DeNunCianDo - "Siguen robándose recursos en salud": Contraloría

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La contralora Sandra Morelli dice que “hasta el momento no tenemos pruebas concretas de corrupción de funcionarios en cohecho o concusión”.

Los problemas con las EPS del país parecen no acabar. De acuerdo con la contralora general de la República, Sandra Morelli, hay nuevas investigaciones con juicio de responsabilidad fiscal e implicaciones penales en el sector de la salud. Asegura que grandes cajas de compensación familiar están involucradas en las mismas prácticas de corrupción en el sistema.

Le presentó usted a la Corte Constitucional un panorama de la salud muy preocupante. ¿Qué es lo que plantea ese informe en términos de investigaciones?

Lo que resulta de las investigaciones, tanto forenses como académicas, es que existen en el sistema una serie de falencias que son propicias para que los recursos de la salud se desvíen, se apliquen a fines diferentes a los que están previstos o, por el contrario, que se deba inyectar un porcentaje o una cuantía muy superior de recursos para prestar el servicio.

La gran conclusión es que se requiere un sistema de controles preventivos más eficaz, agudo e incisivo; además, un comportamiento jurídico ortodoxo y respetuoso de la ley por parte de los operadores y administrativos, llámense superintendencias, comisiones de regulación, etcétera. En lo que respecta a la Contraloría, se necesita una acción decidida para establecer quiénes son los responsables y se puedan recuperar los recursos que se han desviado o apropiado indebidamente, montos que son impactantes para el sistema.

¿De cuánta plata estamos hablando?

La ministra de Salud, Beatriz Londoño, habló de inconsistencias, un término muy bien pensado, pero para ser más concretos, de sobrecostos en medicamentos de un billón de pesos sólo el año pasado. Apliquémosles esa medida a varios factores que contribuyen a incrementar los costos de salud, es decir, estamos hablando de billones.

¿Esta es la misma denuncia que hizo el presidente cuando anunció las intervenciones de EPS o estamos hablando de que esto sigue ocurriendo en el país?

Sigue ocurriendo, incluso respecto a entidades que están intervenidas.

¿Cuáles son los mecanismos que usan para desviar los recursos?

Primero tenemos el que todo el país conoció, que es el tema de los recobros; este es casi de los penúltimos eslabones del sistema. Muy probablemente muchos de los recobros que el Fosyga se ha visto obligado a pagar hacen referencia a cifras que son 5, 10, 15 o 50 veces superiores a lo que costaba ese medicamento o ese servicio que en muchos casos estaba incluido en el POS, pero basta cambiar el nombre o hacerle una presentación distinta para asumir que se puede recobrar al sistema. A eso agreguémosle que estamos hablando de sujetos que tienen la medicina prepagada y de rubros que muy posiblemente debían asumirse por esa vía. Así la EPS recibe el recurso de la medicina prepagada, no afecta al régimen contributivo y logra que se le cargue al POS un monto que supera cinco o seis veces el valor real. Tenemos casos de doble listado de pacientes, donde los hombres se vuelven mujeres porque éstas son más costosas para el sistema.

¿O sea que están afiliando a personas fantasmas?

Sí, y en muchos casos los hombres se hacen pasar por mujeres porque la UPC (Unidad de Pago por Capitación) es mayor. Está también el tema de la UPC para adultos mayores, donde se está reportando inflado el número de pacientes.

¿Cuáles son las entidades que están haciendo esto?

No lo puedo decir, porque todas están en investigación fiscal.

¿Cuántas investigaciones hay?

La Contraloría tiene investigaciones en este momento de siete EPS y están cerca de abrirse el doble o, eventualmente, el triple.

¿Hay EPS internacionales vinculadas a esto?

Sí, hay EPS que funcionan fuera del país y que han sido constituidas para atender a los colombianos con la plata pública de la salud por vía de interpretaciones laxas o sencillamente manipulaciones contables o de comportamiento fraudulento. Éstas terminan siendo aplicadas en inversiones personales de algunos administradores de EPS y de cooperativas.

¿Las investigaciones involucran también a servidores públicos?

Hasta el momento no tenemos pruebas concretas de corrupción de funcionarios en cohecho o concusión. Lo que sabemos es que se ha creado un estado de tolerancia y miedo a que el sistema colapse, lo que sigue permitiendo que la fuga de recursos sea grande. No se requiere necesariamente una reforma legislativa, sólo puntos muy concretos. Por ejemplo, nosotros no podemos seguir actualizando financieramente la UPC, tenemos que hacer un análisis de costo y que todo esté científicamente sustentado. Para la Contraloría es claro que la UPC está sobredimensionada.

¿Ha hablado con el Gobierno de este tema?

Sí, la ministra de Salud lo tiene claro. El anterior ministro lo tenía claro, el superintendente lo tiene claro. Lo que falta es saber cuánto nos vale el sistema. Lo segundo es la información, no podemos seguir con estas lógicas donde el operador privado es el dueño de la información y el Estado no sabe nada. Esto no se soluciona de la noche a la mañana, pero sí tiene que ser una política prioritaria de seguridad nacional. Los recursos se nos van a seguir perdiendo porque hay gente experta en aprovechar las falencias del sistema.

¿Qué es lo más difícil en estas investigaciones?

Que hay personas no sólo en el sector de la salud especializadas en penetrar las altas esferas del Estado. Y no lo hacen por la vía tradicional, sino por vías refinadas, buscando contratar a esposas o a maridos que ocupan cargos de particular importancia, o bien para que se declaren impedidos, o bien para hacer parecer que todos están dentro de la misma sopa. Cuando uno encuentra determinados operadores de recursos públicos, que tienen relaciones cercanas laborales, económicas, políticas, afectivas, sociales, con estamentos responsables de tomar decisiones relevantes, hay que razonar de otra forma. Aquí lo que hay es un especialista que trata de minar la libertad de decisión de las distintas esferas del Estado y como nadie tiene la posibilidad de ver eso conjuntamente, pues se administra mediante la vía de los impedimentos y las recusaciones.

¿Estamos hablando de personas vinculadas a SaludCoop, con el Estado, con el Gobierno?

Podría ser un ejemplo, pero hay muchos otros. Hay conductas que deliberadamente tienen una estrategia de sumir al Estado en una red que le haga muy difícil su actuación. Ya no es una casualidad que resulten personas que están casadas con la prima o que se encontraron en un coctel.

¿Me puede mencionar casos concretos?

No puedo, pero hay muchos casos no sólo en salud, donde uno nota que hay una “mente” detrás haciendo un diseño, porque es demasiada perfecta la forma en la que logran llegar a quienes toman grandes decisiones. Entonces hay que mirarlo desde otra óptica, no es un tema de que fulano asesoró y que se declare impedido. No, esto es que ni fulano ni zutano saben que en realidad están siendo víctimas de una red deliberada, para minarle la libertad de su decisión.

El caso de las cajas de compensación

¿Las cajas de compensación familiar están involucradas en esta cadena de corrupción?

Hay algunas que tienen problemas parecidos o iguales. En estos casos hay aspectos adicionales relacionados con autoabastecimiento de medicamentos u otros servicios por fuera de las reglas de la libre competencia. Esto propicia un incremento de costos que de otra manera tendrían que ser distintos o sometidos al mercado de la oferta y la demanda.

¿Estamos hablando de las grandes cajas de compensación, como Cafam y Colsubsidio?

Eso también está sometido a reserva. Es importante subrayar que hay unos casos que son de corrupción y otros de tolerancia de desvío, pero las dos conductas generan daño fiscal.

¿Podrían estar comprometiendo la plata del subsidio familiar?

Eso podría suceder eventualmente.

¿Y tienen investigaciones de juicio fiscal abiertas?

Sí, y en muchos casos la Contraloría espera que al percatarse de las investigaciones hagan las reversiones. En ocasiones no es sino cambiar de pronto la titularidad. Por ejemplo, si han comprado activos con plata del sistema, pues que ese activo no quede a nombre de la EPS.

Los procesos de la Contraloría

Actualmente, en la Contraloría General hay dos procesos fiscales abiertos (SaludCoop y Famisanar). También hay cuatro investigaciones preliminares pendientes de cierre o pendientes de la apertura de proceso formal (Sánitas, Coomeva, Caprecom y recursos de régimen subsidiado en más de 70 municipios del país). Además existen seis indagaciones pendientes por abrir.

En el caso de las EPS, las investigaciones adelantadas por la Contraloría están relacionadas con casos de peculado, concierto para delinquir y lavado, entre otros.

Mañana se realizará la audiencia pública contra Famisanar EPS y Cafam. Debido a los hallazgos preliminares, se compulsaron copias para determinar si se abren más investigaciones.

El Espectador