Los invasores de las playas
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Antiguo , 11:28:49   #1
Exclamation Los invasores de las playas Calificación: de 5,00

Un pleito institucional por la construcción de un megaproyecto deja en evidencia que en ocho ciudades del país hay más de 25 mil ocupaciones ilegales de playas públicas.


El sector de Pozos Colorados en el año 2005, cuando no había construcción. / En 2008, cuando se estaba edificando el condominio Sierra Laguna. / En 2012, a la izquierda de Sierra Laguna se construirá Cabo Tortuga I y II.

Uno de los megaproyectos habitacionales más importantes y modernos de la Costa Atlántica está en el limbo. Las posiciones opuestas de la Curaduría Urbana de Santa Marta y de la Dirección General Marítima (Dimar) tienen en veremos la obra. Mientras que la Curaduría ya aprobó la licencia de construcción, la Dimar solicitó revocar la decisión al considerar que se va a edificar en una zona de playa pública, que es de propiedad de la Nación.

Cabo Tortuga es un complejo habitacional privado, ubicado en las afueras de Santa Marta, en el sector Lagos del Dulcino de Pozos Colorados. Son 117 apartamentos con vista al mar Caribe, en dos torres multifamiliares de 13 pisos. Con inversiones cercanas a los $120 mil millones, sus constructores tienen previsto iniciar obras el próximo semestre, generando 3.200 empleos directos. Se estima que estará culminada en 2014.

Todo comenzó el pasado 13 de diciembre de 2011, cuando Alberto de Luque Palencia, curador urbano primero de Santa Marta, le aprobó a la Sociedad Promotora Caribbean International la licencia de construcción de Cabo Tortuga. Según el curador De Luque, no se debe contar con el concepto técnico previo favorable de la Dirección General Marítima (Dimar), en razón a que el lote donde se construirá Cabo Tortuga es privado.

Según planteó el curador De Luque, al otorgar la licencia como argumento adicional que el proyecto no se encuentra en zona de playa, como quiera que en 1992 el Centro de Investigaciones Oceanográficas Hidrográficas conceptuó que el predio está ubicado después del límite de la playa establecido por una línea de vegetación permanente.

La respuesta a la decisión del curador no se hizo esperar. El 20 de diciembre de 2011, el capitán de puerto de Santa Marta, Jorge Enrique Morales, presentó recurso contra la licencia otorgada y pidió revocarla. Su argumento: se fundamenta en que los predios tienen el carácter de bien de uso público y, por naturaleza, pertenece a todos. “No se ha cumplido el trámite correspondiente en atención a que no se solicitó el concepto técnico de la Dimar”, destacó Morales.

Y para reforzar sus argumentos aportó dos conceptos técnicos de septiembre de 2011, derivados de inspección al terreno, su composición y vegetación, y se determinó que es una playa marítima de propiedad pública. Por eso no se puede construir para vivienda. La única opción sería entregarlo en concesión a 20 años, tiempo en el cual debe revertir al Estado.

¿Entonces quién tiene la razón? El caso ya fue reportado a la Procuraduría, pero si se revoca o no la licencia corresponde al propio curador de Santa Marta, Alberto de Luque. De hecho, el jueves venció el término para pronunciarse, pero no lo hizo. Lo cierto es que en este tipo de decisiones ya es frecuente que curadurías, alcaldías, autoridad ambiental y la Dimar difieran en sus determinaciones. El asunto de fondo parece ser que en esta última entidad en muchos casos no se está solicitando su concepto y todo el trámite de la aprobación queda en manos de las curadurías.

Colombia tiene 1.600 kilómetros de costa por el Caribe y 1.300 por el Pacífico. Por eso, en una larga extensión de playas, sus litigios por invasión son inevitables. De hecho, en la autoridad marítima Dimar hay registradas a la fecha 25.792 ocupaciones ilegales sobre los bienes de uso público en las costas.

Son ocho ciudades costeras identificadas con diferentes esquemas de invasión. Por ejemplo, Santa Marta tiene habitantes cuya característica es que construyen quioscos, muelles, espolones y viviendas en zona de playa. Cuyo procedimiento para retirarse de la construcción ilegal se hace a través de la Dimar voluntariamente, de lo contrario por procedimiento policial. En cuanto al sector de gran hotelería y condominios, según registros de la Dimar, se investigan conductas de posible invasión de las playas en Zuana, Playa Dormida, Sierra Laguna y Cabo Tortuga.

Al respecto de estos casos, el capitán Jorge Enrique Morales indicó que: “La autoridad marítima no se opone al desarrollo de una región, hacemos unos pronunciamientos teniendo en cuenta la normatividad vigente, la cual debe ir en concordancia con la gestión de riesgo y la conservación del ecosistema”.

En el caso de Cartagena, se tienen detectados como sectores de invasión de playa algunos condominios, varios edificios, un sector del Hotel Hilton, la zona de “Blas El Teso”, La Boquilla y las partes aledañas al Hotel de Las Américas. En Barranquilla predominan las invasiones a través de restaurantes. Las autoridades marítimas también tienen identificado a Coveñas y sitios cercanos al Golfo de Morrosquillo, en invasiones a través de pequeñas viviendas y cabañas cerca de la playa.

En la zona de Puerto Bolívar y Bahía Portete, en el departamento de La Guajira, la invasión a las playas corre por cuenta de los indígenas locales. Los 48 casos que aparecen reportados en las cifras oficiales se explican por un asunto cultural, ya que los aborígenes ven las playas como propias.

Con referencia al municipio de Bahía Solano y Tribugá, la invasión se está dando por gente de otras regiones del país y algunos extranjeros que en los últimos años buscan establecerse por tratarse de un sitio diverso y con un gran paisaje.

En los municipios de Buenaventura y Tumaco, la realidad es bien diferente. Allí se concentra la mayor parte de invasiones, un asunto asociado con la pobreza. Según los expertos, se trata de construcciones palafíticas, es decir, edificaciones realizadas sobre el agua, en zonas anegables, de bajamar o sostenidas por varios postes de madera. En este caso otro experto señala que son edificaciones de fácil afectación, en razón a que por estar ubicados en la Costa Pacífica son susceptibles a fuertes vientos, cambios de marea y muy vulnerables a tsumanis, como el que sucedió en Tumaco en 1979.

Al respecto de la invasión de las playas en el país, el almirante Ernesto Durán, director de la Dimar, ha expresado que: “La Dirección Marítima está atenta a las diferentes denuncias con el fin de realizar las investigaciones que sean correspondientes y, en caso de que existan irregularidades, les solicita a las autoridades realizar las restituciones”.

La invasión de playas se da por la hotelería en algunas grandes cadenas o en exclusivos condominios. En otras situaciones derivadas de la pobreza de la población. El caso de Cabo Tortuga está a punto de resolverse, pero en el fondo y pese a los esfuerzos de las autoridades marítimas, en los otros casos, más de 25 mil, resulta casi imposible recuperar las playas que son un patrimonio de todos.

El polémico negocio de Cartagena

El caso más sonado de los últimos tiempos en Colombia por la venta de playas derivó en acciones de la Fiscalía contra la exalcaldesa de Cartagena Judith Pinedo y otros funcionarios. El asunto se originó a comienzos de su administración, cuando vendió al hotel Dann un lote de 240 metros con playa por $200 millones.

Al considerar que la referida negociación fue presuntamente irregular, en agosto de 2011 la Fiscalía acusó a la exalcaldesa Pinedo, a la exsecretaria de Hacienda Vivian Eljaiek y a cuatro personas más. Según el ente acusador, la exfuncionaria pudo incurrir en los presuntos delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y celebración indebida de contratos. En su momento la defensa de Pinedo explicó que la negociación se hizo con una escritura de 1999 que reconoció como baldío el “Polígono de Las Velas”. Luego se vendió y el conflicto de criterios sobre si era un baldío o público se convirtió en el eje del caso. El proceso continúa.

El megaproyecto de Santa Marta

En mayo de 2008, cuando se construían dos torres de apartamentos del condominio Sierra Laguna, con un valor estimado de $40 mil millones, surgió un debate jurídico en torno a si la obra se estaba construyendo en zona de playa.

Inicialmente la Dimar expidió una resolución mediante la cual dio concepto negativo a la construcción del megaproyecto. Sin embargo, los constructores de la obra expresaron que un año antes la Secretaría de Planeación de Santa Marta había dado el visto bueno.

Cuando se presentó el debate, la obra estaba construida en un 70%. Al año siguiente se empezaron a vender los apartamentos y la inauguración fue meses después. Hoy es uno de los lugares más lujosos en Pozos Colorados.


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Predeterminado Respuesta: Los invasores de las playas

en el colombiano esto tuviera por titulo:

terroristas mobiliarios! reves de la confianza inversionista

pakirris no está en línea   Responder Citando
Antiguo 18-03-2012 , 19:44:22   #3
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cartagena, costa atlantica, invasores, megaproyecto, playas, santa marta

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