Hidroelectrica el QUIMBO desastre natural y social

Amor al río. Cientos de huilenses que creyeron en los anuncios gubernamentales al aceptar la instalación de diversas mesas de trabajo para “discutir” la problemática desprendida del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, una vez burlados en su confianza y dignidad, de nuevo se movilizaron ante el anuncio que confirmaba el desvío del río Magdalena para el pasado 14 de febrero. Sin pensarlo dos veces, con todo ahinco, reiniciaron el Paro Regional por la Defensa del Territorio.


Quieren río sin gente


La reactivación del paro se inicia con el llamado a concentrarse a orillas del río Magdalena para evitar su desviación por un túnel de aproximadamente 800 metros. Esta desviación estaba programada por parte de la empresa para los días 8 y 9 de febrero y tenía como objetivo comenzar las obras correspondientes al punto donde necesitan interrumpir el río para construir la hidroeléctrica. Llegada la fecha, los representantes de la protesta son llamados a reunirse en Bogotá con el Ministerio del Interior para discutir la situación, de cuyas deliberaciones surge un preacuerdo para presentárselo al Ministerio del Medio Ambiente, quien no se compromete con el mismo y tampoco adelanta la convocatoria a la audiencia pública acordada desde el 18 de enero.

En el preacuerdo se le solicita al Ministerio del Medio Ambiente: actualizar el censo realizado; identificar los impactos de índole socio-económica, cultural y ambiental; establecer las compensaciones, realizar los estudios, y hacer seguimiento y control. De ser aceptadas las peticiones, Asoquimbo se compromete con el retiro de los manifestantes de la orilla del río para el normal desarrollo de las obras, en la medida en que la empresa garantice el mínimo vital de las comunidades mientras se establecen (en caso de la comunidades aprobar la obra) las condiciones definitivas de reasentamiento y compensaciones. La licencia que otorgó el gobierno de Uribe se pasó por la faja la realización seria de estos cinco puntos.
El silencio del Ministerio va de la mano con la orden de desalojo programada por parte de la Alcaldía de Paicol para el martes 14 de febrero, en razón de que la empresa solicitó amparo policivo por considerar que los pescadores estaban invadiendo la margen del río.


El Ministerio le tiene miedo a la Audiencia Ambiental


El día 25 de enero, cuando comenzaron las mesas temáticas, el Ministerio rompe el acuerdo con el argumento que una parte de los manifestantes no se había retirado y se mantenían concnetrados sobre la margen del río. Es necesario aclarar que estos manifestantes ya no están haciendo bloqueo a la entrada de las obras y muchos de ellos son pescadores que trabajan en esta zona.

A pesar de las dificultades, las siete mesas instaladas (pescadores, campesina, transportadores y mineros, ambiental, vías y de evaluación) se desarrollan con la presencia de funcionarios asignados de los Ministerios de Agricultura y Trabajo, el ICA y el Incoder, y se sumaron la Contraloría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. El desarrollo de estas mesas contaron con la presencia de aproximadamente 3.000 personas y sus resultados concluyeron que en la región se vive una crisis humanitaria generada por el megaproyecto El Quimbo.

Pese a esto, el Ministerio del Medio Ambiente no procedió con el aval para la realización de una Audiencia Pública Ambiental, debate que es necesario encarar porque la actual licencia y el comienzo del proyecto fueron impuestos por el gobierno de Uribe de manera irregular, proceso que hasta ahora no ha sido replanteado por la administración de Santos.


¿Quién es el invasor?


¿La empresa española Endesa Emgesa o los pescadores que históricamente han permanecido en este territorio? Ante el hecho de calificar a los pescadores de invasores por permanecer en la margen del río, Asoquimbo solicitó amparo policivo a los bienes de uso público, con fundamento en la Ley 1242 de 2008, que declara como bien de uso público una franja de terreno que se extiende 30 metros por cada lado del cauce de los ríos de la nación; y la Ley 13 de 1990, que reconoce la actividad pesquera como de utilidad pública e interés social. En la misma solicitud se exige que se esclarezca el uso abusivo de la margen del río Magdalena y las invasiones a los bienes de uso público de la nación por parte de la empresa Engesa S.A.