa, por la sumatoria de errores económicos de la Judicatura entre 2007 y 2011, con un presunto perjuicio al Estado.
Esta historia tiene que ver con un informe de auditoría preparado por Javier Lastra, encargado de la Contraloría Delegada para el Sector Defensa, Justicia y Seguridad, que hace apenas tres meses le hizo saber al Consejo Superior de la Judicatura que, después de evaluar su desempeño en dicho período, son evidentes los incumplimientos para los objetivos del Plan Nacional de Descongestión, y que en obras cruciales para el desempeño de la justicia en varias regiones del país se presentaron atrasos injustificados con detrimento para las finanzas del Estado.
El documento de 114 páginas, que había pasado desapercibido a finales de 2011 y principios de 2012, advierte en principio que el Plan Nacional de Descongestión, que tenía por objeto conjurar la crisis de los despachos judiciales y generar una situación propicia para la implementación gradual del sistema oral, no ha generado ninguno de los resultados propuestos. La situación, dice el documento, evidencia una inversión de recursos carente de planeación y una gestión que la Contraloría no ha dudado en calificar de “ineficaz, ineficiente y antieconómica”.
La Contraloría determinó que ante el fracaso del plan y, evaluada la relación costo-beneficio, la gestión antieconómica llega a los $490.000 millones, “que se configuran en daño patrimonial por cuanto está generando un perjuicio evidente en el cumplimiento de la gestión institucional relacionada con ser garantes de prestación de un servicio público de la justicia”. Una de las auditoras del caso, Constanza Galindo, resumió así el impacto de la mala gestión: “A 31 de diciembre de 2011, se debían haber descongestionado más de 2 millones de procesos, y no va ni el 10%”.
El caso más crítico tiene que ver con los atrasos en los proyectos de inversión en infraestructura para el funcionamiento de las sedes de la Rama Judicial. Según el documento, conocido por El Espectador, se presentaron retardos evidentes, sin causas justificadas, en la adecuación de los palacios de Justicia de Cali, Manizales, Mocoa y Yopal, y en el complejo judicial de Paloquemao, en la capital de la República. El estimado del detrimento patrimonial en estos cinco casos está calculado por la Contraloría General en $93.000 millones.
Tan sólo en el complejo judicial de Paloquemao, si bien se tenía calculado construir siete salas de audiencia con las mejores condiciones frente a los requerimientos de la justicia, se terminaron construyendo 14 que no tienen ni la capacidad ni las condiciones mínimas para atender las necesidades del sector. Esta circunstancia generó un detrimento calculado en $700 millones y una serie de costos indirectos adicionales que encarecieron las obras, afectando notoriamente los recursos públicos.
En términos estadísticos y sin entrar en detalles sobre la ineficaz gestión de la Judicatura entre 2007 y 2011, la Contraloría está documentando 116 hallazgos administrativos, algunos de ellos con connotaciones penales. En algunos casos, resalta el documento, el daño patrimonial causado por las obras inconclusas ha excedido la proyección en costos al 500%. Si bien se advierten responsabilidades de las unidades de planeación, la mayoría de errores son atribuidos a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
En términos generales, el informe de auditoría de la Contraloría detalla uno a uno cómo se cometieron errores en aspectos tales como gastos en arriendos, suspensión de obras, deterioro de los trabajos, asignación de recursos tecnológicos, soportes de pago, entre otros. Un panorama que, en criterio de la Contraloría, lleva a la conclusión parcial de que hubo debilidades en el deber de planeación consagrado en el Estatuto de Contratación y en la prevención de los riesgos por parte de los contratistas. Razón de más para inferir que se trató de una gestión ineficaz, ineficiente y antieconómica.
En conclusión, la investigación que se adelantaba por irregularidades en el nombramiento de magistrados auxiliares en la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para que supuestamente pudieran acceder a beneficios pensionales —y cuyo expediente retornará a la Contraloría por decisión del Consejo de Estado— es, en términos de detrimento patrimonial, muy inferior a la otra investigación que apenas cobra forma en la Contraloría: la de los atrasos en las obras, metas y objetivos del Plan de Descongestión, por cuyos errores ya varios magistrados serán sujetos a cargos por presunta responsabilidad fiscal.